El poder se ha naturalizado en la masculinidad hegemónica, la democracia se ha sustentado históricamente en el paradigma hegemónico de lo “universal” y “neutro”, sin embargo, la realidad es que ha operado como androcéntrica. Desde el feminismo es posible afirmar que nuestra democracia nació incompleta, dejó fuera de sus principales postulados a más de la mitad de la población, las mujeres. No obstante, hay que reivindicar que a partir de la construcción de instituciones políticas democráticas ha sido posible el desarrollo de marcos y mecanismos jurídicos como son las acciones afirmativas o positivas para que las mujeres y otros grupos históricamente excluidos alcancemos mayores condiciones de igualdad y libertad en los distintos ámbitos de nuestras vidas.
Escrito por: Sol Cárdenas Arguedas
Por eso es imperativo preguntarse ¿realmente podemos hablar de democracia en un país donde 10 mujeres son asesinadas diariamente? Y mi conclusión hasta ahora ha sido la misma, no. No es posible.
Es oportuno reconocer que la democracia no puede prescindir de valores éticos entre los que se encuentran la no violencia, el respeto y la tolerancia al disenso. La construcción de libertades e igualdades se genera desde discusiones y nuevos planteamientos que doten de amplitud, plenitud y universalidad de la política, del ejercicio del poder político de las mujeres. Necesitamos dinámicas más plurales, recíprocas, de reconocimiento, de diversidad, de diálogo y de deliberación.
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Lograr una sociedad de plenos derechos para las mujeres implica superar condiciones de desigualdad, violencia y opresión, las cuales se han profundizado con los efectos del COVID-19 en la vida de las mujeres. El encierro y la pandemia provocaron: dinámicas de dependencia y control de sus agresores; extenuación; inestabilidad laboral, desempleo y disminución de ingresos; aislamiento y alteración en sus redes de apoyo; incremento del trabajo remunerado y no remunerado (especialmente el de los cuidados); distanciamiento en la interacción con las instituciones públicas; entre otras.
Con respecto a la violencia, de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, empezando en enero 2020 y hasta diciembre de 2021, considerando homicidios dolosos y feminicidios, fueron asesinadas en promedio 10 mujeres al día. Igualmente, se ha agudizado la violencia de género en todas sus modalidades, así como la violencia familiar. Si 2020 fue atroz para las mujeres mexicanas, 2021 fue peor.
El contexto de violencia en México es normalizada y alentada, por un sinfín de reglas no escritas que predominan en el sistema político presidencial como: desconfianza ciudadana, prácticas políticas verticales, corrupción, impunidad, violencias estructurales e institucionales, entre otras. A esto se le suma, la construcción de discursos políticos que buscan minimizar la violencia contra las mujeres y cuestionar a la agenda feminista en el país.
Difícilmente podremos hablar de un Estado Constitucional de Derecho si no se atiende desde una perspectiva estructural el tema de la violencia contra las mujeres. Incluso, apelar a una democracia de calidad, al demandar respeto a las igualdades y libertades abre el debate a visibilizar la creciente y permanente violación de derechos fundamentales, humanos, en particular de las mujeres en nuestro país.
Hay que estar alerta sobre la calidad de las democracias en el mundo, porque no es una cuestión menor. Cuando se deterioran las democracias, los derechos fundamentales de las mujeres se ven afectados. Estados que limitan las libertades, que producen, reproducen, normalizan y legitiman desigualdades y violencia contra más de la mitad de su población, las mujeres, no pueden, ni deben ser considerados como democráticos.
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Frase clave: Feminismo y democracia, Feminismo y violencia.
