El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, presentó una iniciativa para crear el “Fondo para Aliviar la Economía COVID-19 (FACE)”, el cual sería un instrumento para paliar el impacto de la crisis e impulsar la recuperación sostenible.
De acuerdo con el mandatario costarricense, el “FACE busca proveer a los países en desarrollo los fondos necesarios para hacer frente a los impactos socioeconómicos de la pandemia sobre la economía y las personas, en términos concesionales y solidarios”, explicó Alvarado en su intervención.
Señaló que FACE es una opción viable para abordar los impactos sociales y económicos que la crisis del COVID-19 provoca en los países en desarrollo.
El fondo consistiría en un apoyo extraordinario de medio trillón de dólares, financiado con el 0.7% del Producto Interno Bruto (PIB) de las economías más grandes y fuertes del mundo. Uno o varios bancos multilaterales de desarrollo serían los intermediarios.
“Los fondos serían prestados a largo plazo y a tasas fijas, para proveer financiamiento extraordinario a los países en desarrollo que tienen limitaciones de herramientas políticas para responder a la crisis”, detalló.
En ese sentido, el presidente Alvarado hizo referencia a los estragos que ha causado la pandemia a nivel mundial, acotando que 1,6 billones de trabajadores informales estarían en riesgo, muchos de los cuales no cuentan con protección social, y que entre 40 y 60 millones de personas podrían verse empujadas hacia la pobreza extrema, mientras 195 millones de empleos se perderían en el segundo trimestre del 2020”.
Pedro Sánchez, presidente de España, celebró la creación del Fondo FACE y afirmó que “tenemos que ser creativos, actuar juntos y confiar en los mecanismos internacionales y regionales”.
Amina Mohammed, vicesecretaria general de las Naciones Unidas, apuntó que las medidas adoptadas por las instituciones financieras son bienvenidas, aunque es necesario hacer mucho más para enfrentar las vulnerabilidades.
“Se necesita una respuesta internacional masiva y coordinada. Estamos presionando para tomar medidas audaces para asegurar nuestro futuro”, afirmó.
Por su parte, Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, advirtió que la crisis económica, social y humanitaria provocada por la pandemia no tiene precedentes en el último siglo y ha provocado impactos particularmente graves en los países en desarrollo, incluidos los de América Latina y el Caribe.
Destacó que el FACE está pensado como apoyo a los países para la recuperación pospandemia y no solo para enfrentar la emergencia. Añadió que se trata de un fondo que distribuye recursos de los países desarrollados hacia todos los países en desarrollo, independientemente de su nivel de ingresos.
“El problema de la falta de liquidez es un problema de distribución de la liquidez”, precisó.
La alta funcionaria de las Naciones Unidas señaló que la inclusión de los países de ingresos medios en las iniciativas de préstamo es una contribución al crecimiento y la estabilidad mundiales.
“Los países de ingresos medios albergan más del 75% de la población mundial, representan alrededor de un tercio del PIB mundial y el 96% de la deuda externa de todos los países en desarrollo (excluyendo China e India). La crisis y la insolvencia de la deuda en los países de ingresos medios pueden tener un efecto sistémico en la estabilidad financiera”, expresó.
Subrayó que el FACE complementa las iniciativas multilaterales que, si bien son importantes, son insuficientes para hacer frente a la pandemia, y subrayó que si bien el fondo apela a la solidaridad por parte de los países desarrollados también apela a su interés propio.
¿En qué consiste FACE?
En su exposición, el presidente Alvarado puntualizó los aspectos más relevantes de la propuesta:
- Fondo de apoyo extraordinario de medio trillón de dólares, financiado con el 0,7% del Producto Interno Bruto (PIB) de las economías más grandes y fuertes del mundo.
- Recursos serían canalizados por uno o varios bancos multilaterales de desarrollo, por medio de un vehículo de propósito especial, como préstamos concesionales a los países en desarrollo.
- FACE alcanzaría un equivalente al 3% del PIB de los países beneficiarios, una cifra representativa de la caída en los ingresos por impuestos más los costos extrapresupuestarios de la atención de la pandemia.
- Los recursos serán destinados a mitigar el impacto económico en las personas y en los sectores productivos causados por la crisis, así como revivir las economías mediante un mejor regreso una vez superada la pandemia.
- Los fondos serían prestados a los países en condiciones favorables y en términos solidarios: a 50 años plazo, con un período de gracia de cinco años y una tasa fija de cero por ciento de interés.
- Los países beneficiarios, con la asesoría de instituciones financieras o comisiones económicas regionales, establecerían un sistema contable y de registro estadístico para identificar el costo fiscal de la pandemia, ambos dirigidos a gestionar el costo directo y el derivado de esta consecuencia económica y sus políticas. Esta medida contribuirá a mantener un dato confiable de cada préstamo, según las necesidades y vulnerabilidades propias antes que las clasificaciones generalizadas como el ingreso per cápita.
- Las organizaciones financieras, al contribuir en estas circunstancias particulares, no cobrarían ningún cargo por la intermediación y administración de los recursos del FACE.
- Los recursos de FACE no estarían sujetos a las condicionantes monetarias o estructurales tradicionales (como ya están siendo cubiertas según los estándares crediticios del FMI o el Banco Mundial), pero sí bajo la norma de la buena gobernanza y una lucha comprometida contra la corrupción.
- Los desembolsos de los recursos estarían completamente alineados con el cumplimiento de la Agenda 2030 y los ODS, de forma que se construya resiliencia y se conquisten los objetivos de los acuerdos ambientales multilaterales, como el Nationally Determined Contributions, para acelerar el progreso hacia el desarrollo sostenible en la Acción de la Década.
- Las instituciones financieras internacionales mantendrían el diálogo en materia de evaluación de las condiciones estructurales macroeconómicas de cada país, que prevalecían con anterioridad a la crisis ocasionada por la pandemia, para preservar la sosteniblidad fiscal y monetaria.
