por Enrique Díaz-Infante
En sociedades meritocráticas, la ocupación de las personas determina su ingreso y movilidad social. El uno y la otra, en gran medida son consecuencia de la educación y del acceso a financiamiento. En el país, ciertos problemas en el mercado laboral limitan el bienestar socioeconómico de las personas. El 95% de las unidades económicas tienen menos de 10 empleados, una vida menor a dos años y el 53% operan en la informalidad con una productividad negativa (INEGI, 2014).
Por el lado de la oferta laboral, se observan trabajadores poco preparados, sin posibilidad de buenos empleos o de iniciar proyectos exitosos. El nivel promedio de estudios del mexicano es de 8.8 años (INEE, 2013, p.106) y dentro de la OCDE, el país peor calificado en la prueba PISA. Lo anterior explica, en cierta medida, la informalidad; 54% de los trabajadores así laboran y no gozan de seguridad social. Un 86% de los mexicanos percibe al mes menos de 6,519 pesos (I).
Sin embargo, la falta de acceso a financiamiento es asimismo un problema que limita la posibilidad de ascenso social vía la opción empresarial. De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo (PND, 2013-2018, p. 80) las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) aportan 34.7% de la Producción Bruta Total del país y generan 73% de los empleos. No obstante su importancia, y según datos de la Encuesta a Bancos sobre Financiamiento a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la CNBV (2011), la banca canaliza 11% de su crédito a las MIPYMES. El porcentaje de suyo es bajo si se considera que las instituciones de crédito canalizan al sector privado el 26.2% del PIB (PND, 2013-2018, p. 75). En Latinoamérica este porcentaje es en promedio del 50%, y en países como Chile llega al 100% (II).
Esta limitante financiera acota la posibilidad de desarrollar emprendimientos que reditúen en el surgimiento de PYMES innovadoras, mismas que podrían convertirse en empresas grandes, productivas y capaces de pagar mejores salarios. Pensemos en Estados Unidos o Inglaterra: gracias al apoyo financiero que recibieron Microsoft, Apple o Virgin lograron convertirse en empresas ubicadas entre las 500 más grandes del mundo (Fortune, 2011). Según el Plan Nacional de Desarrollo (PND, 2013-2018 p. 15), la productividad de la economía ha decrecido en los últimos 30 años a una tasa promedio anual de 0.7%. A decir de McKinsey Global Institute (2014), es en las pequeñas empresas, con menos de 10 empleados y generalmente informales -las cuales conforman el 80% del total-, donde la productividad del país ha caído 6.5%.
Y es que el mercado nacional –particularmente el laboral- presenta fuertes distorsiones que generan pérdidas de eficiencia. Individuos con deseo de emprender un negocio, y que cuentan con talento y capacidad de tomar riesgo, no acceden a crédito y se desempeñan como empleados en lugar de ser empresarios. En cambio, sujetos sin aptitud empresarial y con poco o nulo acceso a crédito se desempeñan como empresarios. De acuerdo con un estudio de Vélez & Vélez (2014, pp. 144-149) sólo el 8% de la población entre 25 y 64 años económicamente activa pertenece al universo de emprendedores con capacidades para serlo y sus ingresos son, en promedio, 17% mayor que el de los empleados. El tamaño de los programas de apoyo al empresarialismo debería diseñarse para atacar a esta población.
¿Y quiénes son esos sujetos con capacidad empresarial que deben ser apoyados? Según Parker, (2004, pp. 39-43) el empresario tiene las siguientes características: i) es un agente que hace labores de arbitraje o especulación y que está dispuesto a enfrentar la incertidumbre; ii) coordina los factores de la producción; iii) innova, ya sea en los productos, los procesos, la organización industrial, la proveeduría o inventando; iv) es un maximizador de utilidades; y v) tiene capacidades de liderazgo. No es fácil detectar a estos emprendedores en quienes vale la pena apostar. Una posible manera de ubicarlos sería mediante concursos de emprendedores y cursos de capacitación.
Preocupa, sin embargo, la forma en que el gobierno “ataca” el tema de financiamiento competitivo a las PYMES: parece guiarse no por la lógica de tiros de precisión a los beneficiarios adecuados, sino que detona el crédito en forma masiva y desordenada. La Reforma Financiera otorga un nuevo mandato a la Banca de Desarrollo para fomentar el crecimiento del sector financiero. Al efecto, estableció la posibilidad de que la banca otorgue créditos “a fin de mantener la operación de la planta productiva” (Art. 65); o bien, que se pueda otorgar crédito “(…) en aquellos casos (en) que se requiera atención inmediata (…) considerando integralmente sólo la viabilidad del crédito con lo adecuado y suficiente de las garantías (…)”. La posibilidad de la irresponsabilidad es amplia y se alienta más al autorizar a los bancos estatales para operar con déficit operacional (Art 31 de la LIC) (III).
Naturalmente, un universo considerable de solicitantes de crédito es inviable y no tiene capacidad de repago de sus préstamos. Por ello, más que impulsarse el crédito a favor de PYMES improductivas –auténticas trampas de pobreza- debiera privilegiarse el financiamiento a las PYMES vía mecanismos de fondos de capital (sociedades o fideicomisos) constituidos con recursos públicos o privados que adquieran acciones de las empresas innovadoras. Esta forma de financiamiento es más sana: es capaz de fortalecer la institucionalización –gobierno corporativo- y las capacidades administrativas y gerenciales de las unidades empresariales, gracias a la participación de nuevos accionistas y consejeros en la vida de éstas.
¿Cómo se logra lo anterior?
Los fondos suelen invertir en el capital de las empresas por un largo plazo –alrededor de siete años-, lo que permite su maduración. Asimismo, y frente a los bancos, hay mayores posibilidades de romper los problemas de información asimétrica al conocer de cerca el estado real de las empresas. Como accionistas, los representantes de los fondos se sientan en el consejo de administración de las empresas y participan en sus asambleas. Gracias a lo anterior, los fondos logran promover –más que los bancos- la creatividad, operatividad y capacidad de venta de las empresas.
Con base en la improductividad de la mayoría de las PYMES y de su incapacidad de repago, no cualquier unidad económica debe ser apoyada por el gobierno. Las PYMES que deben financiarse para lograr los objetivos de productividad, crecimiento y movilidad social son aquéllas con una utilidad arriba de mercado y con habilidades gerenciales. Deben ser empresas innovadoras, con capacidad de adaptación al cambio y con un liderazgo competente. Han de contar, además, con un Plan de Negocio y una contabilidad transparente.
En conclusión, es fundamental que se impulse el financiamiento a los emprendedores y a las PYMES viables para avanzar el desarrollo y la movilidad social ascendente a nivel nacional. Más que fomentar el endeudamiento de las PYMES -como pareciera impulsar la Reforma Financiera-, se debe buscar su capitalización a través de fondos de inversión, para así aumentar su productividad, su capacidad de aportar al crecimiento del país y a la generación de empleos formales y estables. Estas PYMES, al tener que formalizarse para recibir financiamiento, necesariamente otorgarán seguridad social a sus trabajadores y sumarán, sin duda, a la movilidad social.
Notas:
I. Cálculos CEEY con datos de la ENOE, 2014, 2do trimestre.
II. Palabras Luis Videgaray Caso, en la Presentación de la Iniciativa de Reforma Financiera el 8 de mayo de 2013. Ver en http://www.shcp.gob.mx/ApartadosHaciendaParaTodos/reformafinanciera/index.html
III. Para un análisis del tema ver Díaz-Infante (2013) La Reforma Financiera y los Riesgos del Crédito.
| Enrique Díaz-Infante Director del Programa de Sector Financiero y Seguridad Social del CEEY. Es Licenciado en Derecho por la UNAM y Maestro en Políticas Comparadas y en Política Social ambas por la London School of Economics & Political Science @ediazinfante |
