Uno de los más famosos discursos del presidente John F. Kennedy, fue el pronunciado el 27 de abril de 1961. Su contenido tenía como telón de fondo la disputa ideológica de la llamada “Guerra Fría”, y su intención era mostrar las diferencias que existían entre una sociedad libre y democrática, y las sociedades cerradas y autoritarias.
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Desde la perspectiva planteada por Kennedy en ese discurso, una sociedad abierta se basa en la discusión pública respetuosa; la lucha por el poder se da en el marco del entramado institucional; y todo ello cobra una fuerza mayor debido al escrutinio de la prensa libre, la cual es uno de los pilares fundamentales de todo orden democrático.
Lo que un gobierno democrático no puede permitirse es minimizar, ocultar o negar sus errores; menos aún la idea de sofocar o aplastar el disenso. De manera textual, Kennedy afirmó: “ningún presidente debería temer el escrutinio público de su programa, pues de ese escrutinio surge el entendimiento, y de esa comprensión viene el apoyo o la oposición; y ambos son igualmente necesarios… no sólo no podría intentar censurar o sofocar que alienten entre sus lectores la crítica y la controversia, sino que además le doy la bienvenida…”
El análisis de este discurso es relevante en nuestros días, ante el creciente ambiente de crispación e intolerancia que existe en nuestro país en la discusión pública. Preocupa, por ejemplo, que el jefe del Estado mexicano se refiera a un diario como “pasquín inmundo”, pues más allá de la línea editorial del medio, el uso de ese tipo de adjetivos no cabe en quien ocupa la primera magistratura de un país, cualquiera de que se trate.
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Hasta ahora, la narrativa gubernamental se ha construido negando toda legitimidad a cualquier movimiento, crítica o protesta a la actuación de las instituciones públicas; y el debate se ha reducido de manera peligrosa a una lógica de supuestas intenciones perversas y hasta “golpistas”, donde cualquier señalamiento a errores de la administración pública, son asumidos y presentados como parte de las acciones de los “enemigos de la patria”.
Ninguna democracia, ninguna República constitucional puede consolidarse sin la crítica y sin el debate racional y respetuoso en torno a las decisiones del Estado. Porque si todo se reduce a una cuestión de aparentes intenciones, el diálogo se torna en una discusión maniquea en la que de lo que se trata es de demostrar quién está investido de mayor bondad o legitimidad popular, negando con ello la posibilidad del debate racional de las ideas y los procesos con base en los cuales se desarrolla la política pública.
El mandato democrático que deriva del triunfo electoral no es una patente para denostar o incluso intentar la aniquilación de los opositores. Antes bien, demanda eficacia de gobierno para materializar el anhelo popular de un país con menos pobreza y mayor justicia; y eso no puede darse sin un proceso permanente de diálogo y generación de los más amplios consensos posibles en torno a qué se quiere, pero también cómo se quieren lograr los objetivos del gobierno.
La relación que tiene con la prensa libre un presidente de la República, en una sociedad democrática, determina en varios sentidos y dimensiones la tesitura y tipo de relación que establece con el entramado democrático del país. Esto, porque no es cierto que se trate de un ciudadano más ejerciendo su libertad de expresión: su investidura le demanda mesura y prudencia en el hablar, y generosidad política en su actuar.
En un país como el nuestro, con un negro y condenable historial de periodistas y defensores de derechos humanos asesinados, no es viable, de ninguna manera, un escenario donde vemos cotidianamente al presidente contra la prensa; por el contrario, necesitamos avanzar, rápida y decididamente, hacia un contexto donde la tolerancia, el respeto y la lógica del mejor argumento sea lo que domine la cosa pública. Lo demás es añadir más violencia, a un país dolido y entristecido por tanta pobreza, por tanta muerte y por tanta enfermedad evitable. Y eso, comienza por el ejercicio democrático del poder del Presidente de la República.
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