Estamos prácticamente a un mes de que se lleve a cabo la elección de presidente de la República y del Congreso de la Unión, así como de nueve gubernaturas y más de 3 mil cargos locales de elección popular
En esa tremenda disputa, las encuestas se han convertido en un instrumento más de las campañas, bajo la hipótesis de que la publicación de sus resultados puede incidir en el ánimo y la decisión de la ciudadanía en torno a quién otorgarle la confianza para la toma de decisiones, vía el sufragio.
Es interesante en ese sentido observar que las encuestas siguen siendo consideradas como el instrumento de mayor capacidad para obtener información, de todo tipo, con altos niveles de confiabilidad, excepto en el terreno político.
Por ejemplo, uno de los ejes de generación de información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) es su sistema de encuestas: las regulares, las especiales y los módulos específicos que se levantan con temas de prioridad nacional en el marco de otras encuesta, y nadie en su sano juicio podría cuestionar su solidez metodológica, desde el diseño muestral, conceptual, proceso de levantamiento y emisión de resultados.
Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el Instituto Nacional de Salud Pública, el cual diseña y levanta encuestas de altísima calidad y confiabilidad, como lo es la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENSANUT).
Frente a ello surge entonces la pregunta: ¿por qué el ámbito electoral es el único en el que se dan discrepancias tan marcadas y por qué los resultados son mayoritariamente fallidos?
Al respecto hay dos posiciones: una, en la que se dice que lo relevante para el mercado de encuestas electorales es que la mayoría “acierten” en el sentido del voto y que resulte ganador el candidato que se decía que era el de mayores probabilidades de triunfo.
La otra, es la que sostiene que el problema de fondo está en que no hay una adecuada regulación ni seguimiento y supervisión de quién paga las encuestas, cómo lo hace y con qué interés lo hace.
El caso de Massive Caller resulta paradigmático en este proceso: la empresa ha sido severamente cuestionada, no sólo en su metodología, sino también en su objetividad, pues se le ha acusado de recibir contratos de la campaña de Ricardo Anaya.
El asunto es serio: la acusación y la crítica provienen de otros directores de empresas de estudios demoscópicos, fundamentalmente las que forman parte de la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación (AMAI).
Así las cosas, es importante destacar que incluso entre esas casas encuestadoras los resultados son divergentes. Por ejemplo, la encuesta publicada el día de ayer, 30 de mayo, por el Periódico Reforma, le da a López Obrador un 52% de intención de voto, 26% a Anaya y 19% a Meade.
La última encuesta publicada por Consulta Mitofsky, también del mes de mayo, le da a López Obrador una intención de voto de 44.5%, a Anaya de 28% y a Meade de 19.8%.
Por su parte, Parametría le da 39% a López Obrador, 25% a Anaya y 14% a Meade, y la encuesta de El Universal, levantada por Berumen y Asociados, le da a López Obrador 42% de intención de voto, 31.1% a Anaya y 21.9% a José Antonio Meade.
Como se observa, entre la encuesta de Reforma y la última publicada por El Universal, hay prácticamente 10 puntos de diferencia en lo estimado para el puntero, de casi ocho puntos respecto de Mitofsky y de 13 puntos respecto del resultado de Parametría.
Entonces, si las encuestas nos dicen que el nivel de confianza es de 95%, y con márgenes de error de +-3 puntos porcentuales, y si además nos muestran resultados “consistentes” en el tiempo de sus propias encuestas, solo hay una conclusión posible: alguien está, otra vez, rotundamente equivocado en sus resultados. Ya sabremos el 1º de julio quién fue.
