El camino para la participación política de las mujeres ha sido difícil, no han tenido un piso parejo en sus derechos y esta desigualdad ha dejado muchas secuelas que son necesarias y urgentes enmendar para contar con una sociedad equitativa, más justa; con pleno reconocimientos de derechos fundamentales y con una auténtica paridad sustantiva.
Escribe: Fernando Díaz Naranjo
Varios capítulos se han escrito en nuestra historia que vale la pena resaltar:
Desde entonces, un aliado importante para las diversas adecuaciones a las normas de participación de las mujeres, la ha dado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), instancia del estado mexicano que, con sus atinadas resoluciones ha emitido jurisprudencias y criterios para generar una igualdad de derechos entre hombres y mujeres.
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Otro paso fundamental para ir alcanzando esta igualdad se dio en el año de 2014 cuando se eleva a rango constitucional, el principio de paridad de género, materializando dicha disposición a través de la legislación electoral que obligó a los partidos políticos a garantizar dicho principio en la postulación de sus candidaturas en las legislaturas federales y locales.
En 2019 se dan una serie de movimientos estructurales y jurídicos con la reforma conocida como “Paridad en Todo” que establece que los poderes de la Unión, federales, locales y municipales, así como entes autónomos y demás organismos públicos, están obligados a conformarse de manera paritaria. Con ello, la paridad avanzó no solo en la postulación de candidaturas sino también en la materialización de posiciones políticas para las mujeres.
Ahora bien, existe otro campo que ha estado minado para las mujeres desde un estado que se ha distinguido por ser patriarcal por su forma de discriminar al género femenino, independientemente de las disposiciones legales para protegerla. En razón de ello, en 2020 se da una importante reforma que tipifica diversas conductas relacionadas con la violencia política contra las mujeres en razón de género y que, a partir de esta normativa se han erigido diversos lineamientos como la denominada #3De3ContraLaViolencia que obligó, en 2021, a las y los candidatos a algún cargo de elección popular a firmar una declaratoria que indicaba que no habían cometido ningún tipo de violencia de género.
No obstante, estas disposiciones aunado a diversos criterios adoptados por el Instituto Nacional Electoral (INE) y avaladas por el TEPJF como lo fue la obligatoriedad para los partidos de observar, en la elección de 2021, la paridad en gubernaturas aún falta un enorme trecho por avanzar.
Uno de estos pendientes es lograr la paridad a nivel municipal que constituye el núcleo más cercano a la sociedad. De acuerdo, con una publicación de la Revista Alcaldes de México, de junio de 2021, alrededor del 75% de los municipios son gobernados por el género masculino.
Ante este panorama y con las determinaciones establecidas en diversas leyes, el INE tiene una gran tarea para delimitar diversas directrices que recompongan esta brecha en las elecciones de 2024.
Una sociedad incluyente, participativa y con respecto a los derechos fundamentales, siempre estará del lado de la democracia; sistema que ha mostrado sus bondades ante las complejidades de cualquier sociedad. Luchemos todas y todos, porque desde nuestra trinchera hagamos lo que esté en nuestras manos para alcanzar una auténtica igualdad sustantiva que nos beneficie plenamente.
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