por Mario Luis Fuentes
A lo largo de los últimos años, México fue surcado por nuevos y caudalosos ríos de violencia que inundaron prácticamente todo el paisaje social. Desde esta mirada constituye un grave error pensar que la violencia se expresa únicamente en los homicidios perpetrados en los enfrentamientos que se dan entre las bandas del crimen organizado.
La violencia se ejerce todos los días en contra de mujeres, niñas y niños; en contra de personas con algún tipo de discapacidad; en contra de adultos mayores, de migrantes, de personas hablantes de alguna lengua indígena, además de la violencia provocada por actos discriminatorios tales como la homofobia o la xenofobia.
Hay, además, violencias estructurales generadas por el modelo económico y las mecanismos, algunos incluso institucionalizados, de reproducción de la desigualdad, la concentración del ingreso y la perpetuación de la pobreza y el rezago social. Tal es el caso de las más de 8 mil muertes que año con año se provocan a causa de la desnutrición.
En la misma tesitura se encuentran las más de 50 mil muertes anuales por causas accidentales, o los más de 4,500 decesos por suicidio que se presentan cada año. En una categoría aun de mayor complejidad por sus implicaciones en términos de injusticia social se encuentran las muertes de casi mil mujeres cada año a causa del parto o por secuelas de infecciones o complicaciones durante el parto, así como las más de 30 mil muertes infantiles que se presentan anualmente, de las cuales se estima que hasta el 20% constituyen muertes en exceso evitables.
La violencia que se ejerce en contra de las mujeres tiene diversas aristas; desde la violencia física hasta la psicológica y la sexual, cuyas expresiones más crudas se encuentran en crímenes como la explotación sexual comercial y la trata de personas perpetrada en contra de niñas, niños y adolescentes. Sólo para dimensionar la magnitud de esta problemática, basta con señalar que, según el diagnóstico presentado por el Procurador General de la República, el mes de diciembre pasado, los delitos sexuales se incrementaron en prácticamente el 100% en los últimos 6 años.
Según la Encuesta Nacional de Victimización, en México se cometieron en 2011, alrededor de 22.5 millones de delitos, de los cuales, en más del 87% de los casos no hubo denuncia ante la autoridad; y de los que sí fueron denunciados, únicamente en cerca del 65% de los casos se inició una Averiguación Previa.
Lo anterior nos sitúa frente a un panorama inaceptable de impunidad, porque, si hay un factor que lleva al incremento del conflicto social y de la violencia en contra sobre todo de las y los más vulnerables, es precisamente la existencia de una autoridad que en los últimos años se mostró ineficaz en su responsabilidad de garantizar la seguridad y la integridad física y del patrimonio de la población.
Desde esta perspectiva, desde México Social asumimos que no sólo es necesaria una radical transformación de las estrategias de seguridad pública, sino ante todo, una nueva visión, construida desde la noción de la seguridad ciudadana y el respeto irrestricto de los derechos humanos, tal y como lo exigen las reformas constitucionales relativas al Principio “Pro persona” y a la garantía de todos los derechos y mecanismos de garantía establecidos en los Tratados, Acuerdos y Convenciones ratificados por el Estado Mexicano.
Transitar hacia una sociedad sin violencia exige como contrapartida optar por una política pública capaz de cimentar la construcción de una profunda cultura para la paz, para la solidaridad y para una nueva ética pública de respeto y cumplimiento del orden constitucional, y en general, de todo el conjunto de leyes que nos hemos dado para vivir en cordialidad.
La violencia es el principal factor de disolución de las sociedades; por ello, no podemos correr el riesgo de convertirnos definitivamente en un Estado incapaz de aplicar la Ley, porque en ello se juega su legitimidad y la posibilidad de consolidar un régimen democrático, justo e incluyente de todas y todos.•
