Este 15 de marzo se dio a conocer la estrategia para fortalecer el sistema de salud para la llamada población abierta, la que está más desprotegida por no tener acceso a la seguridad social.
Como las personas que no están cubiertas por los servicios institucionales creció después de 2018, como está bien documentado, y como además durante la pandemia se agravaron las dificultades en la atención sanitaria, el tema es el de mayor prioridad en la política social.
Escrito por: Enrique Provencio D.
Como se dijo durante el anuncio, se trata de un “primer paso táctico” hacia un sistema de salud universal, gratuito, equitativo y de calidad, que consiste en la transición desde el actual modelo IMSS-Bienestar hacia otro que siga dirigido a quienes no están asegurados bajo ningún régimen.
Se trata de que las instalaciones, los recursos y el personal que actualmente opera a cargo de los gobiernos de los estados, sea centralizado y operado por el Gobierno Federal, teniendo como eje la atención primaria a la salud, la participación comunitaria, la atención hospitalaria y la conservación y mantenimiento de la infraestructura y el equipamiento.
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Las entidades federativas se irían sumando al nuevo esquema a través de convenios, y se adelantó que la primera sería Nayarit, estado en el que se realizaron en los meses recientes los trabajos para facilitar la transición.
Faltan por conocerse muchos aspectos del cambio en el sistema de salud, pero a partir de lo anunciado el 15 de marzo se perfilan varios elementos. Uno es que lo que resulte de esta transición no será un sistema integrado, sino que prevalecerá un servicio fragmentado y en alguna medida desintegrado. Por su lado estará como antes el ISSSTE, el IMSS, PEMEX, las Fuerzas Armadas y las instituciones de salud de los estados para proteger a las personas aseguradas y sus familias, y por el otro continuará el resto de la población, atendida por lo que resulte del IMSS Bienestar remodelado, como viene ocurriendo a partir de 1979, cuando surgió este tipo de esquema.
Otro aspecto, derivado del anterior, es que los servicios continuarán muy diferenciados, pues el tipo de atención que será cubierta por las instituciones de salud para la población asegurada seguirá siendo diferente que la de IMSS Bienestar. No se ha especificado que tipo de padecimientos o de intervenciones incluirá este segmento, ni la manera en la que se garantizará el derecho a la salud en el caso de que se requieran servicios especializados, o cómo se financiarán, pues tampoco ha quedado claro el papel que pasará a tener el INSABI.
También quedó claro, y lo enfatizó el Presidente de la República, que no habrá más presupuesto disponible para este cambio, sino que se financiará con las medidas de eficiencia y austeridad. En otras palabras, no habrá más presupuesto federal para salud. Se sabe bien que un sistema integrado y universal, con calidad en la atención y basado en la prevención, no solo requiere más recursos económicos, sino también un cambio de enfoques y de modelos. Pero también se sabe que hay necesidades presupuestales mínimas sin las cuales este cambio de modelo no es posible.
Hay pasos indispensables para lograr una integración funcional en el sistema de salud, y requiere transformaciones mayores, que garanticen la atención para la población descubierta. Se trata de un proceso muy complejo, que está obligado a partir de las estructuras actuales, pero con un horizonte de integración que demanda no solo mas presupuestos sino, sobre todo, servicios completos para quienes carecen de aseguramiento.
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En el Informe del Desarrollo 2022 del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM está incluido un ensayo sobre dicho proceso, en el que participaron especialistas como las doctoras Hortensia Reyes y María Elena Medina Mora, y los doctores Samuel Ponce de León y David Kershenobich, quienes conocen a fondo las instituciones de salud y han pensado en las estrategias para avanzar a un sistema realmente universal y de calidad para dar cumplimiento al derecho a la salud.
Ahí hay propuestas que deben aprovecharse en beneficio de un sistema que garantice el derecho a la salud para todas y todos.
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