Las condiciones de inseguridad que existen en México van mucho más allá de la terrible realidad de los homicidios intencionales: desaparición forzada de personas, trata de personas, tráfico de personas inmigrantes; delitos sexuales; delitos contra la familia; todo tipo de robos; secuestros; extorsión; fraudes de distintos tipos y cuantías; y el robo en todas sus formas y modalidades, son solo algunas de las categorías delictivas que aterran y amenazan todos los días a la población.
Escrito por: Mario Luis Fuentes
Recientemente el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer los resultados de la última edición de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), así como los Censos de Seguridad Pública Federal y Estatal. Los datos de estos y de otros instrumentos de medición y generación de estadísticas oficiales no dejan lugar a dudas: se requiere de una nueva forma de pensar a la policía y en general, a los cuerpos de seguridad pública del país.
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Los datos disponibles muestran, en primer lugar, un preocupante escenario en lo que al número de elementos que tiene el país por cada mil habitantes, pues de acuerdo con el Censo de Seguridad Pública Estatal, estamos apenas rondando el promedio de .8 elementos por cada mil personas, cuando el estándar mínimo recomendado es de 1.8.
Sin duda alguna el número de elementos disponibles es relevante y es la base para una seguridad pública adecuada y digna para el país. Sin embargo, además de llegar al estándar mínimo establecido por el propio gobierno de la República, se requiere de una nueva lógica de formación, capacitación, entrenamiento y equipamiento que responda apropiadamente a la fenomenología delictiva que tenemos en nuestro país.
Desde esta perspectiva, hay experiencias internacionales exitosas que han permitido reducir la criminalidad común, en áreas y zonas de alta complejidad, las cuales podrían servir como base para una transformación, gradual pero acelerada, de las tareas que desarrollan los cuerpos policiacos locales.
En efecto, si se piensa en varias regiones de los EEUU, existen varios elementos que han permitido recuperar el control y el orden social en espacios de suma complejidad por su diversidad étnica, religiosa, cultural y las arraigadas desigualdades socioeconómicas. Así, en primer término, lo que destaca en varios modelos es la llamada “metáfora de la cartera de policía”, la cual se expresa en las estrategias exitosas de control policial del territorio; en esta “cartera” se afirma que el objetivo del policía debe centrarse en evitar su inseguridad, mostrando a la sociedad su indeclinable compromiso con la honestidad, y con un estricto control de la paz social.
La segunda metáfora que es la denominada como “cartera de procuración”. En ella se desarrolla cómo debieran ser los Ministerios Públicos modernos, democráticos, imparciales y eficientes. Esta modalidad va en contra del modelo denominado como “policía disuasor “, el cual, si acaso, contribuye a un control temporal de la violencia. Sin embargo, no es suficiente de cara a la aminoración real de la violencia.
Los trabajos realizados por varios autores en la década de 1980 indicaron que, si bien una presencia física de la Policía tenía cierto efecto disuasorio, lo cierto es que una mera presencia física no era capaz de solucionar el problema de la inseguridad a largo plazo, y es lo que se está verificando con la estrategia de una amplia presencia de elementos de la Guardia Nacional, pero que no está dando resultados significativos en la reducción de los índices de criminalidad.
El sistema judicial penalizador que tenemos, si bien proporciona una reacción caso por caso es incapaz de atender a las necesidades del control social, es decir, no puede atender a la causa que origina el problema de inseguridad ni a administrar justicia de manera colectiva y solidaria; mucho menos recuperar el territorio para que las y los elementos de las policías puedan “reinsertarse” en el tejido social y formen parte efectivamente del trabajo comunitario de protección y seguridad ciudadana.
La vigente Estrategia Nacional de Seguridad Pública (2018–2024) declara que implementa el modelo de Policía de Proximidad Comunitaria considerada en el artículo Transitorio Segundo de la Ley en la materia; sin embargo, en lo que respecta al diseño e implementación de la política pública, únicamente se instruyó a los Gobiernos estatales y municipales a armonizarse con la misma, lo que luce poco viable dada la diversidad de capacidades y necesidades locales, y dado no sólo el mencionado reducido estado de fuerza en lo local, sino la incapacidad estructural de construir policías eficaces.
Lo que urge ahora que iniciará una nueva administración estatal, pero también 9 gobiernos estatales, en varios de los estados con mayor criminalidad, violencia y magnitud demográfica, es que se estipulen de manera adecuada procesos de transición, adaptación y coadyuvancia de las autoridades locales, y simultáneamente el fortalecimiento sustancial de las capacidades que deberá adquirir la Guardia Nacional en materia de prevención del delito y protección a las víctimas de los mismos.
De esta forma, entre las principales recomendaciones y lecciones que se pueden aprender de otras latitudes, se encuentran al menos las siguientes cinco:
- Reforma Integral de Capacitación y Profesionalización. Lo que implica la creación de academias de policía con estándares homologados a nivel nacional que se enfoquen en la formación continua de los elementos policiales. Esto incluye entrenamiento en derechos humanos, uso legítimo de la fuerza, y tácticas modernas de prevención del delito.
- Fortalecimiento de los Mecanismos de Supervisión y Control Interno. Lo que necesita la implementación y reforzamiento de los órganos de control interno dentro de las corporaciones policiales, como Asuntos Internos, con autonomía suficiente para investigar y sancionar conductas indebidas, enfocándose en la erradicación de la corrupción y cerrando espacios de colusión con la delincuencia. La tecnología también juega un papel crucial en esta propuesta, incluyendo el uso de cámaras corporales y sistemas de monitoreo.
- Mejoramiento sustantivo de las Condiciones Laborales y Salariales. Esto significa llanamente la mejora de salarios, prestaciones, y condiciones laborales de los policías, además de establecer un plan de carrera que permita el desarrollo profesional dentro de la institución.
- Implementación de Políticas de Proximidad y Participación Ciudadana. Esto es central y además de modelos de policía de proximidad que fomenten la participación ciudadana en la prevención del delito, es preciso incluir el establecimiento de comités de seguridad vecinales y programas de vinculación con la comunidad que van desde estrategias de convivencia, comunicación permanente y generación de lazos de confianza.
- Uso Estratégico de conocimiento, inteligencia, tecnología y Datos. Esto se lograría al integrar tecnologías avanzadas como sistemas de vigilancia, análisis de datos, y plataformas digitales para la coordinación entre diferentes niveles de gobierno. Esto permite una mejor respuesta ante emergencias y la identificación de patrones delictivos.
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