En 2024 se elegirá a las y los titulares del Ejecutivo en nueve entidades de la República: Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz, Yucatán y la Ciudad de México. Asimismo, habrá renovación de Ayuntamientos en 1,580 alcaldías en todo el territorio nacional. Se renovarán igualmente 31 de los 31 Congresos Locales.
Escrito por: Saúl Arellano
Esta elección abre muchas oportunidades, pero también representa un riesgo para la gobernabilidad y el juego de fuerzas que opera en el país, en función de quiénes gobiernan los estados de la República. Para dimensionar lo que está en juego en el ámbito estatal, basta con señalar que en las entidades con elecciones habitan, en conjunto, más de 40 millones de personas.
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Uno de los riesgos más visibles para el desarrollo del país es que se continúe profundizando el proceso de deterioro de las mermadas capacidades de gobierno que tienen las autoridades estatales y municipales. Y es que en las últimas décadas el presidencialismo mexicano se ha exacerbado hasta llegar a niveles de concentración de poder inéditos en la presente administración.
Quien ocupe la titularidad del Ejecutivo Federal tendrá en ese sentido el reto de ponerle nuevos diques al poder presidencial; avanzar en su democratización estructural; pero, sobre todo, en la restitución no sólo de recursos, sino sobre todo de responsabilidades, capacidades y competencias a los estados y los municipios.
Entre las acciones ineludibles que habrá de tener la administración 2024-2030 se encuentra la construcción de los consensos requeridos para la reforma fiscal integral que necesitamos desde hace décadas; pero también para llevar a cabo una profunda reforma al artículo 115 de la Constitución, a la Ley de Coordinación Fiscal, y en congruencia con ello, plantear desde el inicio del gobierno, a través del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, nuevas coordenadas para el desarrollo de las entidades y los municipios.
Resulta interesante que, entre las prioridades que definió el Ejecutivo Federal para su gobierno no se encuentra por ninguna parte el fortalecimiento de los gobiernos locales; y esa será una de las discusiones ineludibles para quienes, hasta ahora, son las dos candidatas más visibles a la presidencia de la República y a quienes podría, como tercera opción, sumarse en las próximas semanas Marcelo Ebrard si se consuma su salida de Morena.
Como resultado de anterior, luego de cinco años de gobierno, no hay señales de ningún tipo que nos indiquen cuál es el “modelo de municipio 4T”. Por el contrario, lo que se tiene por todo el país es un desorden y una tendencia de gobiernos que no son ya solo inerciales, sino que cada vez están más alejados de la toma de decisiones, de la planeación del desarrollo, pero peor aún, de la posibilidad de cumplir con las responsabilidades constitucionales y legales que deben cumplir.
Una de las discusiones que están vinculadas a lo anterior es la de la posibilidad de construir, si no un nuevo orden de gobierno para las megalópolis y metrópolis que existen en todo el país, sí nuevos mecanismos de planeación y coordinación intermunicipal; y ello exigiría una reforma importante a la Ley General de Planeación, para incorporar la posibilidad de construir programas regionales, que impliquen la suma de presupuestos, capacidad recaudatoria y posibilidades operativas conjuntas en ámbitos clave como la seguridad pública, el medio ambiente (lo que incluye gestión y mitigación del cambio climático, uso de suelo y cuidado de la biodiversidad), la gestión del agua, el desarrollo urbano, la construcción de vivienda, y un largo etcétera de ámbitos de acción que hoy operan bajo esquemas de desorden generalizado.
Desde esa perspectiva, los partidos políticos constituyen, todos, un fracaso monumental en lo que respecta a la selección de sus candidatas y candidatos pues siguen apostando por figuras de “arrastre electoral”, antes que perfiles capacitados para enfrentar la complejidad que impone tanto el acelerado proceso de urbanización, como el cada vez más notable esquema de dispersión poblacional en el ámbito rural.
Todo ello requiere considerar además la variable relativa a la innegable presencia y poder de veto e incluso de intervención abierta del crimen organizado en la determinación de quiénes pueden disputar ciertos cargos; y una vez elegidos, quiénes deben ser integrados en las principales carteras de la administración municipal: obras públicas, seguridad pública, tesorerías y oficialías mayores, y cada vez más notoriamente, los organismos municipales operadores del agua y módulos de riego.
El país debe discutir en ese tenor las reglas de operación de muchos de los programas sociales vigentes; pero, sobre todo, la estructura, montos y criterios de distribución del Ramo 33, que, a 25 años de estar en operación, constituye un instrumento que ha fracasado en sus objetivos y propósitos centrales: fortalecer las capacidades administrativas municipales, mejorar la seguridad pública, potenciar las capacidades de asistencia social, y mejorar la calidad de los servicios de salud y de educación en el nivel municipal.
Es indispensable entender la diversidad de los municipios del país, pues las dinámicas y problemas son muy distintas en las zonas fronterizas, respecto de los municipios costeros, los ubicados en la montaña o la selva, los que son parte de zonas metropolitanas, los que están en proceso de transición de lo rural a lo urbano, y los que incluyen ciudades medias y en acelerada expansión.
Urge pues repensar nuestro esquema federalista para potenciarlo, para robustecerlo y para hacer del municipio libre la auténtica unidad básica de la organización y estructura orgánica y funcional del Estado Mexicano.
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Investigador del PUED-UNAM
