En defensa de la asistencia social

México carece de un sistema de información que dé cuenta de la magnitud del número de personas en situación de vulnerabilidad o vulnerabilidad extrema. No sabemos cuántas personas requieren de cuidados especiales en la vejez, cuántas sobreviven en las calles; y tampoco tenemos conocimiento preciso de las situaciones extremas en que viven niñas, niños y adolescentes que carecen de todo y que han sido abandonados por todos

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Por ello es importante asumir la discusión abierta por el equipo de transición del virtual presidente electo, respecto de lo que debe ser la política de asistencia social. En esa lógica, lo primero que debe decirse es que el anuncio de que el Sistema Nacional DIF será “asumido” por la Secretaría de Salud resulta equívoco, pues la asistencia social actualmente ya forma parte integral del Sector Salud: los artículos 2º y 3º de la Ley General de Salud (LGS) establecen que la asistencia social un servicio de salud y también es materia de salubridad general.

Por su parte, las Fracciones III y IV del Artículo 6º de la LGS establecen como objetivos del Sistema Nacional de Salud en materia de asistencia social: “Colaborar al bienestar social… principalmente a menores en estado de abandono, ancianos desamparados y minusválidos (sic), para… propiciar su incorporación a una vida equilibrada en lo económico y social; dar impulso al desarrollo de la familia y de la comunidad, así como a la integración social y al crecimiento físico y mental de la niñez…” Asimismo, el Artículo 27 de la Ley establece que la asistencia social es uno de los tres tipos de servicios de Salud que debe prestar el Estado mexicano.

Por lo anterior, el artículo 167 define a la asistencia social como: “el conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan al individuo su desarrollo integral, así como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, desprotección o desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva”.

Como puede verse, la asistencia social no puede ser vista como una actividad “accesoria” del gobierno; sino que debe ser recuperada como uno de los ejes rectores de la política social.

Si el Sistema Nacional DIF se ha desdibujado en las últimas décadas, no es porque su actividad sea irrelevante, sino porque sus agendas dejaron de tener prioridad pública; dos de ellas son paradigmáticas: se abandonó la asistencia a niñas, niños y adolescentes en situación de calle o abandonados; y la plena incorporación al desarrollo de las personas con discapacidad, se redujo a servicios de rehabilitación y terapia física.

Por otro lado, la asistencia y garantía del envejecimiento activo para las personas adultas mayores se vio reducida a festivales y torneos de cachibol; se abandonó la rectoría del Estado sobre los centros asistenciales; y tareas como el directorio de instituciones de asistencia social o la generación de estadísticas y conocimiento sobre grupos vulnerados simplemente se dejaron en el abandono.

La Ley General de Víctimas asigna importantes responsabilidades al Sistema DIF; y en general, la tarea que se realiza a nivel municipal es la diferencia entre la segregación social y la posibilidad de una protección mínima para miles de personas.

Difícilmente puede encontrarse en México una institución que tenga mayor presencia territorial que el DIF; su personal, a nivel de campo es de los que tienen mayor identidad y experiencia, pero también sensibilidad social; por lo que prescindir de todo ello sería un error.

La asistencia social es la primera política social que tuvo nuestro país; es quizá la de mayor historia y profundidad en el impacto que generan sus intervenciones. Sin duda debe renovarse y potenciar sus capacidades; pero ello no se va a lograr simplemente reduciéndola a una nueva dirección o subsecretaría de Salud. Ojalá que esta medida sea una en la que se pueda rectificar.

Investigador del PUED-UNAM

Twitter: @MarioLFuentes1