El rezago educativo en el contexto de la COVID19

Uno de los temas que han perdido visibilidad en la presente administración, es el relativo al rezago educativo. En México, esta categoría designa a la condición en que se encuentran las personas mayores de 15 años, quienes no han concluido los estudios de educación secundaria.

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En las estadísticas del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), al cierre del año 2019 había un total de 28.6 millones de personas en esa condición, cifra equivalente al 30.6% respecto de los 93.31 millones de personas mayores de 15 años que se estima, había en nuestro país.

Se trata de una cifra muy cercana a la cantidad de niñas, niños y adolescentes matriculados en educación básica, comparación que permite dimensionar la magnitud del reto y del abandono de millones de personas que, en tanto que no cuentan con la educación formal concluida, también tienen clausuradas posición y oportunidades respecto del mercado laboral, pero también respecto del acceso a servicios culturales de calidad, e incluso respecto de sus posibilidades para el ejercicio de una ciudadanía social plena.

La entidad en que se registra un mayor rezago educativo es Chiapas, donde el 47.3% de quienes tienen 15 años o más no han terminado los estudios formales de educación secundaria; en segundo lugar se encuentra Oaxaca, con un porcentaje de 46%; el tercer sitio lo ocupa Michoacán, con un 44.2%; el cuarto, Guerrero, con un 43.2%; y en quinto sitio está Veracruz, con un 40.6% de su población mayor de 15 años en la condición descrita.

Aunado a lo anterior, hay otras tres entidades donde una de cada tres personas, o más, entre quienes tienen 15 años o más, no han concluido la secundaria: Puebla, con un 38.2%; Yucatán, con un 33.9% y Guanajuato, con un 33.4%.

Es importante subrayar además un dato que no es menor: de los 28.6 millones de personas en rezago educativo, hay 9.8 millones que no han concluido la educación primaria; es decir, el 34.26% del total; lo cual hace aún más significativo el nivel de profundidad de las brechas que hay entre la población mexicana.

En efecto, de acuerdo con el Panorama de la Educación, de la OCDE, en 2016 sólo el 16% de la población adulta contaba con estudios de educación superior, indicador que contrasta con el promedio de los países que integran a ese organismo, que es de 36%.

Para dimensionar lo anterior en términos monetarios, la OCDE muestra que quienes han estudiado una licenciatura obtenían, en 2016, ingresos aproximados a 17 mil pesos promedio mensuales; las personas con educación media superior obtenían alrededor de 5 mil y 7 mil pesos mensuales; mientras que quienes tenían estudios de secundaria o menos, obtenían apenas entre tres mil y cinco mil pesos como máximo por mes.

¿Cuántas niñas, niños y adolescentes habrán de abandonar la secundaria a partir de la emergencia sanitaria y la crisis económica? No debe olvidarse que el problema del abandono escolar no se había reducido de manera significativa en los últimos años, sobre todo en tercero de secundaria, y más aún en bachillerato, nivel que ya está considerado en el texto constitucional como parte de la educación básica.

Frente a estos problemas, urge que el gobierno de la República rescate del desastre en que se ha convertido al CONAFE; y que potencie las capacidades del INEA para avanzar, por primera vez en el país, en el abatimiento efectivo del rezago educativo, lo cual implica también reducir de inmediato la brecha digital.

México no puede continuar con estos indicadores que, hay que insistir, son impresentables y constituyen una de las más penosas síntesis de la desigualdad social y económica que persiste en el país. Reducir en 30% el rezago educativo en esta administración sería posible; pero implicaría comprensión del problema, y sobre todo, decisión política para destinar los recursos públicos que se requieren para lograrlo.