Un informe elaborado por la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, de Colombia, y El Poder del Consumidor, de México, analiza la interferencia de la industria para impedir la aplicación del etiquetado frontal de advertencia en Chile, Perú, Uruguay y México para una alimentación saludable . Explica cómo las empresas productoras de alimentos y bebidas ultra procesadas tienen acceso privilegiado a funcionarios públicos para modificar normas que los perjudican.
Por Kennia Velázquez
La presión alta, los niveles de azúcar elevados, sobrepeso y obesidad, son la causa del 44% de las muertes en América Latina. Estas afecciones son provocadas por la alimentación poco saludable en la región: en promedio cada latinoamericano consumió 129.7 kilos de productos ultraprocesados en 2013. Pero las políticas para impulsar la alimentación saludable en la región tienen un poderoso actor al frente: la industria de alimentos industrializados.
Un estudio de dos importantes organizaciones en el tema de alimentación saludable en América Latina, la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), de Colombia, y El Poder del Consumidor (EPC) de México señala que esta industria que debería ser regulada participa en su propia regulación. El reporte analiza la interferencia de la industria para impedir la aplicación del etiquetado frontal de advertencia en Chile, Perú, Uruguay y México.
El estudio encuentra en los cuatro países estrategias similares: cabildeo en el Congreso y negociación con legisladores, financiación de campañas electorales, pago de expertos con conflicto de intereses, influencia en medios de comunicación, difusión de argumentos falaces que generan miedo económico, cooptación de líderes sociales y voceros, lavado de marca mediante acciones de responsabilidad social empresarial, utilización de puertas giratorias, demandas judiciales a las normas e intimidaciones a organizaciones de derechos humanos promotoras del etiquetado.
Las agencias de la Organización de las Naciones Unidas han insistido que en todos los países se necesitan medidas regulatorias para los productos poco saludables, sea por medio de normas en políticas fiscales, sobre el etiquetado, la promoción o la publicidad. Desde 2015 cuando Chile decretó la Ley de Alimentos que obliga a los productores a establecer un etiquetado frontal de advertencia, en la región se han impulsado diversas disposiciones para desincentivar el consumo de estos productos, siguiendo los pasos del modelo chileno.
Por su parte la Organización Panamericana de la Salud (OPS) hizo público un estudio en el que muestra la eficacia del uso de los octógonos negros para que los consumidores opten por productos más saludables, pues “permiten al consumidor identificar de manera correcta, rápida y fácil de los productos que contienen cantidades excesivas de insumos críticos”.
El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la salud, el doctor Dainius Püras ha denunciado que las presiones de la industria son “una influencia indebida” en la toma de decisiones de los gobiernos y que éstos deben garantizar que las regulaciones que previenen los daños a la salud de la población tomen en cuenta los derechos humanos y la evidencia científica libre de conflicto de interés.
Así lo señaló en su llamado a no permanecer pasivos frente a las enfermedades no transmisibles y a “abordar de manera proactiva e integral los factores de riesgo prevenibles”.
El informe de la Corporación Colectivo de Abogados y El Poder del Consumidor considera que la interferencia de la industria representa un riesgo para la democracia debido al “acceso privilegiado de la industria a los funcionarios de gobierno por fuera del ámbito de debate democrático, lo que se tradujo en un aumento de su capacidad para retrasar o modificar los reglamentos, con el fin de que le fueran más favorables”.
Concluye también que existen asimetrías de poder entre la industria y la sociedad civil que exigen garantías para mejorar el derecho a la salud, debido a que con la captura de los espacios de decisión, “la industria ha atentado contra la naturaleza representativa de los procesos de formulación de políticas públicas propias de los regímenes democráticos”.
Esto es posible gracias a los “procesos y mecanismos opacos y por la falta de control sobre las actividades de cabildeo, la posibilidad de llevar a cabo reuniones a puerta cerrada y sin registro, el financiamiento a campañas políticas, la falta de regulación a las puertas giratorias, la contratación de despachos de abogados que realizan estrategias legales a gran escala, y que contribuyen a generar ambientes propicios para que las malas prácticas de la industria queden en la impunidad o sean desconocidas para el grueso de la población”.
Para la mayoría de las personas estas acciones pasan desapercibidas pues estas empresas se muestran como promotoras de estilos de vida saludable y como actores socialmente responsables, de tal suerte que “su actuar corporativo e interferencia en la formulación de políticas públicas de salud” es visto como normal.
Para lograr el apoyo de la opinión pública, los corporativos generan miedo económico, tanto en Chile, Perú, Uruguay como en México “fue frecuente que los representantes de la industria dijeran que de ser aprobado el etiquetado frontal de advertencia tendría efectos adversos en las economías nacionales. Argumentaron que afectaría los empleos de la industria, a los tenderos, a los anunciantes, a los productores de empaques y a la economía en general”.
Aún cuando en el caso chileno se ha demostrado que no ha habido impactos negativos ni en el empleo, ni los salarios reales en la industria agroalimentaria, al contrario, en diciembre de 2019 el sector industrial chileno creció un 3.2% y fueron reformulados el 17% de los productos para ofrecer alternativas más saludables.
Se ha visto que en la medida que más países discuten la posibilidad de contar con un etiquetado frontal de advertencia, las multinacionales utilizan argumentos similares. Por un lado se dicen comprometidos con el combate de la obesidad y las enfermedades no transmisibles. Por el otro, aseguran que los sellos no son la medida efectiva para combatir las enfermedades crónicas, pues dicen que “estigmatiza comestibles, atemoriza al consumidor y oculta información nutricional relevante “.
Una vez aprobados los sellos, cuando se trabaja la regulación, en los cuatro países “la reglamentación del etiquetado frontal de advertencia ha sido un momento clave que aprovecha la industria para interferir y desnaturalizar la medida”.
El proceso suele estar en manos del ejecutivo, normalmente por medio del Ministerio de Salud, “el ejercicio de interferencia en estos escenarios puede resultar más provechoso para la industria. Esto ocurre con mayor claridad cuando el poder ejecutivo está en cabeza de gobiernos pro-empresariales o con vínculos con la industria, como en el caso de Chile con Sebastián Piñera y el de Enrique Peña Nieto en México”.
En los cuatro países, la industria propuso que los sellos no fueran octógonos negros con texto blanco, sino círculos o rectángulos con el porcentaje de valor diario de nutrientes críticos. También han presionado para cambiar la leyenda de “Exceso de…” por “Alto en”. Solo en México la industria no logró el cambio.
Una vez que perdieron la discusión política, la industria recurrió al poder judicial o administrativo para frenar la medida. En Chile demandaron por violación de las normas de propiedad intelectual; los Peruanos, por implementar barreras burocráticas al libre comercio y en México porque el proceso de discusión y formulación de la norma fue poco transparente.
los cuatro países la industria ha apelado a las normas internacionales de comercio y al CODEX Alimentarius para señalar que el etiquetado frontal de advertencia es ilegal o inadecuado. En Uruguay han dicho que se debe adecuar el etiquetado al Mercosur y en México, que es incongruente con el tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
La investigación explica que si el etiquetado ha sido posible en Uruguay, México, Perú y Chile se debe al trabajo de “la sociedad civil, la academia, las organizaciones internacionales y los gobiernos garantistas de los derechos humanos”. Mientras que en países como Argentina, Brasil, Colombia y otras naciones, la industria ha sido más efectiva.
En su informe “Etiquetado frontal como herramienta política para la prevención de enfermedades no transmisibles en las Américas”, la OPS considera a los octógonos como una herramienta óptima, pues “mejorar la información disponible en el sistema alimentario, el acceso a la información y la capacidad de utilizar la información de manera eficaz puede facilitar cambios individuales, ambientales y sistémicos que sean más coherentes con los objetivos de salud pública”.
El organismo considera que los sellos ayudan a informar a los consumidores de una manera rápida, correcta y sencilla si un producto contiene cantidades excesivas de azúcares, grasas y sodio. “No prohíbe a los consumidores comprar productos; les ayuda a tomar una decisión informada”.
La prohibición ha sido uno de los argumentos más utilizados en contra de los sellos, pues la industria apela a que el consumidor tome decisiones “libremente”. La OPS es contundente y dice que los gobiernos deben intervenir “cuando la salud de la población está en riesgo, se deben tomar medidas de salud pública urgentes y rigurosas”.
Lo siguiente que se pide es que se eduque a la población y no inhibir el consumo de los productos chatarra. La OPS considera que una campaña para informar a la población sobre comidas saludables, por sí sola, “no permitiría que los consumidores conozcan de forma rápida y sencilla qué productos son ricos en azúcares, grasas y sodio”, así que se deben utilizar ambas.
También se ha dicho que el sistema de semáforo es más eficaz para informar a los consumidores, sin embargo es lo contrario, por ello fue adoptado voluntariamente también por la industria pues “se dieron cuenta de que podían aumentar las ventas de productos no recomendados”. Las empresas de bebidas azucaradas lo utilizan “voluntariamente como estrategia de marketing para aumentar sus ventas al ofrecer luz verde al sodio y las grasas en sus productos azucarados”.
Los detractores encuentran que el perfil de nutrientes de la OPS es demasiado riguroso, en cambio, el organismo señala que “simplemente significa que los productos exceden las metas recomendadas de ingesta de nutrientes. Las recomendaciones de salud pública se basan en evidencia, los riesgos para la salud y la carga asociada. Si se cambiaran las recomendaciones, basándose en el mercado y no en la ciencia, los consumidores serían engañados al creer que están comprando un producto que es más saludable de lo que realmente es”.
Sobre la posibilidad de que las etiquetas de advertencia nutricional tengan un impacto negativo en la economía, la OPS dice que es al contrario, es una oportunidad “para que muchas empresas desarrollen y amplíen la oferta de alimentos recomendados como parte de una dieta saludable”.
Y aunque la industria ha dicho que el etiquetado de alimentos les cuesta millones de dólares, para la agencia internacional los ahorros derivados de las vidas salvadas superan los costos asociados con la modificación de las etiquetas de los productos.
El etiquetado tampoco es una barrera de libre comercio, “porque los acuerdos comerciales preservan el derecho a regular para proteger la salud”. La OPS no encuentra que los sellos violen los acuerdos comerciales de SICA, Caricom, T-MEC, Mercosur o de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
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Simón Barquera, investigador del Instituto Nacional de Salud Pública de México explica que al ser América Latina una de las regiones que más consumen comida chatarra los gobiernos han optado por una estrategia como la del etiquetado porque es una política que no requiere de tecnología y sí de creatividad y de coordinación.
“Afortunadamente el efecto dominó en Latinoamérica está funcionando bien: el concepto de alimentos procesados viene de los estudios de Carlos Monteiro de Brasil, el impuesto a bebidas salió de México, el etiquetado de Chile. América Latina va impactando en el mundo”, sostuvo.
Por eso las multinacionales están tan activas en la región. Diego Rodríguez, integrante de la Alianza de enfermedades no transmisibles de Uruguay afirma que “cuando se pide armonizar con el Mercosur, uno sabe que eso es una dilatoria, porque este tipo de definiciones llevan entre tres y 6 años”. Pero además son las mismas empresas que operan en la región: Nestlé, Coca Cola, Pepsi Cola, Kellogs…”la cantidad de empresas que están en el rubro de ultraprocesados son pocas, hay una gran concentración de este tipo de productos en pocas empresas y además desde hace años la mano de obra ha venido disminuyendo principalmente por el factor de automatización de las tareas”.
En Brasil desde hace 6 años organismos de la sociedad civil están trabajando por tener un etiquetado, se ha intentado impulsar el impuesto a bebidas azucaradas siguiendo el ejemplo de México y regular la publicidad, pero la “interferencia de la industria impide que se avance en el tema” dice Ana Paula Bortoleto, integrante del Instituto brasileño de defensa del consumidor.
En Colombia no hay regulaciones, “sólo hay una reglamentación que termina en que se auto regule la industria”, denuncia la directora de la organización Red PaPaz, Carolina Piñeiros. Ahí el camino aún es largo, pues aún son pocos los actores políticos que trabajan por contar con octógonos.
En Argentina esta semana comenzó la discusión del etiquetado en el congreso. Luciana Castronuovo, coordinadora de la Fundación Interamericana del Corazón, explica que anteriormente en las mesas de discusión “se espera el consenso y uno de los actores que interviene es la industria de alimentos, que dificultan y obstaculizan el proceso”.
Bortoleto cree que al haber más países con etiquetado obliga a los otros a adoptar la misma estrategia. Castronuovo ve que “el paso que dio México genera presión, porque hay países que van avanzando y otros que no y el paso de más que dio con cafeína y edulcorantes permite elevar los estándares”.
Diego Rodríguez ve con optimismo los avances, “vamos lento, pero se va avanzando, esperamos que se llegue a rotular, por un derecho de los consumidores, por derechos humanos, por derecho a la salud, para evitar la gran epidemia que enfermedades no transmisibles”.
En este momento de incertidumbre, el exviceministro de salud de Perú, Enrique Jacoby llama a estar atentos “lo que digo es que la industria está muy prendida para aprovechar el momento de pandemia y sobre explotarla. Esta es la gran lucha que Latinoamérica tiene por ofrecer en realidad al mundo entero que es presa de este tipo de comidas malsanas, que nos están destruyendo y la razón por la que las enfermedades crónicas han subido en el mundo”.
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