La reciente reforma constitucional para modificar la estructura orgánica y funcional del Poder Judicial de la Federación, abrió el debate en torno a la urgente reforma que se requiere en toda la cadena que va, de la seguridad pública en su vertiente preventiva, pasando por la procuración y la impartición de justicia, y el último eslabón, quizá de los más oscuros, que es el sistema penitenciario tanto federal como los que operan a nivel de los estados de la República.
Escrito por: Mario Luis Fuentes
Desde esa perspectiva, llama la atención que, en la percepción ciudadana, las corporaciones policiacas locales y las fiscalías, tanto general de la República como de las entidades, tienen niveles muy similares de desprestigio que las y los jueces. Frente a ello, surge la cuestión respecto de si, con esos niveles de rechazo ciudadano, realmente habrá de funcionar la reforma realizada y si no requería, simultáneamente, una revisión respecto de lo que está fallando en los otros sectores mencionados.
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Los datos de la ENVIPE
De acuerdo con la edición 2024 de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (ENVIPE, 2024), en México hay una alta desconfianza de la ciudadanía respecto de los jueces, pues según ese instrumento, el 22.2% de las y los mayores de 18 años dicen “desconfiar algo” de los jueces, mientras que el 15.7% manifiesta tener “mucha desconfianza” respecto de esos funcionarios.
Respecto de los Ministerios Públicos y Fiscalías estatales, el nivel de “algo de desconfianza” se ubica en 22.3%, mientras que el 16.2% declara tener mucha desconfianza respecto de esas instituciones. Asociadas a ellas, se encuentran por supuesto las policías de investigación y ministeriales, respecto de las cuales el 19.9% de las y los ciudadanos declaran tener “algo de desconfianza”, mientras que el 15.9% manifiesta tener mucha desconfianza. Asimismo, el 20% de la población manifiesta “algo de desconfianza” respecto de la FGR, mientras que el 12.8% declara tener mucha desconfianza.
En el sótano de la evaluación ciudadana se encuentran las policías preventivas y las de tránsito, respecto de las cuales se estima un 24.5% y 28.9% de “algo de desconfianza, respectivamente; así como un 16.5% y 21.7% de “mucha desconfianza, para cada una de ellas”.
Las instituciones mejor evaluadas son la Marina Armada de México y el Ejército Mexicano, respecto de los que la estimación de “algo de desconfianza” es de 5.7% y 8%, para cada uno de ellos; mientras que la percepción de “mucha desconfianza se ubica en 2.8% y 4.1%, respectivamente.
El oscuro terreno de la corrupción
El otro indicador que revela la distancia enorme que existe entre la ciudadanía y las instituciones de seguridad pública, procuración e impartición de justicia es el de la corrupción percibida. En efecto, en todo el país, las corporaciones de policías de tránsito son las que tienen el mayor desprestigio, pues el 72% de la ciudadanía considera que hay corrupción en ellas.
En segundo lugar, se ubica la figura de las y los jueces, respecto de quienes el 64,4% percibe que son corruptos; el 62.4% considera lo mismo respecto de las policías preventivas municipales; el 60.7% piensa algo similar respecto de las policías estatales, el 60.2% lo cree de los ministerios públicos y fiscalías estatales; el 54.9% lo piensa de la Fiscalía General de la República; y el 54.8% lo hace respecto de las policías ministeriales o de investigación.
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