El 22 de marzo, un grupo de personas armadas irrumpió en un palenque de la ciudad de Purísima del Rincón, municipio de nacimiento del hoy gobernador del estado, Miguel Márquez Márquez. En el ataque murieron ocho personas y al menos 12 más resultaron heridas
Una agresión así no tiene precedentes en la entidad, y constituye la más clara señal de que algo muy siniestro ocurre en el otrora pacífico estado de Guanajuato. En definitiva, algo se fracturó y tiene ahora dimensiones que deberían haber generado, desde hace ya varios meses, una intervención decidida de la federación.
Es evidente que el gobierno estatal no puede con esa tarea, y es, al mismo tiempo, un hecho incontrovertible que los municipios están desbordados en sus capacidades para siquiera procesar lo que ahí ocurre.
En marzo, el gobierno estatal anunció que llegaría a la entidad el llamado Operativo “Escudo Titán” y, más allá del nombre grandilocuente, lo que ocurrió fue que ese mes se convirtió en el más sangriento en la historia de Guanajuato, y uno de los más cruentos en la historia reciente de las entidades.
En efecto, desde el mes de febrero, esta entidad, de casi seis millones de habitantes, se ubicó en el primer lugar nacional en homicidios dolosos. Sin embargo, desde enero era prácticamente el primer lugar, a la par de Baja California, en homicidios por arma de fuego.
La tendencia es realmente terrorífica. En enero, febrero y marzo de 2017 hubo en la entidad 995 homicidios; de ellos, 322 fueron homicidios dolosos y, entre estos, 270 fueron cometidos con arma de fuego.
En contraste, en los mismos meses, pero de este 2018, las cifras han crecido exponencialmente. En efecto, en los meses señalados se han cometido 1,219 homicidios totales, es decir, 22% más que en el mismo periodo del año previo.
De esos homicidios, 741 han sido dolosos, es decir, 130% más que en el mismo periodo del año previo. De esa cantidad, 635 fueron cometidos con arma de fuego, es decir, 135% más que en el mismo periodo de 2017.
¿Cómo pueden explicar el gobierno de Miguel Márquez Márquez y el gobierno federal el crecimiento de más de 100% en el número de homicidios en los primeros meses entre un año y otro? ¿Qué respuesta le dan al clamor generalizado de la ciudadanía respecto de recuperar la tranquilidad y la paz con que solía vivirse en la entidad?
De acuerdo con las estadísticas sobre incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y marzo de este año se han cometido en el país 11,939 homicidios, lo que significa que los 1,219 de Guanajuato constituyen el 10.21% de los homicidios a nivel nacional (dolosos y culposos).
En ese sentido, es importante destacar que, del total nacional señalado, 7,667 homicidios son dolosos, y que, de acuerdo con el SESNSP, hay cuatro entidades en donde, hasta el 31 de marzo, se concentran 35% de los casos de ese subtotal:
De los 7,667 homicidios dolosos que se han cometido en el primer trimestre de este 2018, una suma de 5,471 fueron con arma de fuego. De esa cantidad, 635 casos ocurrieron en el estado de Guanajuato, es decir, 11.6% del total nacional.
En segundo sitio se encuentra Baja California, con 504 casos, equivalente a 9.21% del total nacional; en tercer lugar se ubica Guerrero, con 452 casos, lo que equivale a 8.26% del total; en cuarto sitio se ubica Estado de México, con 413 registros, o bien, 7.54% del total; mientras que en la quinta posición se ubica Jalisco, con 320 casos, es decir, 5.84% de la suma nacional.
El dato relativo a los homicidios cometidos con arma de fuego es relevante porque se asocian directamente tanto con la delincuencia organizada, o bien con otros fenómenos delictivos de alta violencia.
Así, es sumamente notorio que en Guanajuato también hay una proporción sumamente alta de homicidios cometidos por arma de fuego respecto del total de homicidios dolosos.
En efecto, los datos oficiales muestran que a nivel nacional 71.3% de los homicidios dolosos se cometieron con arma de fuego. En contraste, en Guanajuato la proporción es de 85.7%; en Baja California la proporción es de 74.55%; en Guerrero es de 69.4%; en el Estado de México es de 68.6%; mientras que en Jalisco es de 65 por ciento.
Estos indicadores permiten sostener una hipótesis de trabajo que ya había adelantado en otros textos con anterioridad: la violencia criminal, y en particular la violencia homicida vinculada al crimen organizado, se ha reubicado en función también de una aparentemente nueva estrategia operativa de los cárteles que operan en México, y que tienen una nueva lógica de intereses y actuación en el centro del país, predominantemente en Guanajuato.
La explicación oficial se ha centrado en el robo de combustible y su comercialización ilegal, pero la pregunta es ¿desde cuándo y por qué, si ese fenómeno ha ocurrido en gran escala desde hace al menos 15 años, está vinculado hoy en día a una crítica “segunda ola de violencia”, como le ha denominado Eduardo Guerrero?
El centro del país es hoy presa del miedo, y resulta de algún modo paradójico que una de las entidades con mayor capacidad de crecimiento económico, debido a la inversión productiva y al turismo, hoy se encuentre amenazada severamente por la presencia de bandas del crimen organizado.
La situación es ya insostenible: el promedio es de ocho asesinatos al día, cifra que, de mantenerse constante a lo largo del año, podría llevar a Guanajuato a registrar alrededor de 2,900 homicidios dolosos.
Es mucho dolor, mucho miedo, mucha incertidumbre. Urge cambiar.
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