Enero 2014

Siete de cada 10 personas hablantes de lenguas indígenas son pobres. Sin duda, este indicador basta para dimensionar la profunda escisión que nos mantiene confrontados y en deuda permanente con quienes forman parte de los pueblos originarios de nuestro país.

Es preciso decir que a 200 años de haber conseguido la independencia nacional hemos sido incapaces de construir un modelo de nación multicultural desde el cual pueda reconocerse la plenitud de portación de derechos de quienes forman parte de las comunidades indígenas, sino también la diversidad idiosincrática y aspiracional que existe en todo el territorio nacional.

En el año 2000 se llevó a cabo la que se consideraba hasta ese momento la más amplia reforma en materia de derechos de los pueblos indígenas, la cual, a casi 15 años de su promulgación se revela ya como insuficiente y a todas luces como incompleta si se considera la visión y opinión de quienes viven las más intensas carencias.

A un año de la presente administración, y habiéndose concretado reformas constitucionales de la mayor relevancia, habría que asumir también el reto de construir una nueva propuesta de reforma a todo nuestro marco jurídico, que sea mucho más abarcadora y que permita resolver, de una vez por todas, la inmensa deuda histórica que mantiene el Estado mexicano respecto de los pueblos originarios.

A la par de una modificación legal como la que se plantea, haría falta también una renovada estrategia de desarrollo, sustentada en el respeto irrestricto del derecho a la consulta y participación de los pueblos y comunidades indígenas, así como el diseño de nuevas estructuras institucionales capaces de revertir los rezagos y carencias históricas que prevalecen.

Haría falta la reconstrucción del sistema educativo nacional, reconociendo en primer lugar que somos una nación pluriétnica y plurilingüística, y que todo modelo pedagógico que se diseñe para su aplicación en los territorios indígenas debería garantizar tanto el derecho a la protección y conservación de la lengua materna, como el derecho a pensar y vivir bajo cosmovisiones distintas a las asumidas por la mayoría.

Pensar al desarrollo social en nuestro país, retomando como punto de partida la reducción acelerada de nuestras más profundas contradicciones, podría generar un “modelo de desarrollo a la mexicana”; es decir, el tan buscado “modelo de desarrollo propio” tendría que partir del abordaje de la cuestión indígena en todos sus alcances y consecuencias.

Las bases constitucionales para un proyecto de esta envergadura están ya cimentadas en el Artículo 1º de la Carta Magna en materia de derechos humanos y tratados internacionales; lo que hace falta es construir el entramado institucional que cuente con las capacidades de garantizar lo más simple, en la complejidad que ello implica: evitar la muerte excesiva de la población más vulnerada, y generar procesos ampliados de inclusión para quienes han sido segregados históricamente del bienestar.

Desde esta perspectiva, México Social inicia el año proponiendo una nueva reflexión en torno a las condiciones en que viven las poblaciones indígenas, con el propósito esencial de recobrar la visibilidad de la agenda, y con ello dimensionar la centralidad que tiene en la construcción de un país que pueda consolidarse como una democracia que se sustenta en la diversidad y el reconocimiento de los diferentes.

Deseamos que 2014 sea un año en el que nuestro país recobre el rumbo hacia la justicia, el cumplimiento universal de los derechos humanos y la consolidación de nuestra democracia como la forma de vida incluyente, tolerante y equitativa que todos deseamos que llegue a ser.•