El retorno a una normalidad indeseada

La cifra acumulada de homicidios entre los meses de enero y agosto de 2021, representa un descenso de 4% respecto de la cifra acumulada entre enero y agosto de 2020; y de 2% respecto de lo registrado en el mismo periodo de 2019. Esto significa que, en términos estadísticos, no hay cambios significativos en materia de homicidios en los últimos tres años.

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Asimismo, de acuerdo con las cifras oficiales, el delito de lesiones dolosas registra una cifra de 114,630 víctimas entre enero y agosto del 2021; cifra 8.5% superior a la de 2020; y de 1.2% por arriba de los registros del año 2019. Esto significa que en el último año sí hubo un incremento estadísticamente significativo, y prácticamente igual a lo ocurrido en el 2019.

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En materia de robo a transeúnte, la cifra acumulada en el mismo periodo del 2021 es de 43,880 casos; cifra que es 8.2% superior a la del mismo lapso del 2020; y 22% inferior a la del 2019. Como se observa, la mejoría es sólo relativa, y en la medida en que se está “recuperando la normalidad” y la salida de las personas del confinamiento obligado por la pandemia, parece que lleva a un retorno creciente de este tipo de delitos.

En lo relativo al delito de robo en transporte público colectivo, la cifra para el periodo señalado en 2021 es de 8,218 casos, cifra superior en 6.5% respecto del 2020, e inferior en un 39% respecto de lo que se registró para el mismo periodo de 2019. Nuevamente, en este caso, los datos sugieren que las reducciones que se habían dado entre 2020 y 2019 se debieron más al efecto del distanciamiento social, que a políticas públicas de seguridad tanto federales como estatales y municipales.

Los datos de que disponemos sugieren también que hay una lógica distinta en lo que se refiere a los delitos que se cometen contra el patrimonio, y aquellos vinculados a las relaciones y dinámicas en los hogares. En efecto, en el delito de violencia familiar, se observa una tendencia creciente. Así, en el periodo de análisis, se tiene un registro de 171,928 casos en 2021; cifra que es 19.5% mayor a la registrada en el mismo lapso del 2020; y de 26.6% superior a la registrada en 2019.

Hay una tendencia relativamente similar en lo que respecta al delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar pues entre enero y agosto de 2021 se contabilizan 15,495 casos, cifra 50.11% superior a la registrada en el mismo periodo de 2020; y 0.4% superior a la registrada en 2019. Es decir, hay un retorno a las condiciones previas de la pandemia, con el añadido de que la tendencia entre enero y agosto ha sido creciente, lo que permite suponer que la disminución en 2020 se debió fundamentalmente a que la mayoría de los servicios jurídicos de asistencia y los juzgados permanecieron cerrados.

Como último ejemplo es importante citar el caso de los delitos que atentan contra la seguridad y la libertad sexual de las personas, de los cuales, se tiene un registro, para el periodo de enero a agosto de 2021, de 46,455 casos, cifra que resulta 31.8% superior a la del 2020; y 36.5% superior a la registrada en el 2019.

En el agregado, la suma de todos los delitos registrados entre los meses de enero a agosto de 2021 asciende, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a 1,352,163, cifra 12.6% superior a la del mismo periodo del 2020; y 1.1% inferior a la del 2019.

Estos datos permiten ratificar la hipótesis de trabajo, relativa a que la violencia social no puede ni debe dimensionarse sólo o exclusivamente a través de la medición de los delitos patrimoniales, sino que debe considerar aquellos que en mayor medida revelan condiciones estructurales de violencia y desigualdad, como la que existe entre mujeres y hombres y que ha llevado a la monstruosa realidad que nos muestran los datos aquí resumidos.

Por otro lado, también esta información conduce a pensar inevitablemente que la reducción delictiva del país ha constituido una especie de “espejismo” para las autoridades de todos los órdenes y niveles; y lo que hoy se nos revela es que se desaprovechó un valiosísimo tiempo para diseñar estrategias de promoción de la paz y para la reconciliación en la sociedad, lo que nos está conduciendo de manera trágica a los niveles que se tenían antes del confinamiento pandémico, o incluso a situaciones peores, como en el caso de los delitos sexuales, los feminicidios y la violencia intrafamiliar.

En el ámbito de lo económico, vale la pena citar al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el cual, estima que la brecha salarial entre mujeres y hombre son sólo se ha mantenido hasta el segundo trimestre del 2021, sino que se ha incrementado respecto de los datos del 2020. En su último comunicado, el organismo sostiene: “El ingreso laboral mensual de los hombres ocupados en el segundo trimestre (de 2021) fue $4,755.36 y el de las mujeres, $3,803.92. La brecha de los ingresos laborales entre hombres y mujeres en el segundo trimestre fue de $951.45, la cual es $94.91 mayor que la del primer trimestre 2021 ($856.54)”.

El dato proporcionado por el CONEVAL indica entonces que el incremento en la desigualdad salarial entre mujeres y hombres, entre el primer semestre del 2021 y el primero del 2020, es de 11%.

Ante el severo golpe de la pandemia de la COVID19, se alertó en diferentes espacios, foros y textos, que era urgente revisar nuestras prioridades y valores organizativos; las lógicas de funcionamiento de la economía; y las barreras estructurales que impiden la construcción de una sociedad de igualdad sustantiva donde todas y todos veamos cumplidos integralmente nuestros derechos humanos.

Nada de esto ocurrió; antes bien, nuestra sociedad ha perdido la oportunidad de hacer mucho más y revisar críticamente lo que se venía haciendo, y se prefirió alimentar las disputas estériles relativas a las coyunturas y escándalos del día a día, en lugar de concentrarnos en sumar todos los esfuerzos, capacidades y recursos, para modificar una normalidad que bien podría calificarse de “anómala”, por las graves brechas sociales que existían antes de la pandemia, y que estamos obligados a dejar atrás.

Hoy, la revisión de los datos en todos los indicadores de que disponemos nos muestra un preocupante retorno a una normalidad indeseada, por lo que debe insistirse en llamar denodadamente la atención sobre todo lo que falta por hacer en materia de justicia, dignidad y bienestar. Todo esto, debe transformase pues estamos pagando un costo demasiado elevado.

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