Etiquetado de alimentos podría evitar la muerte de más de 250 mil personas al año

En el etiquetado de alimentos que son literalmente bombas de calorías y carbohidratos para la población, pero especialmente para las niñas, niños y adolescentes de México, el principio del interés superior de la niñez debería ser el rasero. No así el criterio “salubrista” con el que algunos han querido sostener que primero está la conservación de cierto número de empleos en la inmoral industria de producción de alimentos súper calóricos.

No debe olvidarse además que son las personas pobres quienes consumen más alimentos chatarra, no sólo porque cuentan con menos elementos para interpretar el contenido de las etiquetas de los productos, sino porque los alimentos ricos en grasas son más baratos y tienen una mayor accesibilidad.

Asimismo, el propio artículo 4º de la Constitución establece la garantía del derecho a la alimentación y a la seguridad alimentaria. Ambos implican que todo ser humano que pisa el territorio nacional tiene el derecho de acceso a alimentos inocuos, nutritivos, con base en los criterios de disponibilidad y oportunidad.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2017 fallecieron más de 115 mil personas por diabetes mellitus; y en ese mismo año, fallecieron más de 130 mil personas por enfermedades del corazón; la inmensa mayoría de esa impresionante suma están vinculadas, lo quieran reconocer o no los productores de comida basura, al consumo ingente de pseudo alimentos hipercalóricos.

Cientos de miles de vidas en las manos

La cuestión no se detiene ahí; hay decenas de miles de defunciones adicionales por tipos de cáncer asociados al consumo de esos productos (cáncer de estómago, colon y de mama, fundamentalmente), y otras más como las enfermedades renales y el llamado popularmente “hígado graso”.

Lo que tienen en las manos las y los diputados del Congreso es nada menos que la vida de cientos de miles de personas; tienen en sus manos continuar profundizando la tragedia nacional que implica la defunción prematura y excesiva de personas que por no tener garantizado el derecho a la alimentación, son condenadas a un desenlace que podo tiene qué ver con la protección de la dignidad de la vida humana.

A ello deben agregarse otras situaciones dramáticas, pues antes de morir cientos de miles de personas están enfrentando procesos discapacitantes que son en su inmensa mayoría evitables: debilidad visual, cataratas y ceguera por diabetes; amputaciones y pérdida severa de la movilidad debido a la diabetes y enfermedades del sistema circulatorio, como las trombosis varicosas o el embolismo pulmonar, entre otros males.

Diabetes e hipertensión, las terribles consecuencias

Si las y los diputados no quieren entender la complejidad del drama humano en torno al cual están debatiendo, entonces de manera hasta frívola, podrían apegarse al criterio financiero: gastamos anualmente decenas de miles de millones de pesos cada año en la atención y pago de pensiones.

De acuerdo con el anexo estadístico del Primer Informe de Gobierno del Poder Ejecutivo Federal, 2019, la tasa de mortalidad esperada de diabetes mellitus para el año 2019 es de 91.5 casos por cada 100 mil habitantes, lo cual implica que al terminar este año habrán muerto al menos 116,205 personas en todo el país; mientras que al menos fallecerán por hipertensión arterial al menos 23,241 personas más. En ambos casos, las tasas registradas para el 2019 son prácticamente del doble que las registradas en el año 2000.

Por lo tanto los diputados deben tener claro que en el tema del etiquetado está en juego mucho más que letras y frases: es la calidad de vida, y la vida misma de millones de personas, lo que están obligados a proteger; y ante eso, la llamada #4T tiene el reto de demostrar que, moralmente, sí es diferente a los regímenes anteriores.

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