En México, el Consejo Nacional de Población (CONAPO), un organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación mide desde la década de los 90 en el siglo XX, el Índice de Marginación. Se trata de un indicador que sintetiza nueve variables, entre las que está incluida la relativa al porcentaje de población ocupada que tienen ingresos por debajo de dos salarios mínimos. Para la medición 2020, el dato es de un 66.88% de las personas ocupadas con ese nivel de ingreso.
Escrito por: Mario Luis Fuentes
Este indicador es un buen punto de referencia y se complementa con los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el cual estima, además de la pobreza multidimensional, un indicador que actualiza trimestralmente, y que se denomina como Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP), el cual mide el porcentaje de personas ocupadas con ingresos por debajo del valor real de la canasta alimentaria. En este indicador, para el segundo trimestre de 2022 (es decir, al cierre de junio de este año), se estima que el 38.3% de quienes trabajan, obtienen ingresos reales por debajo de la línea de la pobreza extrema.
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En la medición multidimensional de la pobreza, los indicadores relativos al acceso a servicios de salud y a seguridad social tuvieron tremendos retrocesos y, en el mejor de los casos en algunos estados de la república, estancamientos que, al tratarse de ámbitos de los que depende la salud y la vida de las personas, constituyen factores de profunda preocupación.
El resultado más reciente de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), el principal instrumento de medición que tenemos en esta materia en el país, indica que había, al cierre del mes de junio de 2022, 1.91 millones de personas desocupadas, entre una Población Económicamente Activa de 59.33 millones de personas, es decir, una tasa de 3.21% de desocupación en el país. Entre los hombres, la tasa es de 3.22 y entre las mujeres es de 3.24.
Ahora bien, los datos del INEGI permiten desagregar a la población ocupada de acuerdo con los rangos e ingresos en los que se sitúa. Y en ese sentido es muy importante destacar que el 33% de quienes trabajan (prácticamente uno de cada tres), tiene ingresos de hasta un salario mínimo; el 33.1% tiene ingresos por arriba de uno, pero por debajo de dos salarios mínimos; el 5.28% no recibe ingresos por las actividades que desarrolla; el 4.1% se ubica en el rango de ingresos de 3 y hasta 5 salarios mínimos; mientras que sólo el 1.58% de quienes laboran estaría reportando ingresos por arriba de los cinco salarios mínimos.
Igualmente, de los 57.4 millones de personas ocupadas, hay 34.99 millones (60.95%) que no tienen acceso a prestaciones médicas por el trabajo que desarrolla; y únicamente 21.99 millones reporta tener acceso. Finalmente, importa destacar que 16.46 millones de quienes trabajan (28.67% del total), laboran en el sector informal. Uno de los resultados de esto es una tasa de 30.1% de personas en condiciones críticas de ocupación.
Por todo lo anterior es importante ubicar el contexto y los horizontes comprometidos como país frente a estándares y metas internacionales. Una de las más relevantes es la relativa a la erradicación de la pobreza en todas sus formas para el año 2030. De esta forma, si en el año 2020 había 55.7 millones de personas en pobreza el Estado mexicano tiene el reto, para cumplir con los Objetivos del Desarrollo Sostenibles (ODS), de sacar de la pobreza a nada menos que seis millones de personas por año, es decir, 16,438 por día.
Ese reto implicaría crear, por año, 1.3 millones de empleos dignos; pero a la par, dignificar los ya existentes, nos sólo elevando los salarios, sino a través de la construcción de un sistema universal de seguridad social o de protección social en salud, a la par del abatimiento de las condiciones de rezago social y marginación en que viven, en sus formas más extremas, al menos 15 millones de personas.
El reto es formidable; y por ello, al contrario de lo que argumentan algunos, de que debieran extenderse los plazos de cumplimiento de las metas, considerando los efectos de la pandemia, lo exigible sería mantenerlos; porque eso nos obligaría a dejar de hacer lo posible, para plantearnos -por primera vez en el país-, la responsabilidad de hacer lo necesario para modificar las condiciones que impiden una transformación estructural de las condiciones de pobreza, rezago y hasta segregación que se mantienen en extendidas zonas del país.
No habrá reconciliación posible ni pacificación completa del país mientras se mantengan estas duras condiciones, que amenazan, debido a la parálisis económica global y nacional, con profundizarse y agudizarse.
En efecto, para crear la cantidad de empleos dignos señalados, México necesitaría crecer a un ritmo mínimo de 4% anual, a partir del 2020; pero todos los escenarios económicos plantean que el crecimiento acumulado a lo largo de esta administración será, si se mantienen las políticas y acciones vigentes hasta ahora, si acaso de entre 2% y 3%, es decir, un promedio de menos de un punto porcentual por año.
Por ello, aunque efectivamente se crean más empleos dignos, éstos se están generando e los sectores de menor remuneración, de menor acceso a servicios de salud y de seguridad social, y de menor valor agregado para la economía. Todo lo cual se suma a las precarias condiciones de desarrollo científico y tecnológico, así como a los rezagos que se tienen en el ámbito educativo, a raíz de la gestión que se llevó a cabo de la pandemia en el sector educativo.
Ahora más que nunca se requiere una revisión integral de los resultados que, a casi cuatro años de la administración, se tienen en todo el ámbito de lo social. Esto, poque permitiría reorientar políticas y presupuesto, redefinir prioridades y garantizar mejores condiciones de vida para las personas. Hacerlo así le permitirá a quien llegue a la presidencia de la República en 2024, tener márgenes mínimos de maniobra, pero, sobre todo, mejores condiciones de gobernabilidad que las existentes ahora.
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