El presidencialismo antiambiental
El Presidente de la República acrecentó su ofensiva contra las organizaciones y personas que exigen que las obras públicas se ajusten a la legislación ambiental. El caso reciente donde aprovechó su posición antiambiental , fue un video sobre las repercusiones ecológicas del Tren Maya, en el que participan varias personas dedicadas a actividades artísticas.
Escrito por: Enrique Provencio D.
La respuesta fue primero y antes que nada la descalificación: los llamó seudoambientalistas, con lo que de entrada se arrogó la potestad de decidir quien puede nombrarse protector ambiental y quien no. De inmediato, el 25 de marzo, la SEMARNAT replicó y amplificó la embestida, con un comunicado oficial https://bit.ly/387D2Uk enfocado a desmentir y desprestigiar a quienes aparecieron en el mencionado video, y en general a quienes disienten de las políticas y programas actuales.
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No se contrapuso información puntual que desmintiera los hechos denunciados, ni hubo un llamado al diálogo o el debate. Al contrario: en lugar del acercamiento la respuesta es el amedrentamiento. Tanto el Presidente como la Semarnat acudieron al ya muy utilizado recurso de preguntar dónde estaban tales y cuales personas cuando inició el deterioro ambiental, atribuyéndose así la exclusividad y la originalidad en la defensa de los ecosistemas.
La pretendida desautorización oficial a quienquiera que marque distancias con los proyectos y sobre todo las obras públicas más grandes, no se compadece con toda una legión de personas que han trabajado y siguen participando en el activismo, la investigación, el impulso de iniciativas comunitarias, la difusión, la defensa de los derechos humanos, en el servicio público y en otros ámbitos, en lo individual, en organizaciones o en instituciones, llevando a cabo lo que ha estado a su alcance para frenar los daños a los ecosistemas y la salud humana.
El episodio reciente no es más que uno de muchos casos que iniciaron en 2019, quizá antes, que manifiestan el desprecio oficial hacia el esfuerzo sistemático de protección al ambiente. Desde las conferencias de prensa de la mañana se ha dicho, por ejemplo, que el ambientalismo es un enmascaramiento de intereses particulares, que se aprovecha de los fondos públicos y de la cooperación internacional para lucrar, que no se preocupa por la población pobre, y que -junto con el feminismo y la defensa de los derechos humanos- es un distractor de causas más nobles y de fondo.
La virulencia presidencial antiambiental ya tiene consecuencias claras. La agresividad y la intolerancia ya se reproducen en ondas expansivas, están convertidas en práctica institucional. El comunicado de Semarnat del 25 de marzo es solo un ejemplo. Algunas organizaciones y fundaciones, incluyendo filiales de agencias internacionales, toman sus precauciones, reducen su perfil y matizan o inhiben sus opiniones para no incomodar al poder público y para evitar represalias.
Otra de las consecuencias más nocivas se aprecia en regiones en las que algunos grupos hostigan a organizaciones, personas o grupos promotores de proyectos productivos y sociales enfocados a la sustentabilidad del desarrollo, sintiéndose empoderadas y amparadas por la manifiesta hostilidad y por el presidencialismo antiambiental. Está ocurriendo en Chiapas, por ejemplo en La Lacandona y en Marqués de Comillas.
En el caso del Tren Maya lo que se exige es simple: que cumpla con las disposiciones de cualquier obra a la que aplica la evaluación de impacto ambiental, el ordenamiento, el cambio de uso de suelo forestal y varias normas, y el consentimiento previo informado. Decir esto se volvió sedicioso, y más después del acuerdo del 22 de noviembre de 2021, que suspendió los procedimientos que aplican para otorgar dictámenes, permisos y licencias, y que obliga a las propias autoridades a aprobar en cinco días los proyectos gubernamentales, ya declarados de interés público y seguridad nacional.
Sobre esto, escribí en su momento aquí en México Social https://www.mexicosocial.org/gobierno-vs-derechos/ que ese acuerdo “es una regresión para los derechos, una medida que pasa por encima no solo de la legislación nacional, sino también de acuerdos internacionales, una disposición que nos expone a decisiones arbitrarias así en cuestiones ambiente como en todos los temas de la vida nacional involucrados en las obras públicas federales. Es una decisión que nos devuelve al menos tres décadas en la historia, ni más ni menos”. Así está sucediendo: hay un estado de excepción en la aplicación de las reglas ambientales en México.
Además de descalificar y amedrentar, las autoridades se han empleado a fondo para sostener que a quienes trabajan en la protección ambiental no les interesa la población pobre, lo cual es una completa falsedad. Esta y otras argucias se propagan mientras lo que en realidad ocurre es que hay un gran vacío en la política ambiental, una inacción y en varios sentidos un retroceso.
Muchos compromisos nacionales e internacionales se incumplen, se desmantelan instituciones esenciales, como el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, se abandonan a su suerte organismos como la CONABIO, se compactan los presupuestos hasta niveles que impiden la operación básica del servicio público, se frena la transición energética y los compromisos de acción climática.
Hay una abdicación de las obligaciones ambientales públicas, ni más ni menos, y de esto no se puede responsabilizar al pasado, que es precisamente lo que se hace casi a diario.
La cortina de humo para eludir la responsabilidad presente es hablar de proyectos de hace quince o veinte años, aprobados en su momento con apego a las normas vigentes, o lanzar ataques ad hominem, como lo ha hecho el Presidente ya en varias ocasiones contra Julia Carabias, distorsionando hechos de fines de los años noventa.
Todo el poder de Presidencia, con toda su parafernalia comunicativa, dirigido contra una persona una y otra vez, ha generado ya un entorno hostil que puede salirse fácilmente de control. Todo mi apoyo a Julia Carabias y a todas y todos los que están padeciendo el presidencialismo antiambiental.
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lo que NO dice o NO quiere exponner maliciosamente EP, es que el en tiempos de CALICA con su director de EIA, firmaron ese desastre natural, que NO dice que desde antes el desastre ambiental estuvo a cargo del trio dinamico Julia, Quadri y EP.............y que como EXservidor publico podria primero reconocer los errores, lo que si se pudo avanzar, y HOY comenzar a contruir patria y un pais sustentable de manera responsable armoniosa y digna