El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) es, además del principal instrumento de la política económica del Estado mexicano, la síntesis de la visión política y social que tiene un gobierno. Es precisamente en las prioridades de gasto público donde se hace explícito para qué y cómo se gobierna. Todo lo demás es retórica y en no pocas ocasiones, demagogia y mera propaganda.
Escrito por: Mario Luis Fuentes
Por eso es importante que los Pre-criterios de política económica 2024 sean leídos desde esa perspectiva; en primer lugar, porque anuncian una estructura de gasto inercial, que no modifica en nada las prioridades de gasto seguidas a lo largo de la administración y confirman la preeminencia de la rentabilidad político-electoral, antes que una nueva estrategia de desarrollo para el país.
En segundo término, el documento muestra algunas reducciones muy significativas en los montos presupuestales destinados a la infraestructura de agua potable y de tecnificación de riego, lo cual, en años pos pandémicos y de sequía en prácticamente todo el territorio nacional resulta, por decir lo menos incomprensible. De manera simultánea, hay un incremento de alrededor del 40% para la pensión de personas adultas mayores: un tema mayor porque, dada la transición demográfica, hacen del programa una “bomba de tiempo financiera” pues no es sostenible en el mediano y largo plazo si no se tienen nuevas fuentes de financiamiento.
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Un tercer elemento para considerar es que se plantea un crecimiento de 3% del PIB. Siendo las cosas así, en el mejor escenario, México crecería en los seis años de la presente administración, un acumulado de 6% del PIB, respecto de 2018; es decir, apenas un promedio de 1% anual, lo cual es la mitad del crecimiento mediocre que había tenido como promedio la economía entre 1990 y 2018; y en evidencia, muy lejano al prometido promedio de 4% anual.
Un cuarto dato que es clave es que para el 2023 se tiene prevista una inflación de 5%, lo cual depende de un amplio conjunto de factores que podrían comprometer la meta y cerrar el año con un indicador significativamente superior; mientras que para el 2024 se espera una inflación de 4%, meta ambiciosa, pero que se percibe como poco probable dadas las condiciones internas y externas consideradas en el propio documento del gobierno federal.
En el escenario internacional el documento se muestra sumamente optimista, cuando lo que se observa a través de otros documentos y análisis de organismos internacionales y regionales, es que el nivel de riesgo es alto; y que la incertidumbre es el concepto que rige todas las proyecciones, sugiriéndose en todos lados cautela, así como nuevas estrategias de inversión pública en un notable giro hacia economías que generan energía de manera mucho más limpia.
Con todo esto, lo que es claro es que la prioridad del presidente de la República es continuar sin matices ni modificaciones con la estrategia que él considera que es la mejor para el país; y es obvio que asume que la única manera de mantener viable su proyecto es mantener la trayectoria y ruta que ha seguido desde el inicio de su mandato.
Lo que es un hecho es que el PEF que se apruebe dentro de ocho meses será el reflejo nítido de la visión que el Presidente tiene del país; y al mismo tiempo será un instrumento que impulso o restrinja a quien haya de ser la próxima o próximo presidente de México.
Cuando esté en su etapa final la integración del PEF 2024 se tendrán dos nuevos y fundamentales insumos: los resultados de la Encuesta Nacional de Ingreso y gasto en los Hogares, 2022; así como la Medición Multidimensional de la Pobreza. Se trata de dos elementos que no deberían eludirse en la definición de prioridades y reorientación de acciones y que, por el contrario, permitirían repensar cómo reducir a la mitad la pobreza multidimensional y cómo erradicar la pobreza extrema hacia el 2030, porque aún cuando haya algunos avances, es claro que la ruta seguida no modificará estructuralmente ni la desigualdad ni la pobreza.
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Investigador del PUED-UNAM
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