por Mario Luis Fuentes
Sólo 6.1% de la población ocupada percibe más de cinco salarios mínimos al mes. En 2014, 45% de la población mayor de 16 años nunca había cotizado a la seguridad social; 30% de las viviendas no tiene lavadora; 35% de la población mayor de 15 años está en rezago educativo, mientras que 28% de quienes trabajan deben hacerlo más de 48 horas a la semana para lograr subsistir.
El día de ayer, 20 de febrero, se conmemoró el Día Mundial de la Justicia Social, una fecha de suma relevancia para nuestro país, porque seguimos teniendo un modelo de desarrollo que no ha sido capaz de tres cuestiones fundamentales: 1) garantizar crecimiento sostenido, 2) diseñar un modelo de distribución de la riqueza equitativo y 3) romper con los ciclos intergeneracionales de reproducción de la pobreza.
Frente a esta compleja situación, los umbrales que hemos definido para medir la pobreza, la cohesión y el rezago social siguen siendo muy bajos, incurriendo en uno de los clásicos errores de la política pública: dimensionar los problemas con indicadores engañosos, no por su diseño o construcción, sino porque se les atribuye la capacidad de medir o reflejar una problemática específica.
Así, medimos el nivel de afiliación a servicios de salud, pero no la calidad y la oportunidad en la prevención, la detección y el tratamiento de las enfermedades; medimos la matriculación escolar, pero no se avanza en la cuestión de su calidad y pertinencia; medimos la cobertura de tuberías (en el caso del agua potable), pero no la dotación diaria y de calidad de agua limpia, y suma y sigue…
Lo paradójico del asunto es que, aun con esos umbrales tan bajos, las cifras son dramáticas, como se muestra a continuación.
El rezago social
El Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social (CONEVAL) dispone de datos sobre marginación al año 2015, construidos con base en la Encuesta Intercensal, 2015, que elaboró el INEGI. En ella se muestra que, 5.49% de la población mayor de 15 años (mayoritariamente entre las mujeres) seguía siendo analfabeta y que 35.3% de la población mayor de 15 años no había concluido la educación básica.
Asimismo, 17.8% de la población carecía en ese año de afiliación a alguno de los sistemas públicos (21.7 millones de personas), 2.5% de las viviendas (800 mil, en las que habitan alrededor de 4 millones de personas) tienen piso de tierra y 2.83% de las viviendas no dispone de excusado. De igual manera, 5.20% (cerca de 1.66 millones) de las viviendas no dispone de agua potable y casi 20% (cerca de 6.20 millones) dispone de tubería en el terreno, pero no al interior de sus cuartos; 6% no dispone de drenaje (alrededor de 1.9 millones) y 1% no dispone de energía eléctrica.
Adicionalmente, es importante considerar que 30.45% de las viviendas carecía de lavadora y 14.7% de refrigerador, en un país en el que 7.3 de cada 10 horas del trabajo doméstico no remunerado lo realizan las mujeres. Estos datos pueden dar cuenta de las profundas inequidades que se mantienen no sólo a nivel social, sino al interior de los hogares, en la distribución de las cargas de trabajo y responsabilidades.
Otros indicadores
La clave del desarrollo se encuentra, entre otros factores, en la construcción de una economía capaz de generar empleos dignos, es decir, que pague salarios realmente remuneradores y que dé acceso a la seguridad social. En ese sentido, destacan los “indicadores complementarios” del CONEVAL.
El primero de ellos es el dato relativo a que 45% de la población de 16 años y más nunca había cotizado a la seguridad social en el año 2014; 37% de la población asalariada que no cuenta con AFORE o sistema de ahorro para el retiro; o el dato respecto de que únicamente 15% de la población ocupada o asalariada cuenta con la prestación de guarderías.
Destaca además que, en 2014, 12% de las viviendas no contaban con servicio de recolección de basura, por lo que la arrojaban a algún baldío, la quemaban o la arrojaban a algún río, arroyo o al mar.
Los datos del INEGI
El INEGI dio a conocer, con motivo del Día Mundial de la Justicia Social, un boletín en el que destaca que una de las características del mercado laboral es su tendencia a la informalidad. En efecto, según sus datos, 57.4% de la población ocupada es considerada como “laboralmente vulnerable”, pues trabajan, la mayoría, en micronegocios no registrados, o abiertamente en el sector informal. La tasa en las mujeres es mayor que entre los hombres, pues entre ellas es de 58.2%, mientras que entre los varones asciende a 56.8%.
Otro indicador de la precariedad laboral es el relativo a que 28.4% de la población ocupada labora más de 48 horas a la semana, lo cual se vincula con los muy bajos ingresos que se obtienen por el trabajo; el INEGI lo explica como sigue: “al tercer trimestre de 2016… la mayor proporción de ocupados (26.2%) percibe más de uno y hasta dos salarios mínimos (SM); uno de cada cinco ocupados (21%) recibe más de dos y hasta tres SM; 15.1% percibe hasta un salario mínimo; 7% de los ocupados lo está sin percibir ingresos; y solo 6.1% percibe más de cinco SM. Del total de ocupados, 11.9% no especificó su salario”.
*Columna publicada con el mismo nombre en el periódico Excélsior, 21-febrero-2017, p.16.
