En México, no hay cercanía del orden jurídico vigente con su modelo ideal de Estado de derecho. En palabras del Ministro José Ramón Cossío, nuestro país carece de Estado de derecho o se encuentra seriamente afectado
Las diferencias entre el actual orden jurídico y su Estado de derecho ideal se observan en la inexistencia de un paradigma que determine lo que debe constituir al conjunto normativo y su funcionamiento, las contradicciones entre el sistema normativo y las acciones que buscan gestar con él; la contradicción con otras normas nacidas de supuestos e intenciones contrarias; la creciente mala calidad técnica de las normas jurídicas; la inadecuada capacitación de los órganos jurídicos para aplicar las normas; el avance de la anomalía encabezada por la corrupción y la extorsión; y el palpable aumento de la impunidad.
En efecto, según el documento más reciente publicado por Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana, nuestro país se ubica entre las peores posiciones de América Latina y el Caribe en materia de combate a la corrupción y es el país peor evaluado tanto del G20 como de la OCDE, con una calificación de 29 puntos, en una escala que va de 0 a 100, donde 0 es el país peor evaluado en corrupción y 100 el mejor calificado en la materia.
Frente a este panorama, México tiene dos opciones: buscar un nuevo modelo o persistir en el actual. Debemos llegar a un acuerdo sobre el espíritu que debería animar nuestro Estado de derecho, pues el país necesita una narrativa que unifique y jerarquice sus prioridades jurídicas y normativas.
De acuerdo con el Ministro Cossío el establecimiento del Estado de derecho en una sociedad anómica, desigual y lastimada como la mexicana no es simple ni rápido. Sobre todo cuando las prácticas públicas y privadas –que las financian y recrean – propician las condiciones existentes. Sin embargo, México puede fortalecer su Estado de derecho si:
- Revisar toda la normatividad vigente y establece un programa para reordenar el ejercicio de la facultad reglamentaria en los órdenes federal, local y municipal.
- Moderniza los sistemas de registro de información, con el fin de generar bases de datos confiables y asequibles que permitan tomar decisiones y rendir cuentas.
- Revisa integralmente el sistema de responsabilidades y sanciones de los servidores públicos y sus proveedores y se crean programas de capacitación permanentes.
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