La UNAM enfrenta de manera constante y reiterada amenazas de distinta índole, tanto por grupos internos, como externos, que buscan, ya bien paralizarla en su capacidad crítica del poder; utilizarla para fines políticos perversos, ajenos totalmente a su quehacer esencial; o incluso, dañarla estructuralmente a tal grado, que el proyecto de educación pública que representa quede a tal grado desacreditado, que se dé paso a una educación pública superior predominantemente privada.
Sigue al autor Dr. Saúl Arellano en Twitter: @saularellano
La funesta huelga de 1999 es uno de los más claros ejemplos de la capacidad dañina de grupos sectarios enquistados en la Universidad, que aprovechan agendas legítimas para luego, con triquiñuelas, y en no pocas ocasiones actos de violencia, “apropiarse de los movimientos” y utilizarlos para sus fines e intereses.
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La demanda que ha dado origen a la movilización estudiantil es sin duda legítima: garantizar que todas y todos los profesores adjuntos y de asignatura reciban el pago que se les adeuda. Nadie, en su sano juicio, podría estar en contra de ello. Sin embargo, la pregunta es si, en las condiciones del país y de la propia Universidad, un paro es una medida pertinente; más aún cuando, como siempre, se tomó con base en asambleas poco o nada representativas, sin controles y de forma francamente excluyente de quienes no piensan como sus organizadores.
Otra consideración al respecto es que el paro profundiza las desigualdades intra universitarias. Hay miles de estudiantes que no tienen la posibilidad de asistir a clases, ni en la modalidad virtual; y que, en otros miles de casos, las familias han hecho enormes esfuerzos para conseguir tabletas o computadoras o pagar acceso a internet, a fin de que sus hijas e hijos puedan recuperar el tiempo perdido. Sabotear las clases virtuales es desde esa óptica, un despropósito.
Nadie entre las y los promotores del paro, ha demostrado hasta ahora que detener las clases en la UNAM beneficia más que mantenerla abierta. Sobre todo, porque el adeudo que se tiene con las y los profesores no es una condición generalizada; porque no se trata de una política institucional de “no pago”; y porque en todo momento se ha mantenido un proceso de información sobre los avances administrativos.
No debe olvidarse que la Universidad está trabajando en condiciones de suma precariedad; casi exclusivamente con personal de confianza y de manera remota. Esto no justifica el no pago; pero sí lo pone en contexto, y podría incluso poner a debate un conjunto de procedimientos administrativos de la UNAM, que deberían digitalizarse para hacerse más eficientes.
¿Quiénes y por qué en este momento, en medio del proceso electoral, se decide que es preferible parar actividades, que mantener las aulas (en este caso virtuales) funcionando? Esa es la cuestión.
Quiero dejar claro que tengo el privilegio de ser profesor de la FCPyS, y que me encuentro entre quienes se les adeuda (para que no se me acuse de “poco solidario”); pero estoy convencido que se trata de un problema administrativo detonado por la compleja pandemia por la que atravesamos; que no es de mala fe; y, que es preferible continuar dando clases, a fin de no limitar o de plano negar el derecho a la educación de quienes no tienen tiempo para el activismo porque tienen que trabajar y estudiar, por citar uno solo de los ejemplos.
La cuestión puede plantearse incluso desde una perspectiva paretiana: si se paran las clases, el trámite administrativo continúa, hay garantía de pago de las autoridades, pero se cancela la posibilidad de aprendizaje de quienes no están de acuerdo; si no se para, el trámite administrativo continúa, hay garantía de pago, pero no se cancela el derecho a la educación de quienes están en desacuerdo. Visto así, no hay siquiera dilema qué plantear.
En la Universidad concurren muchas de las y los mejores investigadores, profesores y estudiantes del país; pero también intereses poco claros, mezquinos y en ocasiones hasta perversos. Ojalá que no sean esos los que están detrás de este nuevo y extraño movimiento.
Investigador del PUED-UNAM
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Qué fácil decir que a usted tampoco le han pagado, le faltó mencionar que esos ingresos representan menos del 20% del total de sus ingresos, que para usted no son determinantes para su economía familiar, cosa contraria para la mayoría de los profesor de asignatura y sus ayudantes, entonces sí es usted poco solidario.
¡Deje de mentirle a la audiencia! Los problemas de pago datan de hace muchos años. Es una situación que se había normalizado y que gracias a la pandemia estalló en definitiva.
¿A quién quiere usted engañar diciendo que “es por culpa de la pandemia”? Investigue e infórmese al respecto. Esto no es reciente, lleva más de una década ocurriendo.