La extinción de los 109 fideicomisos de apoyo a actividades educativas, culturales, deportivas, de protección civil y seguridad pública tendrá resultados negativos inmediatos sobre los servicios de las instituciones u organismos de destino. El presidente López Obrador y su afligido secretario de Hacienda han afirmado que los beneficiarios no sufrirán escasez de recursos, pues ahora se les proveerá de manera directa.
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Discurso VS realidad
Eso sería creíble si en México contáramos con un aparato burocrático eficiente y oportuno. Todos sabemos que no es así: los tiempos del aparato proveedor de recursos son tardos y engorrosos, en particular cuando se trata de apoyar necesidades emergentes, o bien, con plazos superiores o no coincidentes con el año fiscal.
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Mencioné en mi texto anterior que fui beneficiario de dos de esos fideicomisos. Ocurrió cuando estudié mi maestría en El Colegio de Michoacán A.C., y mi doctorado en el CIESAS, ambos centros públicos de investigación del Conacyt. Luego de un duro proceso de admisión, sus estudiantes obtienen la beca crédito de este consejo; pero reciben el recurso varios meses después de iniciar el programa de estudios. Éste demanda dedicación de tiempo completo, lo que es imposible si los estudiantes no tienen medios de supervivencia durante más de un semestre. Los centros de estudios hacen uso de sus fideicomisos para otorgar un préstamo temporal a los discípulos para que sobrevivan el primer tramo de sus programas. Luego se reintegra el recurso.
A favor de los fideicomisos
Esos fondos flexibles en fideicomisos les permiten afrontar gastos inopinados, financiar proyectos de investigación, recibir aportaciones o pagos por parte de fundaciones privadas o instancias públicas, sustentar cátedras conmemorativas, estancias de investigadores visitantes, financiar coloquios o congresos, etcétera. Todo bajo la aprobación y supervisión de consejos tecnicos, que además son responsables ante eventuales auditorías internas o externas. Todo eso será muy difícil de afrontar mediante las asignaciones presupuestales “directas”, que con seguridad llegarán tarde y mal.
La centralización administrativa extrema que está construyendo esta gestión federal parece imitar los modelos autoritarios de los planes quinquenales de la era soviética. O bien de los planes sexenales posrevolucionarios mexicanos. Pero en México nos hemos dado un modelo de planeación democrática desde 1982, cuando se reformó la Constitución –artículos 25, 26, 27 y 28– para hacer mandatorio este esquema, que se basa en la descentralización de la planeación del desarrollo mediante los PND, los Coplade y los Copladem. Los presidentes De la Madrid, Zedillo y Fox impulsaron iniciativas descentralizadoras interesantes, pero desgraciadamente estos empeños han sufrido un sensible retroceso a partir de la administración de Peña Nieto, pero con mucha más intensidad en el sexenio actual. Nuestro federalismo, junto con nuestra fe en nosotros mismos, están en severa crisis.
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(*) Antropólogo social. Profesor titular de la Universidad de Guanajuato, y de posgrado en la Universidad DeLaSalle Bajío. Investigador nacional. Exconsejero electoral local del INE y del IEEG. luis@rionda.net – @riondal
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