En el Informe Mundial 2020 publicado por Human Rights Watch, se muestra que los grupos vulnerables siguen padeciendo altos niveles de violencia.
Violencia de género
De acuerdo con el documento, “el derecho mexicano no protege adecuadamente a mujeres y niñas contra la violencia doméstica y sexual”, pese a los alarmantes niveles de violencia de género que se viven en el país.
En el país, los niveles de violencia contra mujeres y las niñas siguen siendo alarmantes, reporta el organismo: entre enero y julio de 2019, se registraron 540 feminicidios y para abril de 2018, había 9,522 mujeres y niñas desaparecidas.
No obstante, un avance importante fue el ocurrido en octubre de 2019, cuando entró en vigor la despenalización del aborto en Oaxaca. Esta entidad se convirtió en la segunda, después de la Ciudad de México, en adoptar una ley de este tipo.
La vulnerable migración
Los “migrantes que atraviesan el territorio de México frecuentemente sufren abusos y violaciones de derechos humanos”, reporta HRW, y añade que en muchos de los casos han estado involucradas autoridades del gobierno.
De esta manera, entre enero y septiembre de 2019, la Comisión Nacional de Derechos recibió 599 quejas de abusos contra personas migrantes, principalmente cometidos por personal de la policía federal.
Asimismo, “más de 40,000 solicitantes de asilo habían sido enviados de regreso (de Estados Unidos), muchos hacia condiciones peligrosas e inhabitables, y con obstáculos importantes a la posibilidad de obtener representación legal y una audiencia justa”, incluyendo a solicitantes de asilo con discapacidad o problemas de salud crónicos, aunque se había afirmado que esto no pasaría con este grupo en particular.
El gobierno de López Obrador movilizó desde enero, ante amenazas de Trump, a 6,000 miembros de la Guardia Nacional para controlar los flujos de migración irregular, lo que, de acuerdo con HRW, “militarizó las fronteras de México”.
En este contexto, el trato a los migrantes llegó a niveles estremecedores:
Los centros de detención de migrantes gestionados por el gobierno estaban desbordados, y los migrantes allí detenidos experimentaban condiciones inhumanas como calor extremo, plagas de insectos, falta de acceso a higiene básica, servicios médicos limitados y comida de baja calidad.
En 2018 casi 5,000 personas procedentes de Venezuela, Honduras, El Salvador y Guatemala obtuvieron es estatus de refugiados en el país (75% más que en 2017). Para agosto de 2019, se había reconocido ya a 3,173 migrantes con dicho estatus.
Personas con discapacidad
“A pesar de las nuevas leyes y programas que protegían los derechos de las personas con discapacidad, seguía habiendo graves deficiencias, como por ejemplo en materia de acceso a la justicia, situación legal y derecho a votar; accesibilidad de edificios, transporte y espacios públicos; violencia contra la mujer; y educación” (Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 2014).
Hasta noviembre, el Presidente López Obrador no había designado a un presidente en el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS), el órgano de alto nivel que coordina las acciones para implementar los derechos de las personas con discapacidad a nivel federal y con las autoridades de los estados.
Discriminación racial
El informe de HRW reporta el señalamiento del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CEDR) de la ONU, que en agosto de 2019 afirmó que nuestro país “no había adoptado medidas suficientes para contrarrestar la discriminación histórica y estructural contra pueblos indígenas y afromexicanos”.
Dicho Comité subrayó también que “los defensores de derechos humanos indígenas y afromexicanos sufren violencia, amenazas y atentados contra su vida, además de la criminalización de sus actividades”.
El CEDR ha señalado también que existen e altos índices de violencia basada en la identidad o la orientación de género y obstáculos en el acceso al aborto en casos de violación sexual.
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