por Jonathan Rubio
De acuerdo con el Informe Especial sobre el Estado que Guardan los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad en las Entidades Federativas del País que recientemente publicó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), los gobiernos estatales no garantizan los derechos de las personas con discapacidad
En enero de 2008, México ratificó la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual busca que los derechos de este grupo de población sean plenamente garantizados, promovidos y respetados.
Para tal efecto, la CNDH se ha encargado de elaborar un informe especial que da cuenta de los avances de nuestro país, a nivel local, en esta materia. De este modo, su elaboración requirió que las 32 entidades federativas informaran a este organismo autónomo sobre el cumplimiento de 24 derechos que se encuentran establecidos en dicho instrumento internacional.
Al respecto, destaca que hubo cuatro entidades que hicieron caso omiso a los requerimientos de la CNDH: Aguascalientes, Durango, Jalisco y Nayarit.
Con la información que se recibió, el organismo nacional de derechos humanos expresó su preocupación en 25 conclusiones.
Entre ellas, destaca el tema de la armonización legislativa, ya que las reformas a la legislación local no se adecuan totalmente a lo que establece el artículo 1° constitucional ni a los tratados internacionales a los que se ha suscrito el estado mexicano, por lo que la CNDH afirmó que la legislación local es insuficiente para la garantía y el pleno cumplimiento de los derechos humanos de las personas con discapacidad.
Adicionalmente, se observó que las instituciones públicas de seis estados (Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Veracruz y Yucatán) recibieron menos presupuesto que las instituciones privadas para garantizar los derechos.
Asimismo, se evidenció que no existen planes estatales para hacer eficientes los recursos presupuestarios que garanticen la accesibilidad integral de este grupo social (transporte, tecnologías de la información y comunicación, adecuaciones a los servicios y edificaciones, etc.).
De igual forma, se concluyó que no fue posible identificar los mecanismos de consulta y de participación de las personas con discapacidad; incluso, el estado de Puebla señaló que no cuenta con ningún mecanismo de consulta y participación, mientras que Chiapas y Guerrero no cuentan con ninguna información sobre el tema. En este sentido, también se advirtió que no existen mecanismos para diagnosticar abusos y explotación hacia este colectivo.
Además, la CNDH dio a conocer que no se cuenta con información estadística suficiente que permita conocer el impacto de las acciones que las entidades federativas han realizado en esta materia de atención a las personas con discapacidad.
Paralelamente, se informó que no existen mecanismos que aseguren una atención integral en la prestación de servicios de salud, por lo que no se aplica adecuadamente el derecho a la rehabilitación, el cual tiene como fin que las personas con discapacidad mantengan su máxima autonomía.
De acuerdo con el informe, se concluyó que la mayoría de las entidades únicamente atienden las necesidades de las personas con discapacidad física y visual, por lo que se excluyen a las personas con discapacidad intelectual y auditiva.
Destaca que la CNDH detectó que Baja California Sur, Sinaloa y Veracruz mantienen en su marco normativo local, términos peyorativos para referirse a las personas con discapacidad intelectual como “idiota, loco, imbécil, incapacitado, demente”, por mencionar algunas.
Al respecto, los estados de Guanajuato y Guerrero refirieron que desconocen el tema, mientras que, en Oaxaca y Querétaro la CNDH confirmó que el derecho de las personas con discapacidad de contar con un hogar y una familia no se encuentra regulado en su sistema jurídico.
En cuanto a la educación, el informe reveló que no se cuenta con un modelo de transición hacia la educación inclusiva; tampoco se cuenta con materiales para las personas con discapacidad que requieren apoyos específicos.
Finalmente, la CNDH da a conocer que las entidades federativas no han llevado, ni en términos administrativos ni en términos ni jurídicos, las acciones necesarias a fin de garantizar y promover los derechos humanos de las personas con discapacidad, por lo que este tema se mantiene como una agenda pendiente en la administración pública local.
