por Carlos Heredia Zubieta
Los gobiernos de Estados Unidos, México y Centroamérica no se han decidido a atacar de raíz las causas económicas y políticas del éxodo masivo de migrantes, y criminalizarlos o militarizar las fronteras no es la solución
México forma parte de un sistema migratorio que incluye también a países de Centroamérica y el Caribe que envían trabajadores sin papeles a Estados Unidos. Estamos hablando aquí fundamentalmente de la migración irregular, no autorizada, forzada por las circunstancias.
Entre los factores de atracción a Estados Unidos están la demanda de trabajo en aquel país, un nivel salarial mucho más elevado y la reunificación familiar con aquellos parientes que ya se encuentran en territorio estadounidense. Entre los factores de expulsión de los migrantes de sus comunidades de origen están las dificultades económicas y los desastres naturales como huracanes, inundaciones y sismos.
Hay, sin embargo, dos factores que con frecuencia se omiten como causantes de esta migración masiva: el modelo económico implantado en Centroamérica y la violencia de las bandas criminales en el marco de la guerra contra las drogas que Estados Unidos ha inducido en nuestros países. Ambos factores son centrales en la expulsión de población hacia el norte.
En el papel, las cosas no deberían haber sido así. Tanto nuestro país como Guatemala, Honduras, El Salvador y República Dominicana tienen Tratados de Libre Comercio (TLC) con la superpotencia del norte; los centroamericanos y caribeños desde 2004, nosotros desde 1994.
Los TLC en nuestra región se pensaron como instrumentos de acceso a mercados; de libre flujo de bienes y servicios; de protección a capitales e inversión extranjera. Como resultado, la migración hacia el norte se reduciría significativamente. Ocurrió exactamente lo contrario; México conoció el periodo de mayor intensidad migratoria entre los años 2000 y 2008.
Hoy en Centroamérica se practica un modelo agroexportador y maquilador que concentra la generación de riqueza en muy pocas manos. Es una fábrica de pobres que expulsa a su propia gente. Las plantaciones de café y plátano, las maquiladoras textiles y los centros turísticos para las élites locales y los extranjeros sólo concentran la riqueza en un puñado de familias que controlan la economía.
En las conversaciones entre gobiernos la migración entre Mesoamérica y Norteamérica se aborda de manera totalmente separada de la liberalización comercial. El factor trabajo ha quedado totalmente fuera de la ecuación.
El modelo económico genera emigración y luego criminaliza a los migrantes en tanto los pactos comerciales liberan el comercio, la inversión y el flujo de capitales, pero restringen la movilidad laboral.
Atrapados sin salida
La ausencia de una reforma migratoria por parte de Washington ha tenido como consecuencia que los migrantes mexicanos y centroamericanos que laboran en Estados Unidos sin documentos estén atrapados al norte de la frontera, sin poder visitar a sus familiares para luego regresar a trabajar allá. Se perdió la circularidad en la migración, que con altas y bajas existió hasta antes de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.
Lo mismo ocurre con los jóvenes Dreamers (soñadores), aquellos que nacieron fuera del territorio estadounidense pero que fueron a la escuela en Estados Unidos, y quienes al carecer de documentación migratoria están en situación vulnerable y pueden ser deportados en cualquier momento.
América del Norte tiene una asignatura pendiente: la libre movilidad de las personas entre Canadá, Estados Unidos y México. Centroamérica ha avanzado en la movilidad intrarregional, pero no en la interregional. Cada vez más, las políticas migratorias penalizan a la mano de obra no calificada y dan incentivos a los técnicos y profesionistas que tienen formación en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas.
El caso en favor de la movilidad laboral no es un argumento caritativo, sino de negocios y de productividad. Se trata de pensar regionalmente para competir globalmente. Nuestros mercados laborales están cada vez más integrados, y el empleo se estructura cada vez más en torno a cadenas de valor que cruzan fronteras. Nuestro bono demográfico habrá de terminarse pronto: México envejece rápidamente y dejará de enviar trabajadores no calificados a Estados Unidos hacia 2028, simplemente porque habrá escasez de mexicanos en edad de trabajar y tendremos que invitar trabajadores centroamericanos.
La guerra contra los niños migrantes
¿Qué empuja a decenas de miles de familias centroamericanas y mexicanas a enviar a sus niños no acompañados hacia Estados Unidos?
A partir del 1 de octubre de 2013 más de 47 mil menores no acompañados han sido detenidos en la frontera sur de Estados Unidos, cifra que podría llegar a 90 mil a final de septiembre de 2014. Aunque todos ellos son sujetos de deportación, hasta ahora el 85% ha logrado reunirse con sus familiares en territorio estadounidense al cabo de algunas semanas. A raíz de la crisis crece la presión para que los menores sean deportados de inmediato.
Conocemos el coctel explosivo que prevalece en Guatemala, El Salvador, Honduras y numerosas regiones de México: el legado de guerras civiles en el caso del triángulo del norte centroamericano y de la guerra contra las drogas en todos ellos; el hambre, la nula movilidad social ascendente y los altísimos niveles de violencia contra la población civil por parte de bandas del crimen organizado e incluso de autoridades.
Una mamá salvadoreña de recursos limitados prefiere que su niño se vaya a Estados Unidos a los once años de edad antes de que caiga en las redes de la Mara. No es difícil entender por qué quieren huir del caos. En el periodo mencionado, uno de cada 240 niños de ese país ha tratado de cruzar a los Estados Unidos y fue detenido por la Patrulla Fronteriza.
En el verano de 2014 la migración hacia Estados Unidos de niños no acompañados coloca a países y gobiernos de la región en una situación límite. México tiene que verse en el espejo centroamericano; esta crisis humanitaria ha evidenciado la bancarrota de las políticas migratorias unilaterales y ha puesto de relieve la urgencia de administrar la migración de manera conjunta.
Una responsabilidad compartida
Durante décadas Washington ha ubicado el tema migratorio estrictamente en el ámbito de política interna. La Casa Blanca y sobre todo el Congreso estadounidense han insistido una y otra vez que ellos ponen las reglas respecto a quién entra en su país y en qué condiciones. El problema es que Estados Unidos no puede desconocer que el comercio con mayor auge en la región es el de drogas y de armas; las primeras porque los consumidores estadounidenses son insaciables; las segundas porque Estados Unidos provee de armas tanto a los gobiernos centroamericanos como a las bandas del crimen organizado que las compran, directa o indirectamente, en armerías estadounidenses.
En la economía del siglo XXI, América del Norte y Mesoamérica necesitan una estrategia conjunta para reconocer la integración de sus mercados laborales, preparar su fuerza de trabajo y aprovechar el talento y el mérito de sus jóvenes como un recurso estratégico. El presidente Obama se propone que 100,000 estudiantes latinoamericanos asistan a universidades estadounidenses en los próximos seis años. Como contraparte, el presidente Peña Nieto ha lanzado “Proyecta 100,000. Hacia una sociedad del conocimiento”, que busca mayor colaboración con Estados Unidos en el marco del Foro Binacional para la Educación Superior, la Innovación y la Investigación (FOBESII).
Parecería ingenuo hablar de movilidad laboral y estudiantil cuando las deportaciones bajo el gobierno de Obama alcanzan cifras sin precedentes, cuando el racismo y la discriminación son rampantes en Estados Unidos y en México; en ambos países se registran actitudes de rechazo hacia los migrantes.
Con todo, más temprano que tarde, serán rebasadas las políticas migratorias pensadas unilateralmente para un fenómeno transnacional que cruza fronteras. Una nueva generación de jóvenes binacionales están creando nuevas redes y espacios de movilidad entre ambos países; ellos son la muestra de que México y Estados Unidos seremos cada vez más mestizos en la demografía, la economía y la cultura.
El presidente Barack Obama ha enviado al vicepresidente Joe Biden a conferenciar con los presidentes de Guatemala, Honduras y El Salvador. Washington ha manifestado en todos los tonos que los niños que lleguen sin documentos a sus fronteras no podrán permanecer en suelo estadounidense. El gobierno mexicano ha insistido en que Estados Unidos no aliente la menor esperanza de que los niños no acompañados puedan quedarse allá para reunirse con sus familias.
Existen responsabilidades compartidas entre los países de origen, tránsito, destino y retorno de la inmigración, por lo que cada una de las partes ha de asumir sus obligaciones. El reto para las autoridades de Estados Unidos, México y Centroamérica es crear políticas públicas migratorias transnacionales ante los desafíos comunes. Esto se dice más fácil de lo que se hace, pero sin ese esfuerzo cualquier intento de abordar la crisis actual será un espejismo.•
| Carlos Heredia Zubieta Profesor Investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), donde es coordinador general del Programa de Estudios de Estados Unidos y coordinador académico del Diplomado en Migración y Gobernanza www.diplomadomigracion.org |
