En junio de 2016 entró en vigor en México un nuevo modelo de enjuiciamiento que ha sido catalogado como la reforma jurídica más importante de los últimos 100 años en nuestro país. El nuevo Sistema de Justicia Penal ha constituido un esfuerzo inédito de transformación institucional que ha buscado transparentar y hacer más eficiente la procuración e impartición de justicia en un marco de protección y respeto pleno a los derechos humanos
La implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio se completó dentro del plazo constitucional establecido el 18 de junio de 2016 y con ello dio inicio a la etapa de consolidación.
A diez años de la reforma constitucional que dio lugar al nuevo sistema penal acusatorio, la organización “México Evalúa” aseguró en su más reciente informe, Hallazgos 2017, que pese a que la reforma penal de 2008 otorgó un plazo de ocho años para que se hicieran las adecuaciones necesarias que permitieran operar con el nuevo Sistema Acusatorio ningún estado ha alcanzado la meta establecida de avances en la operación del Sistema.
Además, pese a que se reconoce que el marco legal a favor de las víctimas se ha reforzado en los órdenes estatales de gobierno, solo se cuenta con 23% de los asesores jurídicos necesarios para atender a 24 millones de víctimas. Adicionalmente, la mayoría de las Comisiones Estatales de Atención a Víctimas sólo cuentan con áreas jurídicas y “un número importante no están preparadas ni tienen personal suficiente, ni insumos suficientes” para brindar esta atención.
Destaca que, de acuerdo con el informe, en las entidades federativas existen niveles de impunidad generalizada, «pues incluso el estado “mejor calificado” presenta un índice cercano al 60%, mientras que el promedio nacional supera el 80%». Los estados que presentan los niveles más altos de impunidad en el sistema acusatorio son Jalisco, con 99.3%; Tlaxcala, con 99.1%; Yucatán, con 98.9%; y Nuevo León con 97.3%; en tanto, los estados con menor grado de impunidad son Guanajuato con 56.8%; Querétaro, con 72.2%); Baja California, con 76.4%; y Coahuila con 76.6%.
En su evaluación, la organización México Evalúa calificó el avance y la calidad de las acciones de política pública que han llevado a cabo las entidades federativas para la consolidación del Sistema de Justicia Penal, encontrando que ninguna entidad ha alcanzado el estándar establecido, ni para 2016 que fue de 500 puntos, ni para 2017 que fue de 600 puntos, de los mil posibles, que es el estándar ideal.
Querétaro fue el estado con los mayores avances hasta la fecha, pero apenas alcanzó 483 puntos; ocho entidades ni siquiera superan los 200, entre ellos, Guerrero es el más bajo con 134.
Frente a estos resultados, no cabe duda, el acceso efectivo a la justicia es uno de los temas centrales de la cuestión social, para ello es necesario dar sentido de la urgencia de esta agenda en todos los ámbitos y los niveles de las instituciones públicas.
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