El grave error de no realizar la Encuesta Intercensal

La planeación del desarrollo en México está estrechamente vinculada a la disponibilidad de información estadística de calidad, actualizada y confiable. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el Estado tiene la obligación de garantizar el desarrollo integral y equitativo del país, promoviendo el bienestar de toda la población.

Escrito por:  Saúl Arellano

Sin embargo, esta tarea titánica no puede realizarse sin herramientas adecuadas para diagnosticar, monitorear y evaluar las condiciones socioeconómicas de los habitantes. En este contexto, la Encuesta Intercensal, programada para el año 2025 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), es un instrumento fundamental. Sin embargo, debido a razones presupuestales, se ha anunciado su cancelación, lo que representa un grave error con implicaciones profundas para la planeación del desarrollo y la implementación de políticas públicas en México.

La Encuesta Intercensal se realizó en 2015, en sustitución del Conteo de Población y Vivienda, el cual se había venido realizando desde 1995, a mitad del periodo entre dos censos de población y vivienda; su objetivo era actualizar información clave sobre las características demográficas, económicas y sociales de la población mexicana. Este ejercicio permitía identificar cambios en tendencias poblacionales, condiciones de vivienda, educación, empleo y acceso a servicios básicos, entre otros aspectos. Como se observa, se trata de un instrumento crucial para actualizar diagnósticos, identificar desigualdades y otras agendas y problemáticas emergentes y reorientar estrategias de desarrollo en los ámbitos local, estatal y nacional.

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La no realización de esta encuesta equivale a navegar un barco con una brújula desactualizada. Sin datos actualizados, los tomadores de decisiones operarán en un contexto de incertidumbre, lo que podría derivar en diagnósticos erróneos y asignaciones inadecuadas de recursos públicos. Además, se pone en riesgo el cumplimiento de los objetivos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y en los planes estatales y municipales.

La planeación del desarrollo, como está concebida en la Constitución, implica el diseño de políticas públicas que reduzcan las brechas de desigualdad, promuevan la equidad social y fortalezcan el crecimiento económico. Estas políticas requieren diagnósticos basados en datos precisos y actualizados, lo cual solo es posible mediante instrumentos estadísticos como la Encuesta Intercensal.

Por ejemplo, se dificultará evaluar el impacto de programas sociales dirigidos a combatir la pobreza y la marginación. También se comprometerá el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, a los cuales México se ha comprometido internacionalmente. Sin datos recientes, será imposible medir avances en indicadores clave como la reducción de la pobreza extrema, el acceso a educación de calidad o la cobertura de servicios de salud.

La cancelación de la Encuesta Intercensal también afectará directamente la distribución de recursos federales a los estados y municipios. La Ley de Coordinación Fiscal establece que ciertos fondos, como el Fondo General de Participaciones y el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, se asignan en función de indicadores poblacionales y socioeconómicos. Si estos datos no se actualizan, las asignaciones podrían estar desfasadas, perjudicando a entidades y municipios con cambios significativos en su composición poblacional o en sus niveles de marginación.

Asimismo, la ausencia de información actualizada limitará la capacidad del Estado para responder de manera efectiva a emergencias sociales y económicas. La pandemia de COVID-19 demostró la importancia de contar con datos oportunos para diseñar estrategias de respuesta rápida y focalizada. Sin la Encuesta Intercensal, el país quedará menos preparado para enfrentar contingencias futuras.

La información estadística no solo es fundamental para el diseño y evaluación de políticas públicas, sino también para fomentar la transparencia y la rendición de cuentas. La Encuesta Intercensal permite a la sociedad civil, a la academia y a los medios de comunicación acceder a datos actualizados que pueden ser utilizados para monitorear el desempeño gubernamental y promover la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones.

Además, los datos generados por esta encuesta son una herramienta indispensable para la investigación académica y el análisis estadístico, que contribuyen a la generación de conocimiento y al fortalecimiento de las capacidades nacionales en diversos campos.

Ante la posibilidad de que la Encuesta Intercensal 2025 no se lleve a cabo, es imperativo explorar alternativas para mitigar los impactos negativos. Una opción sería priorizar la ejecución de encuestas temáticas en áreas clave, como educación, salud y empleo, para obtener datos parciales pero significativos. Otra medida podría ser fortalecer la colaboración con instituciones académicas y organizaciones internacionales para el levantamiento de encuestas especializadas.

Asimismo, es crucial garantizar un presupuesto adecuado para el INEGI, permitiéndole cumplir con su mandato constitucional de generar estadísticas nacionales de alta calidad. La sociedad civil, los medios de comunicación y los sectores académicos deben abogar por la realización de esta encuesta, destacando su relevancia para la toma de decisiones informada.

La cancelación de la Encuesta Intercensal 2025 es un error de proporciones significativas que comprometerá la planeación del desarrollo en México. Sin información actualizada y confiable, el país corre el riesgo de implementar políticas públicas basadas en datos obsoletos, perpetuando desigualdades y limitando el impacto de los programas sociales.

Es fundamental reconocer que la información estadística es un bien público que sustenta la democracia, la transparencia y el progreso social. Por ello, la realización de la Encuesta Intercensal no debe considerarse un gasto, sino una inversión indispensable para el desarrollo integral de México. Lamentablemente no se consideró prioritario garantizar su ejecución en 2025 con lo que se abona a incrementar las dificultades para un futuro más equitativo y sostenible.

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Investigador del PUED-UNAM

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