Un crecimiento anual de 2% del Producto Interno Bruto (PIB) para el primer año de gobierno, y uno estimado de 2.5% para el 2020, impone importantes restricciones para la meta sexenal planteada de alcanzar niveles por arriba del 5 por ciento.
Hasta ahora, la propuesta de gobierno federal se ha mantenido consistente con lo prometido en campaña: cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco, recortar el gasto en salarios y prestaciones de la llamada “alta burocracia” y promover nuevos proyectos de inversión pública, a la par de incrementar algunos subsidios como las becas, los recursos que se transferirán mediante el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, así como elevar al doble el monto de los recursos otorgados a las personas adultas mayores.
Las medidas son, sin duda, audaces, pero se les están atribuyendo virtudes frente a las cuales caben varias reservas, pues ninguno de esos proyectos se ha “piloteado” y no se dispone de mayor evidencia respecto del posible impacto en el crecimiento del mercado interno y en la economía en general.
Lo mismo puede decirse respecto de la medida de crear en la frontera con Estados Unidos la zona franca más extensa del mundo —como la ha denominado esta administración— y en la cual se ha disminuido el IVA, se ha elevado el salario mínimo al doble del establecido en el resto del territorio nacional, se ha bajado el ISR y se ha establecido una política de control de precios de los combustibles, a fin de estimular el desarrollo de la región.
Es importante decir que para crecer más no bastará con la inversión productiva del Estado; se requiere, sobre todo, de la inversión privada, tanto nacional como inversión extranjera directa, a fin de construir una nueva política industrial que sea sostenible y que permita detonar procesos sostenidos de crecimiento en el mediano y largo plazo.
Al respecto, vale destacar que la inversión productiva del Estado podrá incrementarse de manera significativa, sólo en la medida en que pueda superarse la debilidad fiscal del Estado; y ello exige de una reforma fiscal y hacendaria integral. Es decir, debe avanzarse hacia una política impositiva progresiva, y a la par debe revisarse el pacto fiscal, a fin de recuperar las mejores prácticas dirigidas a la solidaridad y subsidiariedad entre regiones que se abandonó en los sexenios regidos por la tecnocracia.
No es cierto que más inversión pública sea dañina para la economía, por el contrario, eso permitiría dinamizar el mercado interno y reindustrializar al país con criterios de sostenibilidad ambiental; pero debe insistirse, a la par de una mayor capacidad recaudatoria, debe también diseñarse una nueva estrategia de distribución equitativa de la riqueza; es decir, construir los instrumentos para darle cause a la propuesta cepalina de crecer para igualar, e igualar para crecer.
Es de destacarse que el nuevo gobierno está intentando nuevas rutas para romper con la mediocridad del desempeño económico del país que se viene arrastrando desde hace tres décadas; pero también hay que decir que, en economía, los supuestos son siempre enormes, y muy frágiles, por lo que habría que pensar en cuál es el “Plan B” en caso de que las medidas que se están adoptando no funcionen.
Las reformas estructurales planteadas por la pasada administración fueron “investidas” de capacidades míticas para sacar al país del estancamiento secular que caracteriza a nuestra economía; y un discurso relativamente similar se está planteando ahora, al asumir que mediante la austeridad —concepto rector, por cierto, del ajuste de la década de los 80—, el combate a la corrupción y la reorientación del gasto será suficiente para crear una condición de pleno empleo.
Romper con los ciclos intergeneracionales de pobreza y desigualdad implica empleo digno para todos y cumplimiento universal de derechos humanos en un contexto amplio de libertades públicas; habrá que ver con el tiempo, si lo que hoy se ha puesto en marcha será suficiente para lograrlo.
