En un país con la marca mundial más alta de consumo de esos productos, 279 diputados se opusieron a incrementar el gravamen en cigarros, alcohol y refrescos que propuso Laura Imelda Pérez Segura, diputada de Morena.
Por: Kennia Velázquez
El Movimiento de Regeneración Nacional, la fuerza política que impulsa la Cuarta Transformación encabezada por Andrés Manuel López Obrador, mantuvo la misma política que sus criticados antecesores para favorecer los intereses de la industria embotelladora de bebidas azucaradas, en un país con la marca mundial más alta de consumo de esos productos y también la más afectada por sobrepreso y obesidad.
La Cámara de Diputados votó por no aumentar el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) a bebidas saborizadas con azúcares añadidos, cuyo objetivo es desalentar el consumo de estos productos que contribuyen al sobrepeso y obesidad.
Así, 279 diputados se opusieron a incrementar el gravamen en cigarros, alcohol y refrescos que propuso Laura Imelda Pérez Segura, diputada de Morena. La propuesta se admitió a discusión, pero el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, pidió separar ese punto al momento de la votación y se desechó.
La propuesta recibió votos en contra de diputados como Tatiana Clouthier y Javier Hidalgo de Morena, Marco Adame del PAN y el propio Fernández Noroña, todos ellos habían demostrado su oposición al etiquetado porque consideraban que era una iniciativa que por sí sola no contribuye al combate del sobrepeso y obesidad.
También estuvieron en contra las bancadas completas de los partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y de la Revolución Institucional (PRI), esta bancada se sumó gracias al intenso cabildeo que realizó el diputado morenista, Mario Delgado.
El periódico La Jornada mostró como después de la votación, cabilderos de la industria alimenticia y tabacalera junto con el funcionario de la Secretaría de Hacienda, Francisco Arias Vázquez, y políticos del partido oficialista, así como el de la Revolución Democrática (PRD) celebraron que se el incremento no se dio. En la celebración también estuvieron Rosemary Safic Samour, cabildera y esposa del alcalde de Morena en Azcapotzalco, Vidal Llerenas y Shirley Camacho Almaguer, hija de Yeidckol Polevnsky presidenta de Morena, gerente de comunicación externa de British American Tobacco.
En la “mañanera”, Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado por la cercanía de los cabilderos con morenistas, el presidente evadió responder y dijo que él había hecho el compromiso de no aumentar impuestos y que finalmente la decisión la tomaron los diputados.
Días antes de la votación, funcionarios del sector salud y organizaciones de la sociedad civil pidieron a los diputados que el impuesto fuera de al menos el 20 por ciento, es decir, el doble de lo aprobado y que lo recaudado se destine a prevenir la obesidad y sobrepeso, así como garantizar en las comunidades rurales el acceso al agua potable.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) también sugiere que el gravamen sea mínimo del 20 por ciento, para que tenga un un impacto real, pero deben conjugarse con otras acciones como subsidios enfocados a familias pobres, se cuente con un etiquetado claro, que haya un control de la publicidad, mejore el acceso a alimentos y bebidas saludables, y se faciliten y promuevan la lactancia materna y la actividad física.
Según investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) en 2014 y 2015 las ventas per cápita de bebidas azucardas se redujeron 7.3% con la implementación del impuesto. Los análisis mostraron que en 2016 la reducción alcanzó el 10% y los primeros seis meses del 2017 las ventas bajaron un 13%.
Cifras dadas a conocer recientemente muestran que mientras a nivel mundial el consumo anual de refrescos es de 25 litros per cápita, en Estados Unidos es de 100 y en México es de 150, lo que nos convierte en el país que más bebidas azucaradas toma.
Para Judith Senyacen Méndez, experta del Centro de investigación económica y presupuestaria, (CIEP) justamente lo que se busca es que para ellos sea más costoso y que disminuyan su consumo, pues “eventualmente tiene mayor probabilidad de padecer alguna enfermedad relacionada al sobrepeso y obesidad, es decir, diabetes, cáncer, hipertensión, etc. y no va a haber un sistema que les resuelva su problema”.
Para ello, el impuesto debe ir “junto con educación alimentaria, con instalación de bebederos, y para cerrar la pinza se tendrían que destinar esos recursos a conceptos de salud”, dice la investigadora.
La doctora Méndez señala que “salud lleva al menos 10 años de presupuesto con un nivel muy por debajo de lo que recomiendan organismos internacionales, no se ve una congruencia entre poner un impuesto para desincentivar y por otro lado no destinarlo”. Y recuerda que había un plan de que entre 2015 y 2017 se instalarían 27 mil bebederos en escuelas públicas. Para 2015 el presupuesto asignado fue de 1174 millones de pesos, “que no se ejerció en su totalidad y ese mismo año lo recaudado fue de 21,390 millones de pesos, es decir, 20 veces más”. La especialista encontró que el el resto del recurso no está vinculado a salud, “es más, el programa de prevención y control de sobrepeso y obesidad ha sufrido recortes año con año”.
Finalmente, la investigadora del CIEP cree que dado que el país tiene una alerta epidemiológica por sobrepeso y obesidad, al menos deberíamos estar cubriendo el 20 por ciento del impuesto y considera que lo “más preocupante es que se continuan privilegiando los intereses de la industria sobre la salud de los mexicanos. Y que no se haya aprovechado la oportunidad de discutir este tema de IEPS por el lado del gasto” a salud.
Investigaciones científicas han encontrado que los refrescos provocan efectos adversos a la salud desde las dos primeras semanas y están asociados con las enfermedades cardiovasculares y digestivas, por lo que apoyan las medidas para reducir el consumo de refrescos.
La OMS ha señalado que el consumo de bebidas azucaradas está relacionado con el aumento de la incidencia del síndrome metabólico y la resistencia a la insulina, que provoca diabetes, entre otros padecimientos.
La OMS señala que la obesidad y el sobrepeso no se resolverán esperando que los individuos realicen cambios de hábitos sino que se requiere del liderazgo del gobierno y con un abordaje multisectorial, regulaciones; inversión en programas de prevención; políticas que favorezcan entornos saludables; sensibilización del público, monitoreo; investigación; apoyo de la sociedad civil y los medios de comunicación.
La industria refresquera se ha opuesto al aumento del impuesto aduciendo que es ineficiente y que desde su implementación no se ha logrado reducir la obesidad y sobrepeso.
Este mismo argumento fue sido utilizado en 2018 por la Asociación de Bebidas de Sudáfrica, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Sudáfrica y Coca Cola cunado en dicho país se discutía la implementación del impuesto sobre el azúcar.
Una investigación revela que los tres entes manipularon evidencia en su intento de evitar que el gobierno implementara el impuesto al azúcar, las cifras que presentaron al Tesoro Nacional de Sudáfrica indicaban que habría grandes pérdidas de empleos en el comercio minorista y la agricultura y tendría poco impacto en la salud pública.
La investigación mostró que los productores de bebidas azucaradas proporcionaron pruebas falsas para respaldar sus afirmaciones, tales como citar erróneamente estudios revisados por pares, seleccionar citas a favor de su agenda, omitir información importante y exagerar el impacto económico del impuesto.
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