¿Qué es lo que hace tan atractivo ser gobernador de un estado, aún de los más pequeños poblacional y territorialmente hablando? La pregunta viene a cuento por la férrea disputa que se está presenciando en este año, en que 12 entidades renovarán sus gubernaturas y congresos locales.
En el contexto mexicano, ser gobernador o gobernadora de cualquier entidad es, si se cumple estrictamente con la Ley, un trabajo de alto riesgo. Es decir, de hacer el trabajo que la Constitución establece que debería llevarse a cabo, los titulares del Poder Ejecutivo en los estados enfrentarían, por lo menos, dos grupos de poderes fácticos.
En primer lugar, si se pretender garantizar seguridad pública en serio, lo que se enfrentará son poderosas estructuras criminales dedicadas, desde el narcotráfico, el secuestro, el tráfico y venta de armas, y en varios casos el tráfico de indocumentados, así como el control de otros ámbitos criminales como las extorsiones, el robo a negocios, a casa-habitación, el robo a transporte público; esto sin contar el resto de actividades de la delincuencia común.
Por otra parte, si se pretende reducir la pobreza y la desigualdad, habría que enfrentarse a los grupos del poder económico: pugnar a nivel federal por una política fiscal progresiva (es decir, que pague más quien gane más), y en lo local redefinir prioridades de inversión pública para beneficiar a los más pobres y no a ramos específicos de la industria, como lo es la de la construcción, en el terreno más evidente; pero también otras que tienen que ver con el uso de suelo, el aprovechamiento de recursos naturales; el otorgamiento de concesiones estatales, o bien, la contratación de bienes y servicios para el sector gubernamental.
Las magnitudes
De acuerdo con la Encuesta Intercensal (INEGI, 2015), en las 12 entidades con elección de Gobernador habitan 38.49 millones de personas, es decir, el 32.2% de la población nacional. En particular destacan el estado de Veracruz, con una población de 8.11 millones de habitantes; Puebla con 6.16 millones: Oaxaca con 3.9 millones; Chihuahua con 3.55 millones; y Tamaulipas con 3.44 millones. Como puede verse, entre estas cinco entidades se ubican 25.5 millones de habitantes.
En función de lo anterior, además del dinero y la influencia política que implica una gubernatura, está también la variable relativa al peso específico de estas entidades en la definición del resultado electoral de las presidenciales del 2018, pues Veracruz y Puebla se encuentran entre las 5 entidades del país con mayores volúmenes de votantes (las otras son el Estado de México con elección de gobernador el próximo año; la Ciudad de México y Jalisco).
En esa lógica el caso de Veracruz es paradigmático pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló la modificación del periodo constitucional que tendrá el gobierno que sea elegido el próximo 5 de junio, el cual será, por única ocasión, de dos años, junto con su Congreso local; esto con la finalidad de homologar el calendario electoral local con el Federal y tener, en el 2018, una nueva elección de gobernador, presidencias municipales, congreso local, pero también diputados federales, senadores y la Presidencia de la República.
El factor del dinero (legal)
La magnitud demográfica de las entidades tiene un peso específico en el acceso a recursos federales; sumas que siempre serían en sí mismas suficientes para atraer a cualquier persona que no necesariamente tenga como propósito servir transparente y honestamente a la población.
El análisis caso por caso revela un absurdo mayúsculo, sobre todo si se compara bis a bis, frente a los datos de la pobreza que existen en éstas y en general en todas las entidades del país.
De acuerdo con la estructura que tiene el Presupuesto de Egresos de la Federación, hay tres grandes Ramos de Gasto que se dirigen a las entidades y municipios: Ramo 28 “Participaciones a las Entidades federativas y los Municipios”; el Ramo 33 “Aportaciones Federales”; y el Ramo 23 “Provisiones salariales y económicas”. Para dimensionar la cuestión, se presentan a continuación los datos oficiales respecto a los recursos de que disponen, y el desastre social que impera en todo el país.
A lo anterior se deben agregar los montos asignados para la llamada “Cartera de proyectos de inversión”, a través de la cual se asignan recursos para infraestructura (generalmente para la construcción, ampliación o rehabilitación de carreteras); así como los recursos de operación federal, el cual se ejerce a través de las Delegaciones de las dependencias federales en cada uno de los estados.
Las sumas son estratosféricas; de acuerdo con los datos del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, en las 12 entidades en las que habrá elección para gobernador el próximo 5 de junio, el Presupuesto de Egresos de la federación tiene aprobados 502 mil 349.7 millones de pesos.
De ellos, 193 mil 315.4 millones de pesos están asignados a través del Ramo 28; 233 mil 873.4 millones de pesos están etiquetados a través del Ramo 33; 18,628 millones de pesos a través del Ramo 28; mientras que 502.34 millones de pesos están asignados para proyectos de inversión.
Al respecto es válido especular. Tómese como ejemplo sólo el caso de los recursos asignados a los proyectos de inversión. Lo que se ha evidenciado sobre el tema es que los “usos y costumbres locales” consisten en el cobro de “moches” y “comisiones” que van del 15% al 45% de los montos asignados a las empresas constructoras. Asúmase una media del 30% y el resultado es que estarían en juego aproximadamente más de 150 millones de pesos en posibles moches y pagos, en la más pequeña de las partidas que se asignan directamente a entidades y municipios.
No es exagerado pensar así; Transparencia Mexicana ha documentado que en México se cometen más de 220 millones de actos de corrupción en el país; mientras que todas las encuestas del INEGI en donde se pregunta por la percepción en torno al grado percibido de corrupción entre las autoridades, los indicadores rebasan siempre el 60% de personas quienes piensan que sus gobernantes son corruptos.
Las recientes filtraciones de llamadas entre políticos también permiten ser suspicaces; así el caso de la supuesta llamada entre el Gobernador de Veracruz y José Murat, en la que se habla de cómo se pagan “deudas con proveedores”, y las cuantiosas sumas que al parecer se utilizan, extraídas de programas sociales clave como el Seguro Popular, uno de los más cuestionados, por cierto, en materia de asignación y criterios de distribución de recursos a las Entidades.
La lucha contra la pobreza: el fracaso
En ninguna de las entidades en que habrá elecciones puede decirse que ha habido políticas exitosas para el combate a la pobreza; los casos en que más avances se tienen son Durango y Zacatecas en donde entre 2010 y 2014, la proporción de personas en pobreza se redujo en 8.11 y 7.9 puntos porcentuales, respectivamente.
En sentido inverso, en Puebla, Quintana Roo, Sinaloa y Veracruz los indicadores muestran que hubo un crecimiento de 3.05, 1.26, 2.7 y 0.43 puntos porcentuales en cada uno de ellos, respectivamente.
En el agregado, si se suma el número de pobres que habitan en las entidades en que hay proceso electoral, se tiene una cifra de 19.88 millones, los que equivalen al 36% del total de pobres que había en el país en el 2014, de acuerdo con el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Es decir, uno de cada tres pobres en el país vive en alguna de las entidades en donde se están disputando las gubernaturas y sus respectivos congresos y presidencias municipales.
En ese tenor, otro dato a destacar es el relativo a la cantidad de personas que, sin ser pobres, son consideradas como “vulnerables por carencia social”, las cuales suman, en las entidades en análisis, un total de 11.83 millones, cifra que representa el 37.5% de las personas consideradas por el CONEVAL como vulnerables en el país.
En síntesis, en estas entidades viven 31.68 millones de personas que son, o pobres o vulnerables. El dato es mayor porque, si existen altos niveles de corrupción (real y percibida); y si existen altos niveles de ignorancia y pobreza, entonces el botín económico que está en disputa también está acompañado de un atractivo botín político que permite perpetuar a las élites dominantes en las regiones en disputa, en los principales cargos de decisión.
El posible uso político de los programas sociales
En México no sólo es válido asumir que se intentará manipular el voto de los electores el próximo 5 de junio. El caso de la última elección de gobernador en Colima es suficiente para pensar que tal como ocurrió ahí, hay prácticas que por lo menos constituyen irregularidades en las entidades en donde se está jugando el todo por el todo para posicionarse rumbo a la “gran elección” del 2018.
Desde esta perspectiva es relevante destacar que, de acuerdo con el CONEVAL, existe una irracional y desordenada cantidad de programas sociales que operan en los estados y en los municipios. En efecto, de acuerdo con el citado organismo, hay más programas que municipios, pues de los primeros se tiene registro de 2,730 programas, que operan en 2,454 municipios que existen en todo el país.
Lo anterior, en medio de un esquema operativo que no cuenta ni con lo más elemental para tomar decisiones apropiadas. Por ejemplo, en Aguascalientes y Puebla, menos del 20% de sus municipios cuentan con Planes de Desarrollo Municipal; en Oaxaca, Tlaxcala y Veracruz los porcentajes son de 25% en los dos primeros y de 30% en el tercero. En Chihuahua el porcentaje llega apenas a 40% y en Hidalgo se alcanza un 45%.
En 2014, el CONEVAL no pudo documentar un solo informe de gobierno municipal en Puebla y en Tlaxcala; en Veracruz sólo los hubo en el 3% de los casos; mientras que en Oaxaca se llega apenas al 10%. Adicionalmente, en Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Durango e Hidalgo, menos del 5% de los municipios disponen de Informes de Cuenta Pública. En Aguascalientes lo tiene sólo 1 de 11.
¿Quién, con base en estos datos, puede garantizar que las elecciones se llevarán a cabo con absoluta transparencia y con pleno apego a la legalidad? Es una pregunta que es legítimo plantear y frente a la cual urge tener respuestas.
Desde esta perspectiva una de las mayores preocupaciones que surgen es cómo vamos a cuidar las manos de las autoridades locales, fundamentalmente estatales, pero más aún, de las municipales, cuando los más de dos mil programas que existen en lo local están caracterizados por una prácticamente absoluta opacidad y ausencia de mecanismos de rendición de cuentas y adecuada fiscalización.
No es de extrañar en esa lógica, la negativa que hubo en el Congreso respecto la aprobación de las leyes relativas al Sistema Nacional Anticorrupción; en ello hubo un absoluto cálculo político y por ello, de aprobarse -que parece es un hecho inminente-, esto ocurrirá sólo hasta que haya pasado el proceso electoral.
Un severo clima de violencia
Los datos del INEGI muestran que entre los años 2005 y 2015 se han cometido en el país un total de 200,509 homicidios. De éstos, 77,367 ocurrieron en las 12 entidades en que se llevarán a cabo elecciones de gobernador es decir, el 38% del total.
Sin embargo, hay cinco entidades que destacan por los elevados niveles de presencia homicida, pues entre ellas concentran 60,383 homicidios en el periodo señalado; éstas son: Chihuahua con 26,587 (13.25% del total nacional); le sigue Sinaloa con 12,362 (6.16% del total); Tamaulipas con 7,333 (3.56% del total); Oaxaca con 7,099 casos (3.54% del total); y Veracruz con 7,002 homicidios (3.49% del total). En síntesis, estas cinco entidades concentran el 30% de los homicidios cometidos en el país entre 2005 y 2015.
Ante estos datos la pregunta es ¿cuáles son los rendimientos económicos del crimen organizado, que resulta tan rentable operar en estas entidades en donde se concentra tal nivel de violencia homicida?
No es fácil estimar cuánto dinero obtiene el narco, la industria del secuestro y la extorsión en estas entidades; pero no es difícil inferir que se trata de territorios en donde las autoridades que se van han mostrado al menos incapacidad (y en otros casos franca connivencia), y que las que llegarán tendrán el reto, en primer lugar de hacer patente que nada tienen que ver con los grupos delincuenciales; y en segundo lugar, que tienen más capacidad que sus predecesores para resolver los problemas que les fueron heredados.
La relevancia del árbitro
El próximo 5 de junio deberán ser instaladas 50,775 casillas electorales, en las que habrán de participar más de 400 mil ciudadanas y ciudadanos. Este elemento es clave, pues el Instituto Nacional Electoral ha logrado en todos los procesos previos, la instalación de la totalidad de las casillas.
En este caso es coadyuvante en los preparativos, y el mayor peso de la responsabilidad recaerá en los Institutos Electorales Estatales, los cuales han sido depurados y en los cuales también el INE ha logrado equilibrar el enorme peso y capacidad manipuladora que ejercían los gobernadores en sus Consejos Generales.
Habrá además alrededor de 3,500 observadores electorales acreditados; por lo que hoy el gran reto se encuentra en mantener la capacidad de arbitraje e imparcialidad de las autoridades locales, pues de ello dependerá continuar abonando a la credibilidad que el INE ha logrado acreditar en las últimas dos décadas.
Comentario final
En ninguna de las campañas electorales que están en marcha se han escuchado propuestas de cambio estructural respecto de las oprobiosas condiciones de desigualdad, pobreza y marginación que se vive en ellas.
Los diagnósticos de la UNAM (Informe sobre el Desarrollo, 2015); de la CEPAL (Horizontes 2030); y del PNUD (Informe sobre el Desarrollo Humano, 2015) contienen evidencia que no deja lugar a dudas: a México le urge un nuevo curso de desarrollo, capaz de generar un quiebre en las disparidades e injusticias que nos caracterizan.
Lamentablemente ninguno de las o los candidatos a gobernador que están en campaña han planteado un discurso coherente con tales urgencias; por lo que lo esperable es que, sea cual sea el resultado, tendremos mayoritariamente, una nueva dosis de más de lo mismo.
@saularellano
Artículo publicado originalmente en la revista “Newsweek” el 27 de mayo del 2016
