Bajo la consigna Maquiavélica de que, “el fin justifica los medios”, y su peculiar forma autoritaria de ejercer el poder, el presidente Andrés Manuel López Obrador, revivió un viejo modelo de elección para este 2 de junio: La elección de Estado.
Escrito por: Ruth Zavaleta Salgado
Por “Elección de Estado” se entiende aquella en la cual, el titular del Poder Ejecutivo, intervenía en el proceso electoral para favorecer las candidaturas de su partido. Desde 1934 hasta 1994, el Presidente en turno, ejerciendo funciones metaconstitucionales, destapaba a quien lo sucedería en la presidencia de la República, y seleccionaba a los candidatos a diferentes cargos de representación popular del nivel federal o local (de entre los sectores previamente corporativizados: el obrero, el campesino y hasta el militar). Después, intervenía en la organización y calificación de las elecciones. De esta forma, garantizaba, por las buenas o por las malas (sometiendo a los opositores), que su partido ganara todo. Este formato permitió que, durante varias décadas, se impusiera un partido oficial hegemónico y no hubiera democracia plena en México.
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Después del fraude electoral de 1988, y bajo la presión de la movilización ciudadana, se aprobó la creación del IFE (hoy INE) y el Tribunal Electoral para que ejercieran el papel de árbitros electorales, que organizaran y calificaran las elecciones, y que garantizaran la libertad de la voluntad política de los ciudadanos, para que no hubiera duda sobre la legitimidad de la representación política.
Sin embargo, hoy, después de 30 años, reapareció el viejo modelo de “Elección de Estado” por la ilegal intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador en el actual proceso electoral. Paradójicamente, él ganó la titularidad del Poder Ejecutivo en el 2018, con un amplio margen de votos, y, por ende, una gran legitimidad política.
Pero, desde que asumió la presidencia, ante el fracaso de someter al INE, inició una guerra feroz en su contra e intentó aniquilarlo, pero fue frenado por el surgimiento del Movimiento de la Marea Rosa y por la decisión de los Ministros de la SCJN. Antes, Morena trato de “colonizarlo” por medio del nombramiento de consejeros y consejeras “a modo”, pero tampoco pudo someterlo. Ahora, aun cuando hay una nueva titular del Consejo, sigue denostando la función del INE, y se burla de sus restricciones. De esta forma, desde sus conferencias mañaneras, impulsó, ilegalmente, la candidatura de Claudia Sheinbaum, y descalificó a la candidata de oposición, Xóchitl Gálvez. Más aún, emprendió una guerra personal en contra de ella y de los partidos que la apoyan, sin que el INE logrará contenerlo.
En ese contexto, hoy, 29 de mayo, es el último día de campaña del proceso electoral más largo que hemos vivido las y los mexicanos, porque a pesar de lo que dice la Ley Electoral, el presidente de la República y el partido de Morena, ilegalmente, comenzaron el proceso desde junio del año pasado. Primero, simulando una contienda interna, para elegir, mediante encuestas, a un supuesto coordinador de Morena. Eso le dio a ese partido una ventaja visible frente a la oposición del PRD, PAN y PRI, que, después de un proceso democrático, se decidieron por la candidatura de Xóchitl Gálvez.
Es de esta forma, que este proceso electoral, siendo el más grande después del 2021, porque se van a elegir 629 cargos federales: Presidenta de la República, 500 Diputados y 128 Senadores; y, 19, 746 cargos locales, entre los que se encuentran, 9 gubernaturas, 1803 presidencias municipales y 1098 diputaciones locales, es también, una elección de Estado. No sólo por las temerarias expresiones verbales del Presidente en las conferencias matutinas; o la cooptación o sometimiento de última hora de candidatos de otros partidos; sino por los 27 millones de personas que reciben transferencias directas del presidente de la República, para sobrevivir en un país con inflación, con insuficiente inversión, sin empleos dignos, con crecimiento de la pobreza extrema, la inseguridad, la violencia homicida, las desapariciones forzadas y la extorsión.
Pero, a pesar de todo esto, la apuesta del presidente López Obrador, no es solo volver a ganar la presidencia de la República, sino ganar la mayoría calificada del Congreso de la Unión y de los Congresos locales, para poder hacer lo que no pudo en el segundo trienio de su mandato, reformar la Constitución y destruir a las instituciones de la democracia porque las considera sus enemigas, por ejemplo, el INAI, o el Poder Judicial. Además, otras 20 iniciativas de reformas constitucionales ingresadas en la Cámara de Diputados, que aspira que le aprueben, porque son parte del legado autoritario que pretende heredar a la próxima presidenta de la República, y porque le significan blindaje a su opaco ejercicio de gobierno.
Esto lo podría lograr si su partido y aliados alcanzan la mayoría calificada el 2 de junio, porque después de la toma de protesta de los legisladores que conforman el nuevo poder legislativo, le quedará un mes para concluir su cargo.
Por otra parte, si morena y aliados no logran la mayoría calificada en el Congreso de la Unión, no solo no podrá reformar la Constitución, sino que, si Claudia gana, tendrá mucha dificultad para cubrir los malos resultados de su administración, peor aún, si gana Xóchitl, tendrá que enfrentar otros escenarios. Y, precisamente, eso es lo que quiere evitar el Presidente, por eso optó por una elección de Estado, porque, aunque su candidata crea que “este arroz ya se coció”, tres campañas presidenciales, le han servido para saber que, “en política nada está escrito”. Ya lo experimentamos en 1988. Por otra parte, desde el año 2000, ningún partido que gana la Presidencia, ha logrado la mayoría calificada en el congreso de la Unión, menos cuando hay grandes probabilidades de perder 6 de las 9 gubernaturas en juego.
¡Nos vemos en las urnas este 2 de junio¡
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