por Nuvia Mayorga
En el caso de la diversidad indígena, ésta también implica fragmentación, y viene acompañada de la inequidad, la exclusión, la marginación social, la injusticia y la marginación, lo que genera condiciones de debilidad política, económica y social. Ello también conduce a un debate inacabado sobre su condición y el reconocimiento de derechos como mexicanos y los mecanismos para atender sus necesidades y promover su desarrollo
El mundo indígena en México es complejo y diverso. Por eso, si bien por la vía de lengua se identifican en el país 68 pueblos indígenas, lo cierto es que entre ellos y en su interior se vive una pluralidad lingüística, cultural e incluso religiosa que se traduce en un gran mosaico de contrastes, intereses y propuestas de desarrollo.
Existe también diversidad en el análisis y en la construcción de propuestas para que los indígenas mexicanos salgan del atraso. Hay corrientes que reivindican lo tradicional como una vía para preservar su identidad, pero otras abogan por el cambio.
La condición de pobreza caracteriza a los pueblos indígenas y se aprecia claramente en los asentamientos donde viven, los cuales en su mayoría se encuentran ubicados en zonas de difícil acceso, aisladas y sin acceso a los servicios que deben tener como mexicanos. Asimismo, cuando esta población migra a las ciudades se ubica en las zonas periféricas donde lo que se observa son cinturones de miseria y exclusión alrededor de los grandes centros urbanos.
En este caso la pobreza es multidimensional y además multicultural. Resolverla exige de un gran compromiso social que no es sólo del gobierno federal, estatal o municipal, sino de éstos y de la sociedad en su conjunto.
Hay que atender los rezagos y carencias en materia de educación, salud, alimentación, agua potable, drenaje, electrificación y vivienda, entre otros, pero también hay que incorporar a la población indígena a actividades productivas rentables que les generen un ingreso monetario y no monetario.
También se necesita modificar el trato discriminatorio que padecen los indígenas, no sólo en la relación con diferentes instancias gubernamentales, sino también con las privadas, y en general, con el resto de la sociedad.
El tema de la discriminación
La discriminación es una realidad. El abuso que la acompaña también. La discriminación es un tema que es indispensable abordar, entender y erradicar.
Los indígenas en México son discriminados, tanto por su condición indígena, como por sus condiciones de pobreza, educativas y culturales. Se les discrimina por su forma de vestir o hablar. Esta situación va de la mano de la amenaza de desaparición de las culturas indígenas. Erradicar la discriminación hacia los indígenas y preservar sus culturas no es una tarea exclusiva de las instituciones de gobierno, es una tarea de todos, de las familias, de la sociedad.
Además, la situación de culturas en riesgo es muy grave: es creciente el número de pueblos con una fuerte presión demográfica y un alto desgaste lingüístico, a lo que hay que agregar el componente migratorio. En esta situación se encuentran los akatecos y los kiliwas, así como los mayas, mayos, yaquis y popoloca.
Población indígena
Por la vía de la lengua se identifican 68 pueblos indígenas de México. Se trata de un importante grupo social, de mexicanos que dada su cultura, historia y lengua identificamos como indígenas, como los pueblos originarios de México. De acuerdo con el INEGI, en 2010, 15.7 millones de mexicanos se consideraban indígenas (auto adscripción) y, 11.1 millones de ellos habitaban hogares territorialmente identificados.
Esta población indígena, sea por razones históricas o por los desplazamientos que han sufrido y que los han excluido del desarrollo, padece una gran dispersión territorial. La distribución de la población por el tipo de municipios según la presencia de población indígena, a partir de los resultados del censo 2010, tiene las siguientes características generales: el número de municipios indígenas, es decir, municipios donde la concentración de población indígena es mayor al 40%, asciende a 624, lo que representa el 25.4% del total de los 2,456 municipios del país. En ellos viven el 58.4% de la población indígena del país (6,500,722 habitantes). Si comparamos con la población total que se asienta en estos municipios, la población indígena equivale a un 75.5%, es decir, son territorios eminentemente indígenas.
Por otra parte, los 239 municipios con presencia indígena concentran a 3,644,105 indígenas, lo que representa poco más de una tercera parte de la población indígena nacional, aunque sólo alcanzan un 6.1% respecto al total de población en estos municipios. En la actualidad únicamente 32 municipios en México no cuentan con población indígena y la característica de estos municipios es de una baja intensidad poblacional.
Pobreza y carencia social
De las poco más de 192 mil localidades del país, en 34,263, 40% y más de su población es indígena y, de ese total, casi 22 mil localidades no registran más de 100 habitantes. Asimismo, en 624 municipios indígenas del país, más del 40% de la población es indígena, en 604 de ellos, los porcentajes de población en pobreza son superiores al 55%, y en 544 de ellos estos porcentajes son mayores al 70%.
De los 20 municipios con mayor porcentaje de pobreza extrema en el país, en 18 de ellos más del 70% de su población es hablante de lengua indígena.
La complejidad del tema indígena, así como su problemática de pobreza, discriminación y exclusión social debe ser abordada por todos los órdenes de gobierno, en particular por todos los mexicanos.
Las instituciones del Estado mexicano, esto es, Ejecutivo Federal, Ejecutivos estatales y Gobierno del Distrito Federal, como los gobiernos municipales y los Poderes de la Unión, Congresos locales y Cabildos municipales tienen que actuar coordinadamente para resolver las carencias de la población indígena; pero ello no basta, se requiere de la participación social de las mismas comunidades indígenas y de la sociedad en su conjunto. Las organizaciones privadas y de la sociedad deben participar e involucrarse también en la lucha por mejorar las condiciones de vida de los indígenas mexicanos.
Visión del nuevo gobierno
La visión que el Gobierno Federal tiene para el horizonte sexenal es que los pueblos y comunidades indígenas vivan en condiciones sociales y económicas dignas, dentro de un marco de igualdad e interculturalidad.
El gobierno de la República impulsa políticas públicas que respetan sus derechos y su identidad, y que propician la participación y la autogestión de sus procesos de desarrollo. La política hacia el sector se caracteriza por promover la transversalidad y la integralidad de las propuestas y acciones de política pública.
Particularmente, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018, el apartado México Incluyente engloba los objetivos y las acciones dirigidas a combatir la pobreza y la desigualdad. El objetivo es: hacer realidad un país donde se asegure el ejercicio efectivo de los derechos sociales.
Este objetivo es más relevante cuando se refiere a la población indígena. En este contexto, la cdi trabaja bajo las directrices de la nueva política social que propone concretar un México Incluyente que garantice el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población, particularmente para los indígenas.
Esto es una política social de nueva generación, enfocada en alcanzar una sociedad de derechos ciudadanos y humanos plenos que contribuya a cerrar las brechas sociales. Se plantea integrar una sociedad con equidad, cohesión social e igualdad de oportunidades. Esto implica hacer efectivo el ejercicio de los derechos sociales de todos los mexicanos, a través del acceso a: servicios básicos; agua potable; drenaje y saneamiento; electricidad; seguridad social; educación; alimentación; y vivienda digna.
La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas tiene la responsabilidad de orientar eficazmente las políticas, los programas y proyectos del gobierno hacia la promoción del desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas.
Existe un compromiso del gobierno federal para mejorar las condiciones de vida de la población indígena y combatir esta realidad de pobreza y marginación, a través de políticas y acciones públicas que les permitan a los pueblos indígenas tener acceso a mejores condiciones de educación, salud, vivienda, infraestructura básica e ingreso.
Retos a afrontar
La pobreza indígena debe ser afrontada con estrategias que resuelvan las carencias sociales y mejoren el nivel de ingreso de las comunidades y familias indígenas a través de políticas públicas que atiendan el rezago social y promuevan capacidades productivas que generen de manera permanente ingresos monetarios y no monetarios.
Dadas las graves condiciones de dispersión y rezago social de las comunidades indígenas, uno de los grandes retos es cómo abrir y garantizarles el acceso a los servicios básicos. Por ejemplo, es indispensable que las comunidades y las viviendas indígenas cuenten con agua potable; es un primer paso, pero a la intervención pública es necesario sumar la participación comunitaria y de otros actores de la sociedad.
El mismo caso es con la electrificación, el saneamiento y el drenaje y todo ello en su conjunto debe trascender a la comunidad para mejorar también las condiciones de la vivienda; esto es, materiales de construcción, espacios en vivienda y su equipamiento.
Ello, acompañado de la necesidad de construir vías de comunicación que interconecten a las comunidades y las acerquen a centros urbanos de mayor desarrollo y mejoren su acceso a servicios públicos y mercados para su producción.
En materia de educación y salud se debe garantizar una oferta adecuada, de calidad y permanente de estos bienes públicos.
En materia de generación de ingresos, es fundamental identificar y promover el desarrollo de ventajas y oportunidades productivas de las comunidades indígenas, tanto con el propósito que las comunidades y organizaciones productivas participen en y creen mercados, como para el autoabastecimiento de la comunidad o el autoconsumo de las familias. El reto de la generación de ingresos, conforme a las capacidades y vocaciones de la población en las regiones indígenas es el reto mayor para la inclusión social de los pueblos y comunidades indígenas.
En este sentido, la CDI, a través de diversos mecanismos de consulta, ha venido delineando conjuntamente con las comunidades, una estrategia y diversas acciones de atención a las necesidades de los pueblos indígenas.
La ruta de construcción de una Sociedad de Derechos pasa por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y de las comunidades equiparables a ellos.
Esta ruta también privilegia la construcción de las bases económicas y sociales para el desarrollo de las familias, comunidades y pueblos indígenas. Pero sólo el trabajo participativo y colaborativo; esto es, el compromiso gubernamental, sumado a la participación social, fortalecerá las acciones a favor del bienestar de las comunidades indígenas.•
