La insurrección contra el crimen y la fractura del Estado de derecho

Las imágenes de lo ocurrido en Texcatitllán, Estado de México, son expresión de mucho más que un mero evento anecdótico. De acuerdo con varias notas periodísticas, el día sábado, en Malinalco, en la misma entidad, se reportó una nueva agresión con disparos de armas de fuego a elementos del Ejército mexicano y de la Policía Estatal, en un hecho que al parecer está relacionado con lo ocurrido en Texcatitlán.

Escrito por:   Mario Luis Fuentes

De ninguna manera puede ser motivo de alegría el hecho de que una comunidad, harta de las extorsiones y agresiones de un grupo delincuencial se haga justicia por propia mano, más aún cuando en el hecho murieron tres de los integrantes de la comunidad, que tuvieron que exponer así sus vidas, y porque ello no garantiza que ese evento vaya a conseguir la expulsión definitiva del grupo criminal de su comunidad.

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Lo ocurrido revela cuando menos tres cuestiones fundamentales para el Estado Mexicano. La primera está relacionada con la ausencia del aparato de inteligencia civil, el cual debería ser el principal coadyuvante de las fuerzas federales para evitar que este tipo de hechos ocurran.

Las tensiones que debieron vivirse en esa comunidad, previas al sangriento enfrentamiento que se dio, no fueron al parecer identificadas, de tal forma que la autoridad hubiera podido evitarlas. Asociado a ello, se encuentra también la idea, más peligrosa aún, de que, a pesar de que quizá se contaba con información y la decisión fue no intervenir. Si ese fuera el caso, estaríamos ante la claudicación del Estado, en los hechos, a su responsabilidad de servir y proteger a la población.

La segunda cuestión es la relativa a la confirmación del dominio territorial que tienen los grupos delincuenciales en amplias franjas del país. Y este dominio no es ya sólo relativo al control de carreteras y caminos, sino también sobre las actividades económicas y sociales de numerosas poblaciones.

La tercera, que no es menor, es la aparentemente nula coordinación que existe entre las autoridades municipales, estatales y federales, no solo en esa entidad, sino en todo el país; porque todo se llevó a cabo en un espacio público, abierto, y, de hecho, un espacio de reunión comunitaria, como lo son las canchas deportivas.

Si hubiese una coordinación efectiva, desde el inicio del evento la autoridad municipal pudo y debió solicitar el auxilio de las autoridades estatales y federales. Si no ocurrió así, debe haber una investigación de por qué; y si se llevó a cabo, la pregunta es nuevamente por qué se dio la negativa en los hechos de acudir con oportunidad a la comunidad.

Preocupa pensar que, ante la aparentemente deliberada inacción estatal y federal, este tipo de eventos se repitan en otras comunidades con iguales niveles de extorsión y agresión perpetradas por el crimen organizado. Porque otro de los temas de preocupación se encuentra en el hecho de que la insurrección civil se dé ante grupos delincuenciales; porque esto podría calificarse como una especie de “guerra civil no convencional”, en la que las autoridades del Estado toman una inaceptable postura de inacción y retraimiento.

Sorprende, además, que las autoridades informen que el líder de la célula criminal, y que terminó muerto, estaba plenamente identificado, y de hecho se le responsabiliza de otros graves eventos, como el asesinato de 13 elementos de seguridad pública en Coatepec de Harinas, perpetrado aparentemente bajo las órdenes del mismo sujeto.

Eso indica que la procuración de justicia tiene enormes yerros, pues por lo visto en las imágenes, el sujeto no estaba escondiéndose, sino antes bien, actuando a plena luz del día y a la vista de la población.

Estamos ante un contexto sumamente crítico, que toma un cariz especial de cara a las elecciones del 2024; porque lo que no puede pecarse es de ingenuidad y no comprender, de una vez por todas, que el crimen organizado dejó de ser, desde hace mucho, un actor marginal en la economía y en la política de nuestro país.

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