por Mario Luis Fuentes
El Plan Nacional de Desarrollo, 2013-2018, reconoce que los derechos sociales son parte esencial de los derechos humanos. Desde esta perspectiva la magnitud de los retos es enorme: hay más de 52 millones de pobres; 28 millones enfrentan carencia por alimentación; el rezago de viviendas supera las 650 mil; hay 2.5 millones de desempleados; 18 millones de personas carecen de servicios en sus viviendas; mientras que 32 millones se encuentran en rezago educativo.
El día de ayer fue presentado por el Presidente de la República el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Este documento es de la mayor relevancia porque establece los lineamientos, las estrategias y las acciones que el Gobierno Federal deberá desarrollar los próximos cinco años a fin de dar cumplimiento al mandato constitucional de generar desarrollo y garantizar el bienestar social de la población.
El PND está articulado a través de cinco ejes: a) México en paz; b) México incluyente; c) México con educación de calidad; d) México próspero; y e) México con responsabilidad global.
El Plan cuenta además con tres ejes que son considerados como “transversales”: a) democratizar la productividad; b) un Gobierno cercano y moderno; y c) perspectiva de género.
El primero de los ejes, titulado “México en paz”; incluye nueve subtemas, entre los que se incluye el relativo a los Derechos Humanos. En este tema el PND establece que: “A pesar de los esfuerzos realizados por las instancias competentes en el tema, no se ha logrado revertir el número de violaciones que persisten en muchos ámbitos de los derechos humanos.”
Asimismo, se sostiene que: “Uno de los avances más importantes en esta materia lo constituye la Reforma Constitucional en Derechos Humanos y la referente al Juicio de Amparo, que incorporaron a nuestro marco jurídico nuevos principios de respeto y exigibilidad para dichos derechos. Este nuevo marco constitucional tiene una potencialidad transformadora que servirá de base para la promoción de la política de Estado en la materia. Por ello, un aspecto central para la promoción de la política de derechos humanos es impulsar su implementación”.
Los ejes para la acción:
De acuerdo con el PND, la estrategia en la que se enmarca el tema de los derechos humanos lleva por título: “Garantizar el respeto y protección de los derechos humanos y la erradicación de la discriminación”, en el marco de la cual se plantea la instrumentación de una Política de Estado, y para lo cual se deberá:
a) Establecer un programa dirigido a la promoción y defensa de los derechos humanos, incluyendo los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales.
b)Promover la implementación de los principios constitucionales en materia de reconocimiento y protección de derechos humanos.
c)Promover mecanismos de coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para lograr mayor incidencia en las políticas públicas de derechos humanos.
d) Establecer mecanismos de colaboración para promover políticas públicas de derechos humanos con todas las autoridades del país.
e) Promover adecuaciones al ordenamiento jurídico nacional para fortalecer el marco de protección y defensa de los derechos humanos.
f) Generar información que favorezca la localización de personas desaparecidas.
g) Actualizar, sensibilizar y estandarizar los niveles de conocimiento y práctica de los servidores públicos federales en materia de derechos humanos.
h) Promover acciones para la difusión del conocimiento y práctica de los derechos humanos.
i) Promover los protocolos de respeto a los derechos humanos en la actuación de las Fuerzas Armadas y las policías de todo el país.
j) Dar cumplimiento a las recomendaciones y sentencias de los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, y promover una política pública de prevención a violaciones de derechos humanos.
k) Impulsar la inclusión de los derechos humanos en los contenidos educativos a nivel nacional.
l) Fortalecer los mecanismos de protección de defensores de derechos humanos y de periodistas.
El gran reto está en lo social
El inciso a) de la estrategia establecida para el cumplimiento de los derechos humanos incluye acertadamente a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
En consonancia con lo anterior, debe decirse que a cada uno de estos ámbitos de derechos sociales les corresponden garantías específicas, que pueden resumirse en lo siguiente:
I. Los derechos económicos. Dentro de éstos se encuentra básicamente el derecho a tener un empleo digno y, en la vejez, una pensión suficiente para garantizar el acceso a un adecuado nivel de calidad de vida. Actualmente hay 2.5 millones de personas en condiciones de desocupación; prácticamente el 60% de quienes trabajan lo hacen en el sector informal; mientras que casi el 40% de los trabajadores perciben ingresos por debajo de dos salarios mínimos.
II. Los derechos sociales. De acuerdo con la nueva redacción del Artículo 1º Constitucional, el primero de estos derechos sería el relativo a No ser pobre; esto significa un enorme reto para la actual administración, pues, según los datos oficiales, hay más de 52 millones de personas en pobreza; y prácticamente 12 millones en condiciones de pobreza extrema, de los cuales, el 60% son menores de 18 años.
Debe considerarse que la Ley General de Desarrollo Social establece en su Artículo 6º que los derechos para el desarrollo social son: la educación, la salud, la alimentación, la vivienda, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad social y los relativos a la no discriminación.
En consonancia con lo anterior debe dimensionarse la magnitud del reto del presente gobierno, pues, según los datos oficiales, hay 32 millones de personas mayores de 15 años en rezago educativo, y de ellas, casi 6 millones son analfabetas. Asimismo, hay casi 3 millones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes sin oportunidad de asistir a la escuela; y el 17% de la matrícula ha reprobado al menos un grado escolar.
Asimismo, hay más de 25 millones de personas que no cuentan con ningún sistema de protección de la salud, y casi el 60% de la población nacional no cuenta con acceso a la seguridad social, en el sentido estricto del término.
En materia de vivienda, los datos oficiales muestran que hay al menos un rezago de 692 mil casas; el mayor reto que enfrenta el país en esta materia se encuentra en la dinámica demográfica, pues cada año se incorpora una demanda de más de 300 mil nuevos hogares que requieren de un espacio para vivir.
A lo anterior debe agregarse que hay 18 millones de personas que tienen carencias por la calidad de sus viviendas, y una cifra similar de aquellos que, teniendo vivienda, enfrentan severas dificultades pues carecen de servicios de calidad en materia de agua potable, saneamiento y drenaje.
III. Los derechos culturales. Además del acceso a la educación, los derechos culturales tienen una doble dimensión: a) el acceso a bienes y servicios culturales de calidad, tales como bibliotecas públicas, teatros y cines de calidad; y b) la garantía de pertenecer a una cultura, de tener una lengua propia y a la protección del patrimonio cultural, tangible e intangible. Desde esta perspectiva, debe considerarse que México ocupa el último lugar de los países de la OCDE en disponibilidad de libros per cápita; que tenemos el menor número de bibliotecas públicas per cápita; y que de todo el patrimonio arqueológico que existe en el país, apenas se cuenta con la protección adecuada en aproximadamente el 20%.
IV. Los derechos ambientales. Entre ellos se encuentra la urgencia de construir una nueva lógica de actuación en el marco de la Ley General de Cambio Climático. Para ello debe considerarse que más del 60% de los mantos acuíferos se encuentra explotado o sobre explotado; que más del 70% de los humedales se encuentra en peligro; que la tasa de deforestación sigue siendo una de las tres más altas entre los países de la OECD; y que somos uno de los 10 países en todo el mundo, con mayor número de especies en peligro de extinción.
*Columna publicada con el mismo nombre en el periódico Excélsior, 21- Mayo- 2013, p.21
| METODOLOGÍA |
La selección de los indicadores para elaborar esta investigación se apegó a los siguientes criterios: 1) provienen de fuentes oficiales o de organismos internacionales; 2) son datos con representatividad nacional; 3) son datos con rastreabilidad, con la misma metodología durante los últimos diez años.
(*) Este texto se elaboró con material del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social
