por Marusia López Cruz
El pasado julio de 2012 el Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer (comité CEDAW) evaluó el cumplimiento del Estado mexicano de sus obligaciones en materia de derechos de las mujeres. Las observaciones hechas por las expertas de dicho comité dan cuenta de la preocupación internacional por las violaciones generalizadas a los derechos de millones de mexicanas en este país
No podemos negar que contamos con un marco jurídico sumamente favorable para los derechos de las mujeres, el cual se vio recientemente fortalecido por la reforma constitucional en materia de derechos humanos realizada en 2011, que eleva a rango constitucional los tratados de derechos humanos ratificados por México y prioriza el principio pro personae. Organizaciones feministas de todo el país han trabajado históricamente porque la igualdad se afirme en leyes e instituciones que marquen la acción pública. Particularmente desde la adopción de la Plataforma de Acción de Beijing, considerada la hoja de ruta para la definición de políticas públicas en materia de igualdad de género, nuestro país ha avanzado de manera importante a través de leyes como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Sin embargo, el contexto de impunidad, corrupción y debilidad de las instituciones responsables de implementar las leyes en materia de igualdad de género y no discriminación, así como la falta de voluntad política de autoridades en todos los niveles de la administración pública han ocasionado que el marco jurídico vigente sea, para la mayoría de las mujeres, tan sólo letra muerta.
A esta lógica de simulación que ha caracterizado al Estado mexicano cuando de cumplimiento de derechos humanos se trata se suma el aumento acelerado de la violencia contra las mujeres y la violencia social que hemos enfrentado en los últimos años. El saldo del último sexenio fue de 70 mil personas asesinadas, 20 mil personas desaparecidas y más de 250 mil desplazadas.
El ejército mexicano no cuenta con estrategias efectivas para proteger a la población civil, ocasionando que mujeres embarazadas, niños y niñas pequeñas, estudiantes y otras personas inocentes hayan quedado en medio de la línea de fuego entre los grupos criminales y el ejército. Peor aún, personas que han sido testigos de estos hechos han denunciado la tolerancia y complicidad que fuerzas del orden público e integrantes de las fuerzas armadas tienen con el crimen organizado y los cárteles de la droga.
El resultado para las mujeres es alarmante: tan sólo en Ciudad Juárez, ciudad fuertemente militarizada, el feminicidio pasó de 87 casos en 2008 a 271 en 2010 (I). A nivel nacional se estima que hasta cinco mujeres son asesinadas cada día (II) y unas 10 mil mujeres son víctimas de explotación sexual (III).
Esta situación de violencia se agrava para las mujeres que viven en pobreza, la cual afecta más a las mujeres que a los hombres. Según datos de la CEPAL de 2006, existen 2.5 millones más mujeres que hombres viviendo en condiciones de pobreza en México. Se agrava también para las mujeres que no tienen acceso a la salud, particularmente la salud sexual y reproductiva, ni derecho a la interrupción legal del embarazo, sobre todo cuando su vida está en riesgo, cuando viven en situación de pobreza, cuando han sido víctimas de violación o cuando se trata de niñas y adolescentes. En los últimos años 16 estados de la República mexicana han aprobado reformas a sus constituciones que ponen en riesgo la vida y los derechos reproductivos de las mujeres. En algunos de ellos se ha llegado al extremo de criminalizar a mujeres, en su mayoría pobres y víctimas de violencia sexual, que han tenido un aborto.
Frente a estos hechos son las mujeres las que, organizadas o de manera individual, han dado una batalla abierta en contra de la violencia, la impunidad y la discriminación. Son las que están buscando de manera incansable a sus hijos o hijas desaparecidas o asesinadas; las que alzan la voz en contra de la intromisión de la jerarquía católica en las políticas de salud y educación y defienden el Estado Laico; las que con poco reconocimiento social trabajan por la vigencia de todos los derechos humanos.
Esta lucha, librada día a día por numerosas defensoras de derechos humanos en todo el país, lejos de respetarse y valorarse, es motivo de riesgo e inseguridad. Según datos de la Red Nacional de Defensoras de México (de la cual Asociadas por lo Justo forma parte), al menos 25 defensoras (entre ellas 8 periodistas) han sido asesinadas o han perdido la vida por su labor como defensoras de derechos humanos (IV). De los 68 casos de ataques individuales cometidos en contra de defensoras y defensores entre 2011 y el primer trimestre de 2012, 41%(V) corresponde a mujeres defensoras (VI).
Después de Colombia, México es el país del continente Americano donde más se amenaza de muerte a las defensoras de derechos humanos, tal y como lo reconoció la Relatora de Defensores y Defensoras Margaret Sekaggya (VII) en su informe sobre defensoras. En dicho informe se señala también que México es uno de los países donde se agrede más a las defensoras que luchan contra la impunidad y por el acceso a la justicia de víctimas de violaciones de derechos humanos (VIII) y a las que promueven los derechos de comunidades indígenas. El Mecanismo de Protección a personas defensoras y periodistas instalado en 2012, si bien significa un logro de la sociedad civil organizada, no ha dado aún garantía efectiva de seguridad.
En suma, las mujeres mexicanas no gozan de los derechos y garantías que nuestra Constitución establece, lo cual no sólo afecta a las mujeres, sino que impacta en la calidad de la democracia y en las posibilidades de desarrollo de todo el país.
El cumplimiento de las recomendaciones establecidas por la CEDAW, así como de las exigencias de las mujeres mexicanas, es una obligación de la actual administración y una condición ineludible para el avance de nuestro país. Este 8 de marzo de 2013, reconozcamos el trabajo de las defensoras de derechos humanos y unámonos a su lucha por la igualdad sustantiva y la no discriminación.•
Notas y referencias:
I. Observatorio de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez
II. Comisión Especial para Conocer y Dar Seguimiento Puntual y Exhaustivo a las Acciones que han Emprendido las Autoridades Competentes en Relación a los Feminicidios en el país, LXI Legislatura
III. Universidad Autónoma de Nuevo León
IV. 2010: Bety Cariño en Oaxaca, Josefina Reyes, Marisela Escobedo y María Isabel Cordero Martínez en Chihuahua, María Elvira Hernández Galeana en Guerrero y Selene Hernández León Estado de México 2011: María Magdalena Reyes, Luisa Ornelas y Susana Chávez en Chihuahua; Isabel y Reyna Ayala Nava en Guerrero, Carmela Elisarraráz Méndez en Michoacán, Bárbara Lezama en Puebla y Julia Marichal, Ana María Marcela Yarce Viveros y Rocío González en el Distrito Federal., Yolanda Ordaz de Veracruz, María Elizabeth Macías Castro en Tamaulipas, 2012: Agnes Torres Hernández de Puebla, Regina Martínez de Veracruz, Durvin Ramírez Díaz de Tabasco, Manuela Martha Solís Contreras en Chihuahua, Juventina Villa Mojica y Fabiola Osorio Bernáldez de Guerrero y Renata (René Espinoza Reyes) . FUENTE: Registro Red Nacional de Defensoras de México
V. Informe de violaciones de derechos humanos cometidas contra las personas defensoras de los derechos humanos en el periodo 2011-primer trimestre de 2012, Alejandro Cerezo coord., ACUDEH.
VI. Esta cifra no contempla las agresiones que enfrentan las defensoras en sus entornos familiares y comunitarios producto de la discriminación y violencia de género, las cuales aún no han sido registradas de forma sistemática.
VII. Informe de la Sra. Margaret Sekaggya, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, 20 de diciembre de 2010, p. 12
VIII. Ibíd. p. 11
