Simplificar el gobierno, diluir los derechos

El 13 de abril pasado, a menos de un año y medio de cumplir su gobierno, el presidente de la República, por conducto del secretario de Gobernación, envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma legal que la propia propuesta denomina de “simplificación administrativa”. En síntesis, la iniciativa busca la desaparición, fusión e integración a otras instancias de gobierno de 18 organismos públicos de diversos ámbitos, funciones y naturaleza administrativa: siete órganos desconcentrados, ocho organismos descentralizados, un fideicomiso y dos unidades administrativas.

Escrito por: Roberto Castellanos

El objetivo, según la iniciativa, es evitar la duplicidad de funciones y la dispersión de recursos para canalizarlos a cumplir lo que en la exposición de motivos se denomina: las funciones sustantivas del Estado, “que consisten en satisfacer necesidades sociales y construir la infraestructura indispensable para el desarrollo nacional”. Se infiere, por tanto, y así se trata de argumentar y evidenciar en la iniciativa (con éxito escaso), que ninguno de los 18 organismos públicos que se desaparecen llevan a cabo funciones estatales sustantivas porque no atienden necesidades sociales relevantes ni abonan a la infraestructura para el desarrollo nacional.

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Un diagnóstico incompleto

Basta echar un vistazo al conjunto de organismos que se pretenden desaparecer o fusionarse a otros, y a los motivos que se argumentan para hacerlo, para concluir que el diagnóstico que soporta la iniciativa es, por decir lo menos, incompleto e insuficiente; es incluso contradictorio si se observa que, a pesar del argumento de la duplicidad o de la franca irrelevancia, ninguna de las más de 3,400 plazas que integran las estructuras de los 18 organismos públicos desaparecerán, sino que se integrarán a las instancias que habrán de absorberlas.

Y no solo eso, no hay ninguna reducción presupuestal, dado que los recursos públicos (al menos los asignados para el 2023, se entiende) se trasladarán íntegros a las secretarías o instancias de destino. Este es el caso incluso de los dos organismos públicos cuyas funciones se extinguirían enteramente: el Fideicomiso de Fomento Minero y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

Las 18 instancias públicas que desaparecerían o cuyas funciones se integrarían a otros órganos de gobierno comprenden un total de 3,438 servidoras y servidores públicos, y un presupuesto para 2023 por 2,400 millones de pesos. Solo como referencia, esta cifra de personal adscrito a los organismos públicos sujetos a cambio con la iniciativa representan tan solo 0.21% del total de servidoras y servidores públicos que integran la Administración Pública Federal (1,569,047 al cierre del 2021, cifra más actualizada del INEGI). Y su presupuesto representa únicamente 0.03% del presupuesto de egresos de la federación para este año, de 8.2 billones de pesos.

En otras palabras, el personal que forma parte de los 18 organismos que se fusionarían a diversas instancias de gobierno o que desaparecerían representa, aproximadamente, 1 de cada 456 servidores públicos que integran la APF; y en cuando a su presupuesto, representa cerca de un peso de cada 3,500 que forman el PEF 2023. Incluso si todo este dinero se eliminara, el “ahorro” sería ínfimo.

Más allá de estas cifras elementales, es notable que el “análisis” que ofrece la iniciativa para justificar la desaparición o fusión e integración de órganos en otras instancias solo está soportado en un recuento de los antecedentes normativos y cambios institucionales de los organismos a los que se pretende modificar. Con la excepción de dos casos, el Instituto Mexicano de la Juventud y el Instituto Nacional de la Economía Social, en cuyo “estudio” se hace referencia a resultados de evaluaciones del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en ninguna de las otras 16 instancias se muestra evidencia de algún tipo de evaluación o estudio que permita confirmar que, en efecto, hay problemas de duplicidad o de irrelevancia en sus resultados, que muestren impactos limitados o irrelevantes, o cuyos costos sean mayores que los beneficios pretendidos. Quizá esta información existe (además del Coneval, la Auditoría Superior de la Federación podría tenerla, o podría existir otra estadística oficial), pero la iniciativa no la muestra, lo que debilita notoriamente la justificación de los cambios propuestos.

El control presupuestal e institucional.

Tal como el mismo recuento normativo que se hace en la iniciativa legal lo muestra, una de las razones para la creación de muchos de estos organismos fue darles autonomía técnica y capacidad operativa propia para instrumentar políticas y objetivos de gobierno considerados en su momento esenciales, y en la gran mayoría de los casos, vinculados al ejercicio de derechos. Pero la autonomía, ya se sabe, no es un atributo institucional que guste particularmente a la actual administración.

No hay que descartar que existan abusos, incapacidades, algunas duplicidades o redundancias entre los 18 organismos pretendidamente irrelevantes y por ello imprescindibles. Pero para eso sirven las auditorías, las evaluaciones, los estudios, es decir, la técnica del gobierno y de la política pública, para identificar las fallas y ver rutas para su corrección.

En esta lógica, la iniciativa luce más bien como una nueva edición de conocidas estrategias políticas y administrativas, encaminadas al control presupuestal y de los recursos institucionales al alcance del gobierno, es decir, la concentración de poder. Si los cambios que propone la iniciativa no suponen reducciones de estructura (afortunadamente, porque debería mediar un estudio serio y fundamentado antes de cualquier cambio de este tipo), ni ajustes presupuestales para este año (no hay ahorro visible), el verdadero recorte será en los presupuestos operativos, los que se requieren para la ejecución de políticas; y no hay que descartar que también pueda haber recortes o redireccionamiento de recursos en la elaboración del presupuesto del 2024, año de la elección más grande en la historia del país.

Un tema de derechos.

Un rasgo notable y preocupante de buena parte de los 18 organismos que se buscaría desaparecer o fusionar es que se encargan de diseñar e instrumentar políticas o promover acciones de gobierno que favorecen el cumplimiento de derechos. Sean los derechos de la infancia (la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, SIPINNA, pasaría al DIF); los derechos de personas refugiadas (la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados se integraría a la Secretaría de Gobernación); el derecho a un gobierno libre de corrupción (desaparece la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción); o el derecho a un medio ambiente sano (el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático se integraría a la Semarnat), un buen número de las 18 instancias de gobierno propuestas para cambio en la iniciativa tienen un papel importante en la vigencia y exigibilidad de derechos de diferentes sectores sociales. Esto no significa que sean organismos intocables, más bien, que su transformación no debe tomarse a la ligera.

Al cierre del periodo legislativo que concluye este abril, la Cámara de Diputados decidió posponer la discusión y eventual aprobación de esta iniciativa para el siguiente periodo de sesiones. La decisión abre una oportunidad para evitar que con el argumento de “simplificar el gobierno”, se diluyan derechos.

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