Elecciones desafiadas por la violencia

Por varias razones el proceso de las elecciones que culminará con la votación en las urnas el domingo 2 de junio, es un fenómeno político que no habíamos vivido los mexicanos. Por primera vez en la historia político-electoral contemporánea, las dos grandes coaliciones políticas que competirán por la presidencia de la República con posibilidades de ganar, están representadas por mujeres; además, también, por primera vez, tanto el Instituto Nacional Electoral como el Tribunal de Justicia Electoral están encabezado por las mujeres. Un reto, sin lugar a dudas, excepcional toda vez que el número de cargos a elegir superará a los electos en el 2018 y en el 2021. De esta forma, en este proceso electoral se van a elegir 20, 375 cargos, de los cuales, 629 son federales y 19, 729 locales. Esto implica que más de 270 mil  candidatos, hombres y mujeres, estarán compitiendo por alguna representación popular.

Escrito por:  Ruth Zavaleta Salgado

No obstante el gran número de personas que van a contender por un cargo,  la elección, en sí misma, no implicaría un desafío mayor para las instituciones electorales que ya tienen experiencia para enfrentar este tipo de procesos, lo verdaderamente retador son otros factores que impactan negativamente el desarrollo de la contienda, por ejemplo, los problemas de violencia política y violencia en general que se han presentado de manera creciente desde el 2018.

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No es que antes no hubiera violencia política, sino que hay un mayor número de eventos violentos a partir de la mayor concentración de cargos a elegir, toda vez que,  desde la reforma electoral del 2007, prácticamente se han homologado a dos elecciones, las más de 40 que se realizaban en cada  sexenio: la presidencial y la intermedia. En la primera  coinciden el cargo del titular del poder ejecutivo federal algunas gubernaturas y las senadurías; y en la intermedia, las otras gubernaturas y aquellos cargos que caducan cada tres años, como las diputaciones federales y  locales y las presidencias municipales.

Por otra parte, ha crecido la violencia política en contra de las mujeres, esto también tiene una razón de ser. Hay un  número  mayor de eventos violentos en contra de las mujeres a partir de la reforma constitucional de paridad. Es decir, entre mayor número de mujeres compiten por el poder político, mayor es el número de posibles afectadas. En tercer lugar, la violencia política concentra mayor número de víctimas mortales en el ámbito municipal. Al respecto, Integralia Consultores, reportó que en el proceso electoral del 2020-2021, hubo 179  víctimas mortales de las cuales, 36 eran aspirantes o candidatos, y de estos,  23 buscaban la presidencia municipal.  

Esto último se puede explicar si lo relacionamos  con la violencia en general, toda vez que, ésta, se origina por la disputa del territorio de algunos grupos criminales, es decir, quieren los espacios de poder político para operar desde las instituciones. En ese contexto, los datos de Causa en Común A.C. son muy reveladores sobre los  lugares en donde, potencialmente, se pueden presentar eventos violentos durante el proceso electoral, toda vez que, mediante las notas periodísticas, hacen un seguimiento puntual a lo que han denominado “crímenes atroces” (un tipo de crimen  “macabro” y más allá de lo violento, por ejemplo, las masacres). De esta forma, en 2023, identificó al menos 226 masacres, con un mayor número de registros en Guanajuato, seguido de Guerrero y Zacatecas. Al respecto, ni el gobierno federal ni los estatales, han publicado ninguna estrategia especial para blindar el proceso electoral en esos Estados, pero es obvio que se requiere una fuerte coordinación entre las instituciones electorales, los partidos políticos y las autoridades de los tres niveles de gobierno para garantizar que los ciudadanos puedan ejercer su libertad política para poder votar y ser electos.

Por si fuera poco, estos no son los únicos factores que impactarán el proceso electoral. En el contexto internacional, también habrá elecciones en más de 60 países y  uno de ellos es el de Estados Unidos de América (EUA). Por la vecindad y los problemas que se comparten entre los dos países, ya existe un impacto mutuo por estos procesos. La migración y el tráfico de drogas son los dos factores más relevantes. En el primer caso, el incremento de flujos migratorios  de personas de diferentes nacionalidades que ingresan desde la frontera sur de México, obligó a que los dos gobiernos trabajen conjuntamente en la contención y deportación de miles de migrantes que quieren o logran cruzar la frontera norte. Sin embargo, las acciones emprendidas en México no han sido suficientes y el flujo de personas sigue creciendo. Este fracaso  le afecta negativamente al actual presidente de EUA que quiere reelegirse y que tiene que enfrentar las campañas y hasta las acciones radicalizadas de los republicanos a partir del problema migratorio, pero también a México le afecta este flujo creciente de migrantes que se antoja incontenible y que requiere una política pública que el presidente López Obrador nunca realizó. Respecto al tráfico de drogas, es obvio el fracaso de las acciones emprendidas por los dos gobiernos, uno para frenar el uso y abuso de estupefacientes y otro para evitar su producción.

Tal y como se observa, son grandes los desafíos que tienen que enfrentarse en este periodo electoral, lamentablemente, todo parece indicar que para el presidente López Obrador hay otros temas de mayor relevancia, por ejemplo, seguirse peleando con el Poder Judicial, toda vez que, ya anunció que ni siquiera va a ir a Querétaro el 5 de febrero a conmemorar el aniversario de la Constitución de 1917, sino que insiste en que presentará “la madre de todas las reformas constitucionales” con la que pretende someter a los Ministros y Jueces y que no es mas que una nueva forma de hacer campaña ilegal para su candidata y su partido, porque bien que sabe que no tiene la mayoría calificada en el Congreso de la Unión para lograrlo.

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