Desde el 19 de septiembre de 1985 la visión de las ciudades y asentamientos humanos en México se transformó, dando lugar a que el 9 de octubre del mismo año, se creara mediante Acuerdo el Comité de Prevención de Seguridad Civil para posteriormente formular el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), mismo que fue creado por decreto presidencial el 6 de mayo de 1986.
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En el contexto de la península de Yucatán, estamos recordando a 33 años de distancia, un 14 de septiembre de 1988, cuando fuimos sorprendidos por la furia del huracán Gilberto de categoría 5, con vientos superiores de 250 km/h y que demoró aproximadamente 13 horas en cruzar el Golfo de México. Como consecuencia, se procuró decretar la Ley de Protección Civil del Estado de Yucatán el 16 de agosto de 1999.
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Los embates climáticos y manifestaciones de la naturaleza de las últimas décadas y sobre todo de días recientes, nos han destacado el grado de vulnerabilidad que nuestras ciudades tienen y de igual manera han puesto en jaque la forma tradicional de abordar el fenómeno urbano. Además, cabe destacar que México se encuentra entre los 30 países con mayor riesgo de enfrentar 3 o más tipos de riesgos a consecuencia de desastres naturales, tales como los relacionados al comportamiento de las placas tectónicas, de los volcanes, así como los relativos a condiciones climatológicas como incendios, inundaciones, sequias y huracanes.
Por su parte el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 determina que el desarrollo sostenible nos debe “de garantizar un futuro mínimamente habitable y armónico”. Lo cual está articulado con la gran estrategia de la Política Nacional de Suelo (2020). Para ello, la resiliencia se reconoce en la Ley General de Asentamientos Humanos Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (LGAHOTDU, 2016) como la “capacidad de un sistema, comunidad o sociedad potencialmente expuestos a un peligro para resistir, asimilar, adaptarse y recuperarse de sus efectos en un corto plazo y de manera eficiente a través de la preservación y restauración de sus estructuras básicas y funcionales, para lograr una mejor protección futura y mejorar las medidas de reducción de riesgos”. Y precisamente para cumplir con ello se establecen las bases en el Título Sexto con el Capítulo Único De la Resiliencia Urbana, Prevención y Reducción de Riesgos en los Asentamientos Humanos.
Sin embargo, para que esto sea posible se requiere de la vinculación con el tema del financiamiento urbano, el cual está debidamente contemplado en la misma LGAHOTDU (2016) en el Título Décimo sobre los Instrumentos para el Financiamiento del Desarrollo Urbano.
En virtud de lo anterior y regresando al 14 de septiembre de 1988 cuando Gilberto azotó las costas yucatecas y que causó daños que en su momento se estimaron por aproximadamente 2 millones de dólares, debemos, por tanto, procurar esos escenarios habitables, resilientes y armónicos que, a lo largo de 6 meses, desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre, nos tienen en alerta y con el riesgo de que dicha temporada de huracanes se alargue dos meses más.
La vulnerabilidad de la costa yucateca, del sur del estado y de Mérida como capital y en su condición de centralizadora y concentradora de la actividad económica, representa el tema prioritario para replantear la forma de hacer ciudad y sobre todo para trabajar en la visualización de escenarios futuros para formalizar la incorporación a la administración pública municipal el ejercicio sistematizado y permanente del diseño, formulación e implementación de instrumentos para el financiamiento de proyectos y estrategias de resiliencia.
Gran desafío para la Península de Yucatán y sus diferentes regiones y ámbitos para poder enfrentar la mitad del año a los embates climáticos y al mismo tiempo, ser competitiva y atractiva para las inversiones inmobiliarias de gran escala, pero también para poder atender las necesidades acumuladas de los más desprotegidos y vulnerables, todas aquellas comunidades que parecen estar todo el tiempo viviendo las consecuencias de aquel 14 de septiembre de 1988.
Como primer paso tenemos pendiente la armonización de nuestra Ley Estatal de Asentamientos Humanos con la LGAHOTDU (2016), toda vez que, a casi un lustro de su publicación, aún no se ha vinculado todo lo anterior a los instrumentos locales. Por tanto, el camino es largo pero el tiempo es poco y la cultura de la prevención y la protección civil de poco más de 3 décadas, debe de dar urgentemente un giro proactivo para vincular estrategias de resiliencia con el financiamiento urbano.
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Dra. en Arq. Yolanda Fernández Martínez[1]
Directora de Habitar y más[2]
Foto de internet tomada de (https://www.desdeelbalcon.com/a-32-anos-del-devastador-huracan-gilberto/)
[1] https://www.linkedin.com/in/dra-en-arq-yolanda-fern%C3%A1ndez-40693732/
@yoly_fernandezm
[2] www.habitarymas.com y https://www.facebook.com/habitarymas
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