La corrupción es uno de los principales problemas que enfrenta el sistema institucional. Se trata de una práctica generalizada en todos los órdenes y niveles del gobierno, y su “normalización” ha llegado a tal grado, que en múltiples espacios se asume como “natural” que los políticos y quienes aspiran a participar en la política asuman que robar o beneficiarse de los recursos públicos es consustancial a los cargos.
El desarrollo social y la construcción de un fuerte Estado de bienestar capaz de garantizar los derechos humanos de toda la población exige erradicar la corrupción, garantizar un gobierno abierto y establecer mecanismos de sanción que hagan más costoso violar la Ley que apegarse a ella.
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