Febrero 2016

Las personas hablantes de lenguas indígenas y quienes forman parte de las comunidades y pueblos originarios han sido y siguen siendo quienes en mayor medida viven los dañinos efectos de un modelo económico-cultural que los excluye del acceso al cumplimiento efectivo de sus derechos.

Según el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), actualmente únicamente tres de cada 100 personas hablantes de lenguas indígenas son consideradas simultáneamente como no pobres y no vulnerables, dato en el que se sintetiza el conjunto de contradicciones y de rezagos que debemos saldar como sociedad a fin de convertirnos en una nación pluriétnica y multicultural, equitativa e incluyente.

De acuerdo con las mediciones que hemos construido en CEIDAS, AC y en el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED-UNAM), entre las niñas y niños indígenas se concentran los peores indicadores del desarrollo: son víctimas de las más altas tasas de morbilidad y mortalidad por enfermedades infecciosas; y presentan las más altas tasas de mortalidad por causas prevenibles y en exceso evitables.

Los datos son dramáticos e indican que ser niña o niño hablante de una lengua indígena, o nacer en una localidad o pueblo indígena, implica hasta tres veces mayores probabilidades de morir antes de cumplir los cinco años, respecto de las probabilidades registradas para las niñas y los niños que no son indígenas.

Asimismo, los mayores porcentajes de rezago educativo; de acceso a servicios básicos; de calidad de la vivienda; de registro oportuno al nacimiento; de vulnerabilidad por carencia a la alimentación; de ingresos bajos y de carencia de acceso a la seguridad social; están concentrados también en los pueblos y comunidades indígenas.

Lo anterior se expresa en indicadores síntesis como lo son la tasa de mortalidad infantil y la tasa de mortalidad materna, las cuales llegan a ser hasta cinco veces más altas en algunas localidades indígenas, respecto de los promedios nacionales registrados.

Hace 21 años el EZLN logró poner al centro del debate político y social del país la cuestión indígena y el olvido en que han vivido los pueblos originarios desde hace 500 años.

Posteriormente, en febrero de 1996, precisamente hace 20 años, el Gobierno de la República firmó con el EZLN los llamados Acuerdos de San Andrés, los cuales contenían la que es considerada hasta ahora la agenda más amplia -aunque aún inacabadade discusión de los derechos de los pueblos indígenas; la que, a pesar de las reformas constitucionales y legales, no ha terminado de ser incluida en toda su amplitud y sentido en el Orden Jurídico nacional.

En esa lógica, a pesar de los avances y de las importantes sumas de recursos que se han invertido para avanzar en el abatimiento de los rezagos que les afectan, los datos indican que las condiciones estructurales que generan la desigualdad y el maltrato a los pueblos indígenas persisten.

Siguen sin reconocerse muchos de sus derechos colectivos; sigue sin asumirse a plenitud la noción de “naciones y pueblos indígenas”; sigue sin reconocerse la autonomía y pleno dominio sobre sus territorios; la educación bilingüe es todavía una realidad muy lejana; el acceso efectivo al cumplimiento del derecho a la salud es limitado y una larga lista de pendientes que es urgente atender con la seriedad que se requiere.

Frente a ello, no debe olvidarse que en agosto del año pasado el Presidente de la República ratificó el compromiso del Estado mexicano de dar cumplimiento a los Acuerdos y Plan de Acción de las Naciones Unidas en materia de derechos y desarrollo de los pueblos originarios, por lo que el entramado institucional debería alinearse en todos sus órdenes y niveles a fin de impulsar una nueva relación del Estado con los pueblos indígenas y propiciar su plena incorporación al bienestar y el desarrollo.

En la visita que hará este mes el Papa Francisco a México estará en el estado de Chiapas y se ha anunciado que visitará la tumba de Samuel Ruiz, un teólogo de la liberación y quizá el principal aliado y defensor de la causa zapatista y, en general, de la amplia agenda de los derechos incumplidos de las personas hablantes de lenguas indígenas.

El significado político y simbólico de esta visita, a la par de los rezagos materialmente existentes, pondrán nuevamente en la palestra de discusión nacional el tema de los Acuerdos de San Andrés, y la lucha que se ha desarrollado desde hace 20 años por construir un país que, de una vez por todas, pueda garantizar equidad, justicia y dignidad para todos.