La pandemia de la COVID19 y la emergencia económica que se profundizó en México a partir de marzo de 2020, han tenido efectos de gran magnitud en los indicadores sociales de nuestro país, mismos que deben ser analizados e interpretados en clave con la demografía, a fin de dimensionar adecuadamente la complejidad y multifactorialidad de los problemas que tenemos el reto de resolver en los próximos meses y años.
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El primer indicador que habrá de tener un impacto relevante es el relativo al PIB per cápita: En efecto, el hecho de que en el 2019 la economía tuvo un crecimiento negativo de -0.1% y que en 2020 el desplome haya sido de -8.5%, y que en ambos años la población haya continuado creciendo, genera en automático una disminución del indicador citado en el país.
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Por otro lado, es importante considerar que México tendrá en 2020 y 2021 los años con mayor mortandad en su historia, pues en el primero, de acuerdo con las cifras preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, hubo al menos 1,080,000 defunciones; mientras que, de acuerdo con los datos preliminares de la Secretaría de Salud, hasta la semana epidemiológica 35, es decir, hasta el 4 de septiembre, se tenía una suma acumulada de 729,450 defunciones, es decir, un promedio de 243,150 por trimestre.
Es un hecho que el último trimestre del año, en la medida en que avanza el otoño y se aproxima la temporada invernal, las defunciones por enfermedades respiratorias de incrementan de manera significativa, por lo que no es esperable una reducción en la tendencia de los últimos meses; lo que implica que en este 2021, podríamos llegar a un aproximado de 972 mil defunciones o más, dependiendo del avance en la vacunación contra la COVID19 y un eventual efectivo control de la pandemia.
Uno de los efectos que ya la comunidad de expertos está adelantando, es una posible pérdida en la esperanza de vida al nacer, pues de manera simultánea, el número anual de homicidios no se ha reducido, como tampoco lo ha hecho la mortalidad violenta, la cual se da en los grupos de edad más jóvenes; al sumarse esto con la mortalidad de población adulta y adulta mayor, es altamente probable que en México se registre también un retroceso en ese indicador.
Por otro lado, el INEGI ha documentado un muy importante descenso en el registro de nacimientos en el año 2019 y 2020. En efecto, en el primero de estos años, se había registrado la más baja cantidad de niñas y niños nacidos vivos en el país, con una cifra de 2.092 millones; sin embargo, en el 2020, la cifra se redujo a 1.62 millones, es decir alrededor de 472 mil registros menos que el año previo, lo cual significa una disminución porcentual de 22.1% respecto del año previo.
Asimismo, en 2020 se registraron 93,341 niñas y niños cuyas madres tenían entre 10 y 17 años al momento del nacimiento, es decir, el 5.6% del total de los nacimientos registrados el año pasado. Sin embargo, si el indicador se estima par el grupo de 15 a 19 años de edad de la madre, el porcentaje de nacimientos registrados se incrementa a 14.4%.
A todo lo anterior, debe sumarse la acelerada transformación de los flujos migratorios, respecto de la cual aún puede afirmarse que en los dos últimos años han llegado a vivir al país miles de personas, la mayoría en situación migratoria irregular, lo que dificulta el diseño de políticas y programas apegados a estándares aceptables de derechos humanos.
Estos datos permiten poner en perspectiva los dilemas que, de forma estructural, el país debe procesar y desde luego, atender con prontitud, eficacia y pertinencia; porque de otro modo, por más que en los discursos oficiales en todos los órdenes de gobierno, de plantee que se va por un buen rumbo, lo cierto es que la deriva es cada vez más evidente, y la urgencia cada vez más apremiante.
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Investigador del PUED-UNAM
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