El presidente López Obrador es, quizá, el presidente mexicano que llega al poder enarbolando una bandera que no se había puesto al centro del debate nacional: poner al centro de la acción del gobierno a las personas que viven en pobreza. No puede entenderse de otro modo su famoso lema que reza: “por el bien de México, primero los pobres”.
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Sin duda, es una de las razones por las que, a pesar de los incontables errores e incluso ya a estas alturas, abusos y asuntos escandalosos de su administración -como la criminal gestión de la pandemia que encabeza el subsecretario de salud-, continúa gozando de muy elevados niveles de simpatía, aprobación y respaldo popular.
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Se trata de un presidente que habla continuamente a favor de los desprotegidos, que se ha puesto discursivamente de su lado y que ha propuesto llevar a cabo un conjunto de programas que tienen como objetivo explícito de reducir la pobreza. Desde esta perspectiva, no hay día en que no argumente que su propósito se encuentra en estar del lado de los pobres.
No hay pues nada, en los hechos, que permita poner en duda la vocación social del presidente de la República; y tampoco hay nada que pueda llevar a cuestionar que tiene una genuina preocupación por superar las condiciones de pobreza en que se debaten millones de personas en el país, y que les colocan en circunstancias límite.
Pese a lo anterior, lo que sí puede ponerse en cuestión es el diagnóstico que el presidente tiene respecto a cuáles son las causas estructurales que provocan la pobreza; porque de ello depende la visión de gobierno y el conjunto de programas que se han puesto en marcha en la presente administración.
Reiteradamente, el titular del Ejecutivo sostiene que en el fondo, como todos los problemas nacionales, lo que ha determinado a la pobreza en México son dos factores determinantes: el neoliberalismo y la corrupción. Sin embargo antes de que el neoliberalismo llegara a México ya había legiones de pobres; mientras que no existe evidencia respecto de que la corrupción sea uno de los factores determinantes de las condiciones de precariedad en que vive la mayoría de la población.
El CONEVAL, el organismo constitucional del Estado mexicano responsable, entre otros mandatos, de la medición oficial de la pobreza, desarrolló una medición que establece un umbral de ingresos y el nivel de incumplimiento de siete carencias, que en conjunto, definen quién está en condiciones de pobreza multidimensional o pobreza extrema.
Frente a ello, la presente administración perdió una oportunidad mayor de redefinir a la pobreza, y alinear su concepto a la idea de la dignidad humana, así como establecer nuevos umbrales concordantes con el mandato constitucional de garantizar universal, integral y progresivamente todos los derechos humanos de la población.
Es un hecho que el presidente no se equivoca en pensar que un mandato ético ineludible de México se encuentra en erradicar la pobreza; pero sí está equivocado, junto con su Gabinete, en su diagnóstico respecto de qué determina a la pobreza y en consecuencia, cómo se puede superar.
No hay país en el mundo que haya avanzado en la reducción de las condiciones de pobreza repartiendo dinero, como lo hizo el régimen neoliberal, y menos radicalizando la medida, como lo ha hecho el gobierno del presidente López Obrador. Cuando se han conseguido avances importantes, es cuando se construyen sólidos Estados de bienestar: generando empleos dignos y suficientes para la población; y construyendo robustos sistemas de seguridad social.
El efecto de la pandemia está siendo y seguirá siendo brutal, sobre todo para quienes menos tienen; a tal grado que hoy podría haber, al menos, 60 millones de personas en pobreza, medidas con los estándares vigentes. Por ello preocupa que el presidente no muestre un sentido de una urgencia mayor, y que no haya voces en su Gabinete capaces de convencerle de la radical modificación que se necesita de su política social; seguir haciendo lo mismo tendrá nefastas consecuencias para los millones que hoy claman por una vida digna.
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