La crisis que enfrenta la sociedad mexicana como producto de la pandemia del Covid-19 exige tomar medidas urgentes que protejan de la manera más amplia posible a las familias mexicanas. En este contexto, uno de los temas olvidados es el relativo a la salud mental de la población, y particularmente de las niñas, niños y adolescentes.
México Social/Mario Luis Fuentes. Puedes seguir al autor en Twitter: @MarioLFuentes1
De manera sorprendente, no se percibe una estrategia ni nacional ni regional dirigida a explicar a las niñas y niños qué está pasando con el COVID-19 ; cómo procesar este difícil momento; y también, llegado el momento, cómo regresar a la normalidad de una vida cotidiana en la que habrá, muy probablemente, más pobreza y más desigualdad.
Desde esta perspectiva, es urgente poner atención a indicadores como el relativo a la violencia que se perpetra al interior de las familias, y que en la estadística delictiva del país se expresa en cuatro categorías: a) violencia familiar; b) violencia de género distinta a la violencia familiar; c) incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar; y d) otros delitos contra la familia.
Los datos por segmento
De acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre los meses de enero y febrero de este año, se iniciaron 33,645 carpetas de investigación por el delito de violencia familiar; esta cifra implica un promedio diario, considerado que febrero tuvo 29 días, de 560.75 denuncias, o bien un promedio de 23.3 por hora.
A esa suma se suman 3,686 casos más por el delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, en las que la mayoría se derivan del no pago de pensiones alimenticias. La cifra mencionada implica un promedio diario de 61.4 casos por día, y de 2.55 casos por hora.
En el apartado de “otros delitos contra la familia”, el SESNSP cuenta con un registro de 2,077 denuncias, lo que equivale a un promedio de 34.61 casos al día; mientras que, por el delito de violencia de género distinta a los otros delitos contra la familia, se contabilizaron 482 casos, es decir, un promedio de 8 denuncias por día.
Las entidades con los peores datos
De acuerdo con las estadísticas de incidencia delictiva del SESNSP, hay 14 entidades del país en las que, en el primer bimestre del año se rebasaron las mil denuncias, en cada una de ellas, por el delito de violencia familiar. La que tiene la cifra más elevada es la Ciudad de México, con 4,546 casos; en segundo lugar, se encuentra Nuevo León, con 2,570; en tercer sitio se ubica el Estado de México, con 1,879 casos; en cuarto lugar está Jalisco, con 1,728; y el estado de Guanajuato se ubica en quinto sitio, con 1,640 casos.
En orden descendente, a estas entidades les siguen: Baja California, con 1,639 denuncias por el delito señalado; Chihuahua, con 1,553; Coahuila, con 1,542; Veracruz, con 1,538; Puebla, con 1,533; San Luis Potosí, con 1,243; Tabasco, con 1,165; Oaxaca con 1,073; y Tamaulipas, con 1,042.
Esta distribución en el número de casos denunciados debe ser vista en contraste con la densidad de población de cada una de las entidades, pero también, de sus marcos jurídicos, y de sus aparatos de procuración e impartición de justicia, pero también de las instancias de protección de las familias, como son las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Desde esta perspectiva, un mayor número de denuncias no necesariamente implica por definición mayores condiciones de violencia, aunque no deja de ser indicativo de una problemática por demás innegable.
En medio de la crisis del COVID-19
Vienen semanas de confinamiento, en pésimas condiciones de marginación y hacinamiento para millones de familias y hogares. En esa lógica, es urgente que el SIPPINA diseñe una estrategia emergente que garantice las mejores condiciones de salud mental para las niñas, niños y adolescentes; y que se reactive al Sistema Nacional DIF para dar acompañamiento a las familias más vulnerables ante esta dura coyuntura.
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