Gobierno abierto

El gobierno abierto se ha convertido en un concepto cada vez más recurrido, tanto en el ámbito gubernamental como en el social. En México, desde 2011 un grupo de organizaciones de la sociedad civil y el gobierno federal emprendieron el trayecto para entender de manera distinta las relaciones de los ciudadanos con su gobierno, inscribiendo al país en la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA). Con ello, México se convirtió en uno de los países fundadores de esta Alianza, a la cual preside, por un periodo de un año, desde octubre de 2014.

La AGA es una iniciativa multilateral que tiene como objetivo promover la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana en los países miembros, con el fin de fomentar la colaboración y la cocreación entre autoridades y ciudadanos. La AGA propone que a partir de información pública útil, gobiernos y ciudadanos pueden plantear objetivos conjuntos y llegar más fácilmente a resultados compartidos. Si esto se cumple, se fortalecerían la capacidad de respuesta del sector público, la lucha contra la corrupción y el combate contra la desigualdad social. Consecuentemente, se allanaría el camino hacia la recuperación de la desconfianza prevaleciente en las democracias contemporáneas.

Siguiendo estos principios, los 66 países integrantes de la AGA deben establecer Planes de Acción con compromisos específicos consensados entre las autoridades y los ciudadanos. México ha establecido dos Planes de Acción, uno en 2011 que fue ampliado en 2012, otro para el periodo 2013-2015, y está en puerta la concertación del correspondiente al periodo 2016-2018. Además, como parte de la presidencia de la AGA, se propuso una Visión País en la que se asumió el encargo de impulsar el gobierno abierto entre los países miembros, fomentar que éste genere beneficios sociales y la evaluación de las acciones que se desarrollen.

Sin duda, la pertenencia de México a la AGA facilita la difusión y la adopción del gobierno abierto en el país. Permitió colocar en un lapso de tres años el tema en la agenda nacional; conformar una comunidad de actores relevantes que impulsa el gobierno abierto en el territorio nacional; crear espacios de interlocución entre autoridades, órganos garantes de transparencia y sociedad civil para concertar acciones nacionales en la materia; visibilizar la importancia de incluir el gobierno abierto en la legislación de transparencia recientemente aprobada; y promover que actores de otros poderes y niveles de gobierno se sumen a la iniciativa.

Toda esta experiencia se amplifica del nivel federal al nacional e, incluso, para transmitirse a otros países. Este empuje ahora se ve reforzado por el marco legislativo actual. La Ley General de Transparencia dispone en su artículo 59 que el INAI y sus homólogos estatales deben coadyuvar, con los sujetos obligados y la sociedad civil, a construir mecanismos de colaboración y promoción de acciones de apertura gubernamental. El gobierno abierto ya no es una opción, es una obligación.

En las páginas de este número de México Social se describen los avances del gobierno abierto en nuestro país; las áreas en las que se ha incorporado; los actores relevantes que intervinieron; los mecanismos creados para llevarlo a la práctica; las áreas de oportunidad que se presentan; y, sobre todo, las posibilidades que se abren a futuro para continuar y reforzar dichos avances más allá de 2015.

Confío en que el campo sembrado proporcione cosechas aún más abundantes, y que cada vez más actores se sumen a cada iniciativa. El reto es no cejar en los esfuerzos y ser ambiciosos en los impactos que queremos alcanzar, con el fin de que este modelo de gestión contribuya a mejorar la calidad de vida de los mexicanos.

Joel Salas Suárez (@joelsas)

Comisionado del INAI y coordinador de la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia