Pensar en la cuestión indígena en México remonta, casi de manera automática, a la discusión generada en torno a uno de los más grandes genocidios de la historia, perpetrado a través de la colonización y sometimiento de América. En ese sentido, aparecen de inmediato los nombres de Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda, quienes sobresalieron como las principales figuras históricas en uno y otro lado del debate.
La tesis de Ginés de Sepúlveda, vil desde entonces y hasta ahora, sostenía que “los naturales de estas tierras” carecían de un alma racional. Partiendo de la teoría aristotélica de la naturaleza de las almas, este siniestro personaje sostenía que en todo caso los “aborígenes” tenían un alma esclava que justificaba su sometimiento.
Por otra parte, el argumento central de Bartolomé de las Casas partía del carácter universal con que debe ser asumida la Iglesia de Cristo; esto es, que la cristiandad es Una y, por lo tanto, “los naturales de estas tierras” debían ser también considerados como originariamente cristianos, pero sin conocer aún la gracia del bautismo y la “buena nueva” del Evangelio.
Hay un tercer nombre que aparece alrededor de 100 años después de la famosa “Disputa de Valladolid”, el cual fue, por razones políticas, deliberadamente ocultado por distintas facciones durante la Colonia, y posteriormente poco estudiado en torno a los problemas de entonces, pero también de ahora, en lo relativo a la desigualdad, la pobreza y el sometimiento de los “diferentes”. Me refiero a Juan Zapata y Sandoval.
Este clérigo, formado primero como agustino y después consolidado como franciscano, fue obispo de Chiapas y posteriormente de Guatemala y, debido a su prestigio académico y político, fue nombrado asesor de la Corona para asuntos relativos a la cuestión indígena en el país. Su texto de referencia se titula “De la justicia distributiva y de la acepción de personas”.
En este texto hay un sinfín de argumentos jurídicos, teológicos y filosóficos por los que se evidencia el conjunto de injusticias en que estaba incurriendo la Corona Española respecto de la exclusión, el sometimiento y la explotación de las poblaciones indígenas de la Nueva España.
Juan Zapata y Sandoval sostiene que la acepción de personas consiste en favorecer arbitrariamente a unas personas sobre otras. En ese sentido, favorecer a los españoles sobre los criollos, y a españoles, criollos y mestizos por sobre las personas indígenas constituía —y constituye— un claro ejercicio de injusticia, de iniquidad y de actitud pecaminosa, pues, al existir igualdad natural entre todos los hijos de la cristiandad, nada justifica la marginación y la exclusión de los desposeídos.
A ello habría que agregar el hecho de que los pueblos indígenas eran -y siguen siendo- sometidos al despojo de sus tierras, de sus lenguas, de sus costumbres y tradiciones; y que todo ello se colocaba en el sentido opuesto de los mandatos fundamentales del Evangelio.
Después de 500 años, Chiapas es el estado con mayor porcentaje de personas pobres en México, y la inmensa mayoría de ellas son hablantes de lenguas indígenas. En efecto, los datos oficiales muestran que en esas tierras 74 de cada 100 son pobres y viven en angustiosas condiciones de carencia por privación de acceso a la garantía de sus derechos fundamentales.
El 16 de febrero se cumplen 20 años de la firma de los Acuerdos de San Andrés y, justo un día antes, el papa Francisco estará en la misma Catedral en donde fueron signados; un hecho de una relevancia simbólica y política mayor, aun cuando se insista que la visita del Pontífice es estrictamente pastoral.
El Papa, otro franciscano, estará en la tierra de dos de los más prominentes defensores de los derechos de las personas indígenas; su discurso removerá viejas heridas que todavía no cierran, pues, como lo diría Galeano, estará frente a uno de los ejemplos paradigmáticos de lo que siguen siendo las venas abiertas de América Latina.
@saularellano
Artículo publicado originalemte en “la La Crónica de Hoy” el 11 de febrero del 2016
