El pasado viernes 23 de abril, con 260 votos a favor, 167 en contra y 2 abstenciones, el Congreso de la Unión aprobó la reforma al Poder Judicial que busca fortalecer la transparencia y rendición de cuentas así como la autonomía de jueces y magistrados.
Puedes seguir al autor José Ojeda Bustamante: @ojedapepe
Siendo una reforma fundamental ha levantado sin embargo, una oleada de críticas de diferentes actores, en torno a la inclusión de último momento, de un artículo transitorio, que amplía el mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal, Arturo Zaldívar, por dos años más, hasta 2024.
Lee el articulo: ¿POR QUÉ EL PUEBLO QUIERE A AMLO?
Lejos del descuido de las formas y de la polarización que esto ha generado en torno a la inconstitucionalidad o no de tal acto, me gustaría llamar la atención sobre la lógica política que subyace en esta medida, e interpretar esta acción en clave de una medida tomada en pos de garantizar la gobernabilidad y viabilidad del proyecto político de AMLO.
Por gobernabilidad me refiero fundamentalmente a dos factores que enfrenta todo gobierno democrático hoy día.
El primero factor tiene que ver con la “sobrecarga de demandas” que el gobierno tiene por parte de los ciudadanos. Es decir, las expectativas en torno a aquello que el ciudadano espera cumpla su gobernante.
Recordemos para esto, que en México el 71.7% de la población de 15 años y más, considera que tanto el gobierno como los individuos son los principales responsables de que todas las personas, tengan cubiertas sus necesidades básicas. Existe de manera cultural en el mexicano, una exigencia a esperar mucho de parte de sus gobernantes. Si a esto le agregamos propuestas o discursos poco realistas, el coctel está servido para la generación de un potencial descontento ciudadano.
El segundo factor refiere a la eficacia o ineficacia del gobierno para asumir las demandas generadas por los ciudadanos, es decir los resultados.
Conjuntando ambos factores tenemos que la gobernabilidad está íntimamente relacionada con el principio de legitimidad, es decir la credibilidad y aceptación que los ciudadanos mostramos hacia nuestros gobernantes. Esto, al final del día, se traduce en votos y en la permanencia o no, del gobernante o de su partido, en el poder.
AMLO, pese a su abultada victoria, recibió un Estado con numerosas dificultades heredadas de sus antecesores que han puesto en peligro su autoridad y legitimidad. Sólo por mencionar algunas de estas herencias tendríamos; una alta evasión fiscal; el peso asfixiante de la deuda; la dificultad de relanzar la actividad económica desde la intervención pública, la dependencia energética de otros países, así como un asunto no heredado pero a todas luces trascendental: la Pandemia COVID-19. Todas las anteriores, constricciones que manifiestan la dificultad del Estado a la hora de formular, representar y construir el interés general de los mexicanos.
Ante este escenario, el presidente ha recurrido a los canales e instrumentos con los cuales cuenta, para hacer posible su proyecto de transformación bajo el supuesto, cada vez más atinado de que había existido un saqueo sistemático del país por parte de gobiernos anteriores y que existe una estela de corrupción de la cual el Poder Judicial también ha sido parte. Por vez primera, esa caja negra que es el Estado se ha puesto realmente bajo el escrutinio público.
En el corto plazo AMLO, busca ganar gobernabilidad y aumentar su legitimidad, sin embargo, no está aún del todo claro si esto eventualmente será así, ni si sea lo más inteligente, por mucha probidad que pueda tener el ministro Zaldívar, confiar en personas y perfiles y no en instituciones y procesos pareciera ser una apuesta algo arriesgada.
Hace unos años dos cientistas sociales realizaron un experimento mental muy interesante. Nos animaban a preguntarnos qué pasaría si los gobernadores del Banco de Inglaterra fueran sustituidos por una habitación llena de monos. Si uno tuviera que responder rápidamente, diría que la economía británica colapsaría.
Sin embargo, si miramos las cosas desde la perspectiva de la inteligencia colectiva y las Instituciones, la respuesta sería un tanto diferente. El gobierno de los monos, pondría de manifiesto hasta qué punto estamos gobernados más por sistemas que por personas, con equilibrios, contrapesos y correcciones automáticas, por lo que los monos no harían tanto daño como podría suponerse.
Aplicado a sistemas democráticos como el mexicano, lo ideal es que podamos prescindir de las personas inteligentes, pero no de los sistemas e instituciones inteligentes. Cuestión de perspectivas. Las personas son transitorias, pero el andamiaje creado a través de las Instituciones ha de ser lo suficientemente robusto para pervivir y garantizar el bien colectivo.
Finalmente, cierto es también que a menudo la terca realidad tiene sus matices. Ya lo apuntaba Juan Carlos Monedero cuando parafraseaba a Antonio Gramsci, al mencionar que lo viejo no acababa de morir y lo nuevo tampoco acaba de nacer. En el inter, la fricción y la resistencia de lo viejo y de las nuevas instituciones que se están creando. Las consecuencias y la historia están por verse y escribirse.
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