La credibilidad y la viabilidad de la democracia dependen de la confianza que tiene la ciudadanía respecto de sus gobernantes y representantes populares; y ésta a su vez depende directamente de la eficacia y pertinencia de las políticas públicas, así como de la transparencia y capacidad de rendición de cuentas sobre qué se hace con el dinero y los recursos públicos
En nuestro país se cuenta, desde mayo de 2015, con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, como el instrumento jurídico que obliga a todos los órdenes y niveles de gobierno a asumir hasta sus últimas consecuencias el principio de la Máxima Publicidad de la información que tiene el Estado mexicano en su poder, y el cual responde al mandato constitucional de garantizar y salvaguardar el derecho a la información que todos los mexicanos tenemos.
A la fecha, los avances relacionados con la materialización del marco normativo incluyen la instalación del Sistema Nacional de Transparencia y la promulgación del Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información 2017-2021, lo cual, aunado a la instalación del Sistema Nacional Anticorrupción y la reciente promulgación de la Ley General de Archivos buscan garantizar la solidez del Estado mexicano en materia de transparencia, acceso a la información pública, rendición de cuentas y gestión documental y archivística.
Pese a ello, los resultados de la Encuesta Nacional de Percepción Ciudadana, presentada por el INAI en noviembre del año pasado, revelaron que únicamente 7% de las personas entrevistadas han hecho solicitudes de información y que 7 de cada 10 personas entrevistadas tienen muy poca o nada de confianza respecto de la información que se puede obtener del poder legislativo, ejecutivo o judicial de nuestro país. Además, 52% de las personas desconocen que en México tenemos leyes en materia de transparencia y acceso a la información y cerca del 40% no conoce ni ha oído hablar del INAI.
Adicionalmente, el Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 2017 revela que al cierre de 2016, los órganos encargados de garantizar el derecho de acceso a la información en el país admitieron 20 mil 559 recursos de revisión, principalmente por falta de respuesta a una solicitud en los plazos establecidos, entrega de información incompleta o que no corresponde con lo solicitado, y por declaración de inexistencia de la información.
Todos estos datos no hacen más que evidenciar los retos a los que deberá enfrentarse el nuevo gobierno. Sin duda, urge hacer mucho más y más rápido en la construcción de un Estado que tiene como premisa fundamental la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas en todo su aparato institucional, y desde luego, en todos los órdenes y niveles del gobierno.
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